Asesinatos de empresarios y cabecillas, atentados contra abogados y servidores públicos, amenazas a comerciantes y desapariciones forzadas. Todos estos crímenes, que han ocupado los titulares de la prensa en los últimos meses, reflejan una triste realidad: que el sicariato parece estar más vigente que nunca en Colombia.

¿A qué se debe esta dura verdad? Este es un análisis de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo, que busca aproximarse a la realidad de ese oscuro negocio.

En este carro iba el colombovenezolano José Luis Zambrano Tovar, cuando fue asesinado en el barrio Fátima de Medellín. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

La lista de casos es inagotable. Uno de los más recientes sucedió en el barrio Fátima, del suroccidente de Medellín, donde la víctima fue el colombovenezolano José Luis Zambrano Tovar, de 36 años.

El pasado martes 12 de noviembre de 2024 a las 10:00 a.m. conducía un automóvil Toyota en compañía de su esposa, y justo cuando pasaba frente a la Clínica Medellín de Occidente fue interceptado por cuatro asesinos a bordo de dos motos de bajo cilindraje. Una de las motos obstruyó el paso del carro, mientras desde la otra le dispararon a través de la ventanilla.

Los asesinos escaparon, al tiempo que la esposa y otra mujer bajaron del vehículo al herido y lo llevaron a la clínica, donde finalmente falleció. Zambrano era nacido en Maracaibo, Venezuela, y tenía cédula expedida en Barranquilla; al parecer se dedicaba al comercio, aunque hubo un incidente que tiene especulando a las autoridades sobre su verdadero oficio.

En la reseña del caso elaborada por el CTI de la Fiscalía, quedó consignado que la esposa del occiso entró a un baño de mujeres en el centro médico y tiró a la basura un celular marca Iphone, el cual fue recuperado luego por los investigadores. ¿Qué secretos quería ocultar la cónyuge?

Y hay más en la capital antioqueña. El 7 de marzo fue asesinado Édinson Rojas (“Pichi Gordo”), un cabecilla de la banda “la Terraza”. Lo acribillaron junto a un parque del barrio Los Balsos. En el hecho también murió su socio Julián Alexánder Suárez Giraldo (“el Enano”) y quedó herido en una pierna el exfutbolista John Lovert Córdoba.

El 13 de febrero anterior, en la Transversal Intermedia del vecino municipio de Envigado, otros sicarios ejecutaron a José Berrío Zorrilla, un caleño de 38 años que se movilizaba con su esposa en un automóvil Mazda. El finado había sido extraditado a Estados Unidos en 2012, donde pagó cárcel por exportar cocaína a ese país.

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CRÍMENES DE ALTO PERFIL

Bogotá tampoco ha sido ajena a las operaciones sicariales de alto perfil. El pasado 21 de febrero hubo un ataque letal en las inmediaciones del Parque de la 93, donde la víctima fue Hernán Franco Charry, un auditor empresarial.

En la urbanización Bosques del Marqués, en Bogotá, fue asesinado por un francotirador el empresario Juan Sebastián Aguilar (“Pedro Pechuga”). Fotos de cortesía.

Justo cuando entraba al edificio en el que trabajaba, un sicario le disparó por detrás. El homicida tenía tan estudiado su objetivo, que el asalto duró menos de cinco segundos y alcanzó a entrar y salir del garaje corriendo, antes de que el portón automático se cerrara.

El 7 de agosto de 2024 los asesinos a sueldo dejaron otra truculenta huella en Bogotá. El objetivo fue el empresario de piedras preciosas Juan Sebastián Aguilar, nacido hace 58 años en Chiquinquirá (Boyacá), y apodado “Pedro Pechuga”.

En su juventud fue hombre de confianza del llamado “Zar de las Esmeraldas”, Víctor Carranza (1934-2013), uno de los más importantes esmeralderos del país e investigado en su momento por conspiraciones para financiar a los paramilitares y al cartel de Medellín. Actualmente, era un presunto integrante de la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico (Njdn), un cartel con redes en los Llanos Orientales, la zona esmeraldera, Bogotá y Medio Oriente.

