El Gobierno nacional está preparando su defensa ante la demanda que la multinacional Zijin Continental Gold instauró en contra del Estado colombiano por la guerra subterránea que se desató en la mina de Buriticá y que tiene a ese municipio al borde de una tragedia.
Aunque desde el pasado 12 de julio de 2024 se conoció que esa empresa había instaurado la acción ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, los argumentos centrales de la misma se desconocían hasta ahora.
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Según informó el Gobierno nacional, dentro de los planteamientos centrales formulados por la minera están que el Estado colombiano habría violado el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Canadá, sobre todo por incumplir con su deber de garantizar la seguridad en dicha mina, que además de ser la más grande de Colombia es considerada como uno de los yacimientos subterráneos de oro más grandes del mundo.
Dicha falta de control, resaltó la minera, se produce además sin importar que la zona fue declarada como un Proyecto de Interés Nacional Estratégico (Pine) y cuenta con una licencia ambiental expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
“Los demandantes señalan que lo sucedido constituye una violación ‘del estándar de nivel mínimo de trato, incluyendo la obligación de proveer protección y seguridades plenas y un trato justo y equitativo’”, reseñó el Gobierno Nacional en su comunicado.
Cabe recordar que pese a ser un proyecto licenciado desde 2016, fue en marzo de 2020 que la mina de Buriticá emprendió una operación minera a gran escala.
Desde 2007 dicho título venía siendo aprovechado por la multinacional Continental Gold, que entre 2012 y 2019 sufrió una primera invasión de mineros ilegales, que incluso obligaron al Ejército a lanzar una operación bautizada como Creta, en la que se sellaron más de 257 tapas de minas ilegales y se capturaron más de 37 personas.
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Sin embargo, luego de la pandemia y de la llegada de la multinacional china Zijin al negocio, se desató una segunda oleada todavía más voraz.
Al tiempo que la operación legal pasó de extraer 30 toneladas de material diario a cerca de 4.000 toneladas, ese megacomplejo subterráneo comenzó a ser invadido por grupos de mineros ilegales fuertemente armados y bajo el control del Clan del Golfo.
Se estima que la nueva operación ilegal está compuesta por más de 2.000 mineros, que ya han logrado apoderarse a sangre y fuego de cerca del 60% de los túneles excavados por la multinacional.
Además de dejar un saldo de 94 heridos y 18 fallecidos desde 2019 por diferentes motivos, esta avanzada ilegal también tiene al municipio de Buriticá con graves problemas para abastecerse de agua.
Por cuenta de múltiples entables clandestinos conectados ilegalmente al servicio de acueducto y un incremento de la población, el propio gobierno local señala que las interrupciones de ese servicio han llegado hasta las 20 horas diarias.
Durante los primeros días de este año, las preocupaciones de seguridad incrementaron, luego de que los mineros ilegales emprendieran una serie de actos terroristas, llegando a ejecutar hasta cuatro atentados con explosivos en menos de 24 horas.
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En el más reciente atentado, ocurrido los pasados 17 y 18 de enero, no solo se registró un trabajador herido, sino que la mina se quedó sin una subestación eléctrica, que la dejó sin suministro de energía y con sus sistemas de ventilación, drenaje y comunicación inhabilitados.
Tras aquel episodio, organizaciones como la Asociación Colombiana de Minería (ACM) volvieron a reiterar un llamado al Gobierno Nacional para ponerle freno a esos grupos armados y garantizar la seguridad.
“La ACM le exige categóricamente al Gobierno Nacional tomar medidas inmediatas y contundentes, para garantizar la seguridad en zona y proteger las operaciones legales y la vida de los colaboradores. Es necesario fortalecer la seguridad, combatir las redes criminales y garantizar la estabilidad en el territorio”, dijo el presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño.
De igual forma, la Iglesia Católica, a través de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, hizo un llamado a respetar la vida y expresó su preocupación por esa escalada violenta en el territorio.
“Hacemos un llamado a los responsables de estos actos de violencia para que con valentía asuman sus responsabilidades, reparen a los afectados, piden perdón a la sociedad y también los métodos de un ejercicio minero que deteriora el medio ambiente, degrada la vida humana y fortalece la informalidad, la ilegalidad y la criminalidad”, expresó esa arquidiócesis en una carta que también fue firmada por la Parroquia San Antonio de Buriticá, la Fundación Pastoral Social y la Pastoral Minera.
Entre tanto, regresando a la controversia legal, el Gobierno Nacional señaló Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) está reculando una firma internacional para asesorar al Estado colombiano en esa disputa, señalando que espera contratar un grupo de asesores con una tasa de éxito del 75% y más de 15 años de experiencia en arbitrajes internacionales.
“Elegida la firma asesora, Colombia responderá la demanda y presentará el memorial de defensa ante la CIADI, cumpliendo los términos estipulados. La estrategia jurídica estará dirigida por el Grupo de Arbitrajes de Inversión de la ANDJE, con base en la experiencia acumulada en este tipo de causas y su conocimiento directo de las medidas que serán objeto de discusión en la demanda”, añadió el Gobierno Nacional.
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