Foto: REUTERS/Marco Bello

Por: Giovanny Cardona Montoya

Idea General:

En el corto plazo hay diversas medidas que ayudan a mantener estables los mercados (subir tasas de interés de referencia o reducir el gasto público, por ejemplo) o a impulsar un poco la curva de crecimiento del PIB (aumentar el gasto público o bajar aranceles).

Sin embargo, en el largo plazo los problemas son más de fondo; el desarrollo económico sostenible es un reto que requiere de estrategias, más de Estado que de gobierno, que aseguren bases sólidas para generar riqueza a través de un aparato productivo diversificado y sustentable para futuras generaciones.  ¿Qué están proponiendo Maduro y Duque, el primero en su nuevo mandato y el segundo en sus primeros días de gobierno?

Venezuela: paños de agua tibia para un problema económico de base política.

A lo largo de varias décadas, Venezuela incubó un modelo económico basado en la renta petrolera. El pertenecer al TOP 5 de los países con mayores reservas mundiales de crudo pavimentó el camino hacia una economía rentista que destruyó los pocos avances en materia de agricultura, agroindustria e industria manufacturera. La ausencia de un aparato productivo diversificado es la base de los mayores problemas económicos de Venezuela, desde hace casi tres décadas. El ascenso de Hugo Chávez al poder fue una manifestación de protesta frente a las élites tradicionales que derrocharon las bonanzas y sumieron al país en la pobreza a partir de un modelo económico totalmente inequitativo.

Sin embargo, los gobiernos del Socialismo del Siglo XXI poco aportaron a la solución del problema. Recurriendo a esquemas tradicionales fallidos de distribución de subsidios y nacionalización de empresas, abrieron una brecha entre el sector público y el empresarial privado. La consecuencia ha sido la insostenibilidad del modelo: mayor dependencia del crudo, fuga de capitales, empresas estatales menos eficientes,-dirigidas por burócratas elegidos de acuerdo al grado de fidelidad al partido de gobierno-; y las consecuentes, recesión económica e hiperinflación.

Hoy, cuando el país sufre una insostenible hiperinflación y la economía se halla totalmente deprimida, sin inversión privada y con una aguda escasez de bienes de consumo, el gobierno no encuentra recetas para salir de la crisis. La creación del Bolívar Soberano, atado al Petro – Unidad de Cuenta atada a la canasta petrolera venezolana-, es un paño de agua tibia frente a un problema crónico de Confianza -con mayúscula-.

El eje del problema económico venezolano es político. Se han debilitado las instituciones (empezando por las elecciones) y se han roto los canales de comunicación entre los partidos políticos, y entre la sociedad civil y las autoridades gubernamentales.

Si en Venezuela no se reestablece la gobernabilidad bajo un efectivo esquema gobierno-oposición y el sector privado no recupera la confianza para realizar su actividad productiva, en el país bolivariano no se resolverá la crisis inmediata (desabastecimiento e hiperinflación) y mucho menos se sembrarán las bases para responder la pregunta: ¿qué modelo económico debe construir Venezuela para un desarrollo sostenible?

Colombia: la desgastada fórmula de bajar los impuestos a las empresas.

Desde la perspectiva interna, el problema de fondo se mide en términos de bienestar de los ciudadanos. Colombia no tiene la crisis social que vive Venezuela, pero eso no esconde el hecho que hay problemas serios de inequidad (pésima distribución de la riqueza) y de acceso a condiciones mínimas para el desarrollo (cobertura y calidad educativa, empleo digno, bien remunerado y servicios de salud eficientes).

Ahora, analizado en términos de comparación internacional, el tema central es la competitividad del aparato productivo sobre la base de un desarrollo sostenible, esto es, rentable y de impactos positivos en lo ambiental y lo social. Durante los últimos cinco lustros, Colombia ha crecido gracias a la minería, especialmente de hidrocarburos, la construcción y los sectores de comercio y servicios. Dicho crecimiento, que tuvo años destacados -2005-2007-, se ha acompañado de una reducción en la agregación de valor de nuestros productos de exportación y en un estancamiento de los sectores agropecuario y manufacturero. Hoy somos mineros y exportadores de hidrocarburos, sin embargo, no somos una potencia en materia de reservas petroleras. Este modelo no es sostenible.

Ante esta realidad, el gobierno de Iván Duque considera que se necesita una reforma tributaria en la que se reduzcan los tributos a las empresas pero se grave más a los ciudadanos para poder financiar al Estado. Esta receta es una fórmula coherente para un libro de economía bajo la cláusula ineludible de ceteris paribus -o sea, que todas las variables permanecen constantes-. En otras palabras estamos señalando que esta es una fórmula simplona, poco seria que esconde intereses más claros: financiar nuestros retos de desarrollo de cuenta de los ingresos de los más necesitados.

Expliquemos este punto:

1. Dividamos los actores que deben pagar impuestos en tres categorías: las empresas, los dueños de las empresas y los trabajadores. Suena coherente que a las empresas para que generen empleos e inviertan en I+D+i, se les ofrezca un régimen tributario favorable. Ello implica establecer criterios y mecanismos para que dichos beneficios se traduzcan efectivamente en los impactos esperados: empleos de calidad e innovación para la productividad y la competitividad. En el mediano y largo plazo, empresas más competitivas devuelven el favor aportando más recursos al Estado, gracias a su mayor dinamismo.

Sin embargo, en el corto plazo, reducir los ingresos tributarios requiere de compensación. Dicha compensación debe venir de la mano de la tributación de los dueños de las empresas, no de sus trabajadores. Gravar las rentas del capital en lugar de los salarios sería un ejercicio de balanza social, en tanto 70% de los asalariados gana un salario mínimo o menos (incluidos informales). Pero eso no es lo que está pensando el gobierno de Iván Duque. Su ministro de Hacienda ha insinuado que el salario mínimo colombiano es muy alto y que hay muchos grupos sociales que podrían tributar y no lo hacen: “blanco es, gallina lo pone, frito se come”.

2. Las empresas requieren algo más que beneficios tributarios. De hecho, lo que más necesitan son condiciones de entorno y recursos para la competitividad: seguridad -en su acepción más amplia-, mano de obra sana, cualificada y productiva; un ecosistema universidad- empresa que estimule la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; acceso a materias primas de calidad con costos competitivos; una infraestructura vial y tecnológica moderna; un Estado que facilite los trámites y procedimientos y un mercado doméstico en expansión.

Esto último no se logra con menos impuestos, sino con un uso eficiente, técnico y sin corrupción, de los recursos del Estado.