Estas personas demostraron ser víctimas de hechos como asesinatos, masacres y desplazamiento forzado, presuntamente cometidos por antiguos integrantes de las extintas Farc-EP y de la fuerza pública.
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad acreditó de manera colectiva a 90 habitantes del corregimiento de San José de Apartadó para participar en el Caso 04, que investiga la situación territorial de la región de Urabá.
Estas personas aportaron información con la que demostraron haber sufrido multiplicidad de hechos victimizantes, entre ellos, homicidios, masacres, asesinatos de líderes comunales, desplazamientos forzados e incendios de propiedades.
Según la información aportada por las víctimas, los hechos ocurrieron no solo en el corregimiento de San José en el municipio de Apartadó, sino también en otros municipios como Carepa, Dabeiba, Mutatá, Turbo, Ungía y Riosucio entre 1972 y 2012 y los presuntos responsables son exintegrantes de las antiguas Farc-EP y miembros de la fuerza pública que operaban en estos municipios de Antioquia y Chocó.
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Con la acreditación como víctimas, los 90 habitantes del corregimiento de San José de Apartadó, uno de los territorios más afectados por el conflicto armado en Urabá, podrán participar como intervinientes especiales en el proceso judicial del Caso 04. Esto les permite aportar pruebas, participar en audiencias, acceder a información, conocer sobre los avances del proceso y recibir acompañamiento psicojurídico. Todo esto con miras a satisfacer sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición.
En el Caso 04, la Sala de Reconocimiento de Verdad prioriza la situación territorial de Urabá a partir de hechos del conflicto ocurridos en la región de Urabá entre 1986 y 2016. En esta investigación, la magistrada Nadiezhda Henríquez, como relatora, busca establecer responsabilidad y esclarecer la verdad de crímenes de guerra como muertes violentas, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, privación grave de la libertad, métodos y medios prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario, omisiones de la fuerza pública, daños ambientales y daños a bienes de la población civil que fueron cometidos por miembros de la fuerza pública, antiguos integrantes de las Farc-EP y terceros civiles que comparecen ante la JEP.
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