El avance de las investigaciones por los asesinatos, el 8 de noviembre de 2014, de un italiano y su esposa colombiana, en El Poblado, donde resultaron comprometidos tres guardas de seguridad llamó la atención de expertos y las autoridades sobre la calidad de la vigilancia en unidades residenciales.
Para el abogado e instructor de vigilantes, Raúl Agudelo, en algunos conjuntos residenciales ponen a los guardas de tenderos, conserjes, piscineros y jardineros, lo que va en contra de la seguridad.
Dijo que según publicaciones de expertos, en seguridad residencial se deben tener en cuenta, por lo menos, 40 normas y estas deben ser conocidas por los administradores y directivos de las empresas.
Recomendó, incluso, un diplomado para estas personas, por lo complejo que son estas disposiciones que involucran disposiciones legales como, la Constitución; la Ley de Propiedad Horizontal; Códigos de Comercio, Policía, Penal, de Convivencia Ciudadana; normatividad ambiental, el estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada o decreto 356 de 1994; la Ley 746 de 2001, sobre mascotas; el decreto 2187 que faculta al vigilante para pedir documentos en los ingresos, el manual de convivencia, decretos sobre espacio público y seguridad contra incendios.
Otros aspectos importantes son, exigir el título de bachiller del guarda, verificar el certificado del curso (que no sea falso o comprado), analizar los antecedentes y las anotaciones en la Policía y hasta no mandar a reentrenamiento a guardas trasnochados.
Es un servicio público
El superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Carlos Mayorga, recordó que este es un servicio público, que el Estado de manera excepcional y controlada lo pone en manos de particulares.
Informó que en Colombia hay 244.499 guardas de seguridad registrados en la entidad y de ellos 20.365 están en Medellín, de ellos 365 que hacen parte de la Red de Apoyo y entre tantas personas es lógico que se presenten inconvenientes como una banda llamada “los Vigilantes”, que robaba apartamentos en Bogotá.
Reconoció que hay empresas que llaman informales, pero que realmente son ilegales porque están usurpando una función del Estado a las que solo pueden multar, pero con la Policía se pueden judicializar, si poseen armamento, por porte ilegal también por usurpación de funciones públicas.
Aseveró que las tiendas y otros servicios diferentes a la vigilancia no están permitidos, pero es una corresponsabilidad entre las empresas y las administraciones que deben cumplir normas de contratación y régimen laboral.
Puntualizó que en la página web de la Superintendencia está la información de las empresas legales registradas en la entidad normas como de contratación y régimen laboral.
Cristofer Castro, jefe de operaciones de seguridad de Medellín, agregó que con el Gaula y la Policía también capacitan al personal sobre llamadas millonarias, falsos empleados de empresas de servicios, extorsión, control de accesos, violación de cerraduras y manejo de información.
El gerente de Atila Seguridad, Carlos Pérez, indicó que en Medellín hay unas 50 escuela de formación de guardas y a ellas acuden los aspirantes a vigilantes, escoltas, supervisores y operadores de medios tecnológicos, pero en el caso de su empresa, la capacitación es constante en temas como el protocolo de la Superintendencia de Vigilancia para el sector residencial, legislación sobre el funcionamiento de piscinas, servicio al cliente y manejo de situaciones difíciles, entre otros aspectos
187.192
guardas de los 244.499 que tiene Colombia, son bachilleres y 300 tienen título profesional.
187.192
guardas de los 244.499 que tiene Colombia, son bachilleres y 300 tienen título profesional.
