Falta de previsión de las autoridades, negligencia de los gobernantes y un enorme poder criminal para atemorizar a la población, son algunas de las conclusiones que deja el paro armado ilegal instaurado por la banda “los Urabeños”.

En total hubo siete personas asesinadas (dos civiles, dos militares y tres policías) y pérdidas multimillonarias, en medio de la impotencia del Gobierno para atender una emergencia de seguridad que estaba ampliamente anunciada.

Este es el relato de los hechos, elaborado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este fue el bus incinerado en la Loma de los Bernal, en Medellín. Cortesía.

MARZO 31: EL PRIMER DÍA
Desobedecer una orden de pare en un retén ilegal, en la vía que del municipio de Turbo conduce a San Pedro de Urabá, le costó la vida a un capitán del Ejército, graves heridas a su esposa y secuelas mentales para toda la vida a su hija de seis años.

De esta manera comenzó el sufrimiento de la ciudadanía, bajo el azote de un paro armado instaurado por la organización “los Urabeños” o “Clan Úsuga” en sus áreas de influencia.

La primera víctima fue el militar Andrés Lugo López, quien estaba de vacaciones e iba desarmado conduciendo un vehículo junto a su familia, cuando los criminales les arrojaron una granada. El estallido lo mató a él y mantiene hospitalizada a la viuda, con una pierna en peligro de amputación.

Los delincuentes pintaron grafitis en monumentos, vehículos, fachadas de casas y de locales comerciales. Cortesía.

Cuatro horas después, en el municipio chocoano de Atrato, dos supuestos sicarios de la banda mataron a bala al patrullero de la Policía Deison Rentería Moreno, quien iba en moto y de civil para cumplir una cita médica.

La jornada provocó el cierre del comercio y las escuelas, así como la quema de vehículos, asonadas y hostigamientos contra la Fuerza Pública, y la parálisis parcial del transporte y de la vida cotidiana en 18 municipios de Antioquia, con efectos más dañinos en las subregiones de Urabá, Suroeste y el Bajo Cauca.

También sufrieron las comunidades en varias localidades de los departamentos de Chocó, Córdoba, Bolívar, Sucre y Norte de Santander.

Luis Orlando Ramírez, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), señaló que en la vía a la Costa Atlántica, en el tramo entre Yarumal y Tarazá, fueron incinerados cuatro vehículos y a otros más les pincharon las llantas. “Más de 300 carros quedaron represados en la vía”, dijo.

Y en la carretera Tarso-Pueblorrico, en el suroeste antioqueño, incineraron un bus de servicio público.

La Defensoría del Pueblo denunció que en el corregimiento Guaramito, en Cúcuta, “los profesores devolvieron a los alumnos a sus casas debido a las amenazas de grupos ilegales”. Lo mismo ocurrió en Montecristo, Achí y Tiquisio (Bolívar), y en los 15 municipios del Urabá antioqueño y chocoano.

La alcaldesa de Tarazá (Antioquia), Gladis Rebeca Miguel, señaló que en su pueblo  “los funcionarios de la administración municipal están trabajando a puerta cerrada por temor a represalias”.

En el parque principal de Zaragoza (Antioquia) hubo dos policías heridos por un ataque con una granada al comando; en Carepa, el controlador aéreo no quería ir a trabajar por miedo, por lo que la Policía tuvo que conducirlo hasta el aeropuerto, pero el transporte por aire siguió interrumpido en el sitio, al igual que el terrestre y fluvial en las demás zonas afectadas.

Las autoridades no han calculado las pérdidas económicas del paro, que la facción delictiva ejecutó entre las 00:00 horas del 31 de marzo y las 00:00 horas del 1 de abril.

Furgón cargado de frutas, incinerado por la banda en el municipio de Betulia (Antioquia). Cortesía.

El general Humberto Guatibonza, comandante de la Región 6 de Policía, indicó que “hubo mucho terrorismo por las redes sociales”, y que dispuso más de 2.000 uniformados para atender la situación.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, declaró que “el hecho de que el ‘Clan Úsuga’ haya mostrado sus colmillos, denota el estado de arrinconamiento en el que está hoy”. Se quejó porque en un paraje de Chocó, algunos pobladores hicieron una manifestación, “expresando su rechazo a la operación que se hizo contra alias ‘Guagua’ (cabecilla de la banda dado de baja el 23/3/16). Queremos ver a ciudadanos dándonos información de esos criminales y no doliéndose de su baja”.

En Urabá, entre tanto, los ciudadanos reclamaron por el histórico abandono del Estado y la falta de previsión para conjurar el paro armado.
Ciro Abadía, presidente de la Asociación de Víctimas de Apartadó (Asovima), relató que en su municipio reinó ayer la soledad en las calles. “No tenemos ni dónde comer. Será esperar hasta que ellos digan que levantan el paro, porque no nos vamos a arriesgar. ¿Para defender qué?”.

Pese a esta pavorosa situación, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, convocó a una rueda de prensa y dijo que todo estaba bajo control y mejorando, sin afectaciones para la población.

La realidad lo contradijo en horas de la noche, cuando siguió el “plan pistola” de la banda, asesinando a dos policías en el municipio de Puerto Berrío y dejando heridos a otros cuatro en Buriticá.

ABRIL 1: SEGUNDO DÍA
Cuando muchos colombianos pensaron que el paro de “los Urabeños” había terminado a la medianoche del jueves, la madrugada del viernes los sorprendió con nuevos hechos de violencia.

