Desde hace varias semanas, la Universidad de Antioquia vive un álgido debate por cuenta de los casos de violencias basadas en género, que afectan principalmente a profesoras y estudiantes mujeres, y de la eficiencia de los protocolos que tiene la institución para atenderlos cuando son denunciados.
La situación estalló en la Facultad de Ciencias Exactas, donde incluso la profesora de astronomía Lauren Flor Torres publicó una carta para contar el acoso del que ha sido víctima desde hace un año por parte de un estudiante de esa carrera y afirmó que pese a que presentó queja disciplinaria poco se ha avanzado en ese sentido, pese a que hay múltiples testigos de las presuntas agresiones verbales y amenazas, no solo hacia ella, sino también hacia su círculo académico cercano que también incluye hombres. No obstante, sí ha recibido acompañamiento de la institución.
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En esa facultad y en otras, estudiantes y profesores han dado a conocer más denuncias de acoso, incluso sexual, de parte de alumnos, pero también de docentes, por lo cual el tema se ha mantenido visible. La exigencia es que se fortalezcan los procesos que tiene la ruta establecida por la U. de A. para atender estos casos, pues muchos consideran que algunas de sus acciones son revictimizantes y que falta celeridad.
En vista de la situación, y sumado a otras explicaciones que las directivas han dado, este martes 4 de junio se conoció un comunicado de la Universidad de Antioquia en el que reiteran que han mantenido el trabajo por tener una institución libre de violencias basadas en género y sexuales (VBGyS).
Indicaron en tres puntos concretos cómo son los procesos que se llevan a cabo ante las denuncias de VBGyS, las cuales rechazaron y sobre las que indicaron que no son invisibles en la U. de A. Uno de los puntos que recalcó la institución, y que de hecho ha sido reconocido por las y los denunciantes, es que la universidad tuvo por décadas la carencia de un protocolo específico para atender estos hechos.
Por ello, a partir de 2018, bajo la primera administración del actual rector John Jairo Arboleda, estructuraron de cero un protocolo que incluyera “mecanismos, recursos institucionales y procedimientos” para prevenir, identificar, investigar y sancionar estos reprochables hechos, al tiempo que se brinde una atención integral a las víctimas.
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“La Universidad pasó de tener una normativa interna deficitaria en el tema, a contar con la Resolución Rectoral 49732 del 2023, por medio de la cual se aprobó el Protocolo y la Ruta Violeta para la prevención, atención, investigación y sanción de las VBGyS. Así mismo, el Consejo Superior Universitario aprobó el Acuerdo Superior 481 de 2022, en el cual se estableció como falta disciplinaria y prohibición todo acto de VBGyS”, informaron desde la universidad.
Allí también, desde 2022, existe una ruta para orientar y brindar acompañamiento psicosocial y jurídico, con duplas de profesionales en estas áreas, a las víctimas que denuncian los casos, de modo que se active la atención que requieran en salud, justicia y medidas de protección, mientras avanzan los procesos disciplinarios y penales, otro dolor de cabeza para las víctimas por la poca celeridad que dicen encontrar en instituciones como la Fiscalía.
Es así que en la de Antioquia se tiene la Ruta Violeta, que cuenta con la Línea Violeta te Orienta y con el Equipo Violeta, encargado del acompañamiento psicojurídico especializado. Y aunque es un paso fundamental en la atención de los casos, como lo reconocen las mismas víctimas, es en los avances de los procesos disciplinarios donde recaen las críticas de poca celeridad.
Por otro lado, ante los mensajes que principalmente estudiantes y algunos profesores han escrito en carteles dispuestos en varios bloques, así como en redes sociales, la Universidad de Antioquia fue enfática en el comunicado en decir que no son “encubridores ni cómplices” con los presuntos victimarios. “Ante los cuestionamientos que se le hacen a la universidad por lo que se considera insuficiencia en las medidas de protección que ofrece, nos es preciso recordar que como institución pública de educación superior nuestras competencias en ese ámbito son limitadas y deben corresponderse con el marco jurídico establecido por las leyes colombianas”.
Al respecto, varias fuentes han dicho que una de las jugadas de los presuntos acosadores es demandar a la universidad y terminan victimizándose, si es un docente el señalado podría decir que están vulnerando el derecho al trabajo y si es un estudiante, el derecho a la educación, como ha sucedido en algunos casos. Al respecto, la U. de A. indicó que “una decisión arbitraria o no sustentada en el debido proceso frente a alguno de los implicados en casos de este tipo, podría implicarle una contravención del conjunto normativo”.
Para hacer estas investigaciones disciplinarias, la universidad creó el Equipo 3 de la Unidad de Asuntos Disciplinarios (UAD), que algunos estudiantes dicen que fue un resultado de exigencias que hicieron en 2022. En este, una vez presentada la queja e iniciado el trámite, se cuenta con 18 meses para agotar la etapa probatoria de la investigación.
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Aunque en el comunicado destacaron que este tiempo busca garantizar los derechos de las partes involucradas, las víctimas creen que es demasiado y que mientras tanto son ellas las que deben someterse a medidas cautelares como dar o recibir las clases virtuales mientras los presuntos agresores se pasean por salones y pasillos, como ha sido el caso de la profesora Lauren y de otra estudiante víctima de acoso de parte de un compañero que ya está que se gradúa, lo que dejaría las posibles sanciones disciplinarias con un mínimo impacto en comparación a las que tendría como alumno activo.
De acuerdo con datos de la misma universidad, en 2023 la UAD tuvo 173 procesos activos por estos casos, de los cuales 83 los adelantó el Equipo 3. En 50 de ellos, los sujetos disciplinables fueron servidores públicos —profesores y empleados—, y en 33 fueron estudiantes.
Finalmente, la U. de A. señaló que el Equipo Violeta atendió en 2023 a “203 personas que reportaron 205 situaciones de VBGyS, de las cuales 134 —65%— no ocurrieron en el desarrollo de la misión institucional y 121 —59%— ocurrieron fuera de las instalaciones físicas de la universidad. Frente a los casos que ocurrieron dentro de la Universidad en dicho periodo, se realizaron 85 remisiones a 61 personas para rutas de atención y sanción internas, hubo 28 remisiones de psiquiatría y psicoterapia y 18 remisiones a instancias externas como la Fiscalía”.
Además, se cuenta con los servicios contratados de una corporación externa para brindar asesoría psicosocial, psicojurídica y representación técnica multiestamentaria, en estos casos.
“No hemos declinado ni declinaremos en avanzar en la construcción de una universidad libre de violencias. Ello, sabemos, implica una férrea, eficiente y articulada gestión administrativa sobre la cual, desde luego, debemos reconocer aprendizajes y oportunidades de mejora, y asumir nuevos retos que reconfiguren caminos para lograr nuestro propósito” es el inicio del comunicado enviado a la comunidad universitaria.
Por lo pronto, este martes también se citó a una asamblea general de profesores para tratar el tema de las violencias basadas en género y sexuales, luego de que hace unas dos semanas los estudiantes les llamaran la atención a los docentes por la falta de un rechazo contundente y público ante las denuncias existentes. La expectativa que tienen es que los procesos avancen con mayor celeridad y los acosadores no tengan cabida en el alma mater de los antioqueños.