Lo mató un francotirador con un certero disparo desde un cerro, junto a la urbanización residencial Bosques del Marqués, en la localidad de Usaquén, donde Aguilar residía.

Tuluá (Valle) es otro de los municipios golpeados por la acción de esta clase de criminales. El 31 de diciembre de 2023, en una casa del barrio Victoria, le dispararon al político Eliecid Ávila, quien aguantó dos días en cuidados intensivos y falleció el 2 de enero siguiente, antes de posesionarse por tercera vez como concejal.

Otro atentado que tuvo mucha repercusión ocurrió el 8 de octubre del año pasado en la avenida 30 de Agosto con la calle 48 de Pereira, a plena luz del día, donde fue aniquilado Bernardo Ángel Ocampo (“Berny”), uno de los principales jefes de la organización criminal “la Cordillera”.

Los sicarios lo sorprendieron con su esposa en las afueras de una iglesia y se enfrentaron a sus escoltas. Además de “Berny”, murieron su guardaespaldas Óscar Giraldo (“Osama”) y el agresor Santiago Bedoya, de 19 años y proveniente de Medellín; otro de los atacantes quedó lesionado.

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EL NEGOCIO DE LA MUERTE
El sicariato como servicio criminal se consolidó en Colombia en la década de los 80, con el auspicio de los carteles de Medellín y Cali, las nacientes Autodefensas paramilitares y las guerrillas. Estas organizaciones contrataban jóvenes de las ciudades, la mayoría de escasos recursos, para que ejecutaran atentados en contra de sus enemigos, de la Fuerza Pública y de los políticos que se atravesaban en su camino.

Bernardo Ángel Ocampo (“Berny”), jefe de la banda “la Cordillera”. Cortesía.

En ese periodo se popularizaron las “escuelas de sicarios”, instaladas en fincas de cabecillas y en algunos casos con la participación de agentes corruptos de las fuerzas de seguridad, que fungían como asesores e instructores.

Algunos de los cursos más famosos fueron dictados en el Magdalena Medio entre 1989 y 1991 por Yair Klein, un exmilitar israelita que regentaba una empresa de seguridad fachada para instruir a mercenarios y asesinos en diferentes partes del mundo.

A sus clases asistieron “estudiantes” pagados por Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, el Clan Castaño Gil y el precursor de las autodefensas, Henry Pérez, entre otros. Les enseñaban manejo de armas, explosivos y tácticas ofensivas y contrainsurgentes.

Estos servicios se han especializado tanto en el país, que organizaciones mafiosas del exterior suelen contratar matones colombianos para ejecutar sus conspiraciones.

Un ejemplo fue el magnicidio del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, en el que participaron autores materiales colombianos y venezolanos. Sucedió el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú (Cartagena), durante su luna de miel.

Otro contrato internacional fue el del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, abaleado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un coliseo de Quito.

La Policía dio de baja a uno y arrestó a otros seis colombianos sospechosos del crimen; sin embargo, todos fueron asesinados misteriosamente en motines carcelarios ocurridos dos meses después.

Aunque hay células de sicarios independientes que se ofrecen al mejor postor, también existen bandas expertas y con larga tradición en ofrecer estos servicios letales.

Según fuentes policiales, las más peligrosas son: “la Oficina” y sus bandas asociadas (Valle de Aburrá); la banda de “Satanás” y “Tren de Aragua” (Bogotá); “la Cordillera” (Eje Cafetero); “los Costeños” y “los Pepes” (Barranquilla); “los Flacos” (Cartago); “la Inmaculada” (Tuluá); “los Pachenca” (Santa Marta); “los Shottas” y “Espartanos” (Buenaventura); y el Clan del Golfo (nacional).

Su existencia es el recordatorio de que en Colombia todavía hay mucha gente que resuelve sus problemas mandando a matar a los demás.

¿Y qué opinan los lectores de Revelaciones del Bajo Mundo? ¿Por qué luego de cuatro décadas el sicariato sigue siendo un oficio criminal tan solicitado?

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El Inspector.