En Puerto Valdivia (Antioquia), el conductor de tractomula Renso Upegui Flórez fue bajado de su vehículo y asesinado a bala en plena vía a la Costa; y en Planeta Rica (Córdoba), sicarios le quitaron la vida al operario de una estación de gasolina, Sergio González Villegas. Según pesquisas iniciales, los perpetradores fueron miembros de la banda y el móvil fue que ellos no obedecieron la orden de cesar labores.

Conductor de tractomula asesinado en Puerto Valdivia (Antioquia), por desobedecer la orden de no trabajar. Cortesía.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, confirmó después el asesinato del soldado Camilo Duque, en un tiroteo en Istmina (Chocó). Con ese hecho, ya son dos militares y tres policías muertos durante el paro, en medio del “plan pistola” ordenado por la facción criminal; otros seis policías quedaron heridos.

En Antioquia, la Policía reportó que seis vehículos fueron incinerados. El último incidente sucedió en una carretera del municipio de Betulia, donde le prendieron fueron a un furgón cargado de frutas.

En la subregión del Bajo Cauca, en el río Nechí, fue robada una lancha de Mineros Antioquia; y en la vía Montería-Cereté (Córdoba) le dispararon una ráfaga de fusil a una buseta, lo que dejó tres pasajeros heridos, incluyendo a un menor de edad.

En el barrio La Loma de Los Bernal, en Medellín, un decena de encapuchados interceptó un bus alimentador del Sistema Metro y,tras bajar a los pasajeros, lo incineró. También pintaron grafitis en Belén Rincón y el barrio El Limonar, del corregimiento San Antonio de Prado.

José Rodríguez, presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal, declaró que las pérdidas para su gremio son de 505 millones 586.267 pesos hasta el momento.

EPM reportó desabastecimiento de gas natural en los municipios de Necoclí, Apartadó, Turbo y San Juan de Urabá. La razón fue que los camiones que llevan el producto no pudieron ingresar a esas localidades, debido al lío de orden público.

Otro hecho que perturbó la seguridad fue un supuesto atentado contra la exsenadora Piedad Córdoba, en Quibdó (Chocó). Según ella, un sujeto se le arrimó con la intención de dispararle, pero huyó sin hacer un solo tiro cuando sus escoltas le cerraron el paso.

En El Carmen (Norte de Santander), el alcalde de ese municipio, Edwin Contreras, fue víctima de un ataque a bala cuando iba en camioneta por la vía a Ocaña. Sufrió heridas menores por las esquirlas de las ventanillas.

El presidente Juan Manuel Santos reiteró que por ningún motivo le dará “tratamiento político” a la facción, como esta pretenden al querer negociar un sometimiento con el Estado.

Grafiti pintado en el barrio Belén Rincón, del suroccidente de Medellín. Cortesía.

LAS CONCLUSIONES

1). Se bajó la guardia con el “plan pistola”
Desde el fin de semana antepasado, con la muerte de tres policías en Cartagena y dos en Nariño, se suponía que las autoridades estaban en máxima alerta por un “plan pistola” de la banda. No obstante, en las 48 horas del paro fueron asesinados dos militares y tres policías en Chocó y Antioquia, y seis más quedaron heridos.

2). Falta de previsión de las autoridades
Desde el 27 de marzo comenzó a circular el panfleto, anunciando el paro del 31 de marzo. Pese al anuncio, los hechos demostraron falta de preparación de las autoridades, que no lograron ni frenar el paro ni transmitirle confianza a la gente para que saliera a las calles. Para Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, el Gobierno subestimó la situación y “se le cayó el discurso de que esto se trata de pequeñas bandas ilegales. Se vio que son capaces de paralizar a una población grande, como Apartadó, de más de 150.000 habitantes”.

3). Enorme poder para amedrentar a la gente
Los efectos del paro se sintieron en 6 departamentos y en vías nacionales. Cerraron las escuelas y el comercio, se paralizó el transporte, se afectó la vida cotidiana y hubo millonarias pérdidas. Jeremy McDermott, codirector de la Fundación Insight Crime, dice que este modus operandi es propio de la guerrilla. “Hay que tener en cuenta que los cabecillas de la banda son exguerrilleros, y esa es una señal a futuro: en 10 años, los jefes del narcotráfico serán exmiembros de Farc y Eln”.

4). Desarticulación de región y el centro
Mientras el ministro de Defensa, Luis Villegas, daba partes de tranquilidad desde Bogotá, subregiones como Urabá, Bajo Cauca, sur de Bolívar y Córdoba estaban paralizadas; lo mismo ocurrió con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien desde Medellín afirmó que los alcaldes le decían que la situación estaba mejorando. Pese a estas declaraciones, en las comunidades reinaba la zozobra. ¿Por qué hubo tal desarticulación?¿Los mandatarios locales no querían sembrar el pánico? ¿Los líderes regionales y nacionales le bajaron la temperatura al tema adrede?

5). Mal mensaje de cara al proceso de paz
Según Ávila, lo sucedido “envía un mal mensaje a la mesa de La Habana y le da la razón a las Farc, que dicen que en Colombia hay una fuerza paramilitar que amenaza el posconflicto. El Gobierno siempre lo había negado, porque consideraba que el paramilitarismo ya se había acabado”.

6). Buscan ser un “actor del conflicto”
Un plan de la banda es ser tenida en cuenta para una negociación de paz con el Gobierno. En su panfleto hablaban de una “salida digna” para sus integrantes. El vicepresidente Germán Vargas opinó: “no hay derecho a que estas organizaciones pretendan  intimidar a los colombianos a través de este tipo de movilizaciones, que no tienen otro propósito sino el reconocimiento de un estatus político que no van a lograr a través de estos mecanismos”.

NOTA RELACIONADA: “Los Urabeños” aterrorizaron en Medellín y Antioquia.

El Inspector.