“Todos los días es un enredo entrar y salir de este sector. La llegada de los transportes escolares o el paso de los trabajadores y los transeúntes es todo un complique sobre todo en invierno. Tan maluca es la situación por el pantanero de esta obra inconclusa que acá toca andar con dos pares de zapatos: uno para ensuciar en esta trocha y otro para usar por fuera de ella. ¡Esto es un dolor de cabeza!”
Esta es una de las tantas quejas que tienen los habitantes del corredor Carabanchel – La María del municipio de El Retiro en el oriente antioqueño, los cuales desde hace más de cinco años padecen una obra vial inconclusa que ni pidieron ni necesitaban pero que el empecinamiento político les puso a las malas, según señalaron.
La denuncia inicial de este desordenado proyecto la hizo inicialmente el medio local Vivir en el Oriente. En sus páginas se plasmó el padecimiento que sufren los casi 8.000 habitantes del sector desde 2019 por culpa de la obra impulsada por la Gobernación de Antioquia en cabeza de Luis Pérez.
En diálogo con EL COLOMBIANO algunos habitantes de este mismo sector también conocido como Corredor Verde –donde aún avanzan los trabajos de la vía entre el mall Carabanchel y el puente de La María– brindaron detalles de las polémicas obras.
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Estos dijeron que, a finales de 2017 e inicios de 2018, les fue socializada oficialmente la vía por parte de la Gobernación como una forma de hacer menos complicado el crecimiento urbanístico que estaba teniendo El Retiro toda vez que se esperaba la construcción de hasta 6.000 nuevas viviendas.
De otro lado, y este fue otro baldado de agua fría, el gobierno departamental le comentó a los residentes que el desarrollo vial por cerca de 2,6 kilómetros debía hacerse vía valorización, figura con la cual esperaba recoger cerca de $9.120 millones de la época para solventar la mayoría de gastos de obra.
La posición de los cerca de 8.000 habitantes de la zona fue de desaprobación a la “propuesta”, toda vez que a su juicio de los cerca de 1.164 predios afectados por la construcción, pocos verían los beneficios.
“No estuvimos de acuerdo porque la vía que teníamos era suficiente y cumplía con nuestras necesidades. Además, el beneficio de la vía nueva lo tendrá la gente de la zona urbana o los de la vía a Pantanillo o a La Argentina. Por eso le pedimos a la Gobernación y a la Alcaldía que mejor le metieran mano la doble calzada de Palmas pero dijeron que no, que porque era una vía nacional y eran más trabas. Qué mejor hacerlo acá”, detalló uno de los vecinos.
Para la comunidad, además era un despropósito que el proyecto no contara con intercambios viales en Palmas o La María. Sin embargo, según contaron, la Gobernación se empecinó en hacer el proyecto.
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La cuestión es que para septiembre de 2018 y por un plazo de 60 meses comenzó la recolección de la valorización que, según detallaron los vecinos, ya fue pagada pues hasta el diciembre de 2023 iban recogidos cerca de $9.200 millones. Hubo residentes que incluso les tocó pagar hasta $300 millones por la valorización.
Las obras de los 2,6 kilómetros entre el puente La María y Carabanchel comenzaron casi un año después, el 8 de septiembre de 2019, bajo el contrato 4600010113 ejecutado por la Unión Temporal Vial SCS Oriente, integrada por Construcciones Inversiones Beta SAS y Construcciones Sertor SAS. La interventoría estuvo a cargo de Viastop SAS.
Y ahí empezó el dolor de cabeza toda vez que según los diseños mostrados, las obras “apenas”tomarían tres meses, un plazo utópico dada las condiciones del terreno. No obstante, tal fue el “descache” en diseños que la entrega final de estos apenas se pudo hacer en mayo de 2022, casi tres años después.
“En noviembre de 2019 no había mayor avance porque los diseños no correspondían a lo acordado con la comunidad. Ahí se hizo una primera adición de $1.250 millones. Aún así, no les dio porque el contratista en esos 65 meses se dedicó a ‘sapotear’ la obra y no terminar ningún frente. Esa obra quedó sin andenes, sin iluminación, sin canaletas, sin traslado de redes electricas, sin ciclovía y un pedazo sin pavimentar”, detallaron los vecinos.
A raíz de estas chambonadas hechas en los primeros 1,3 kilómetros, se suspendieron obras a inicios de septiembre de 2023.
Según conoció este diario, entre febrero del 2020 y el 1 de junio del 2021 la obra fue suspendida. Se reanudó el 9 junio de 2021, pero dos días después paró de nuevo. Una segunda reanudación se dio el 1 julio de 2021, pero luego de casi 18 meses de obras se suspendió otra vez en diciembre de 2022. Reanudando de nuevo el 29 de enero de 2023 esperando terminar en julio. Pero en septiembre de 2023 se dio la suspensión definitiva.
Posteriormente el contrato fue terminado el 6 de diciembre de 2023 y la obra declarada siniestrada para el 26 del mismo mes. La cuestión es que en todo ese tiempo, SCS Oriente apenas avanzó un 59,46% en las obras.
De otro lado, para tratar de salvar la obra, a un segundo contratista llamado consorcio El Retiro PG (integrado por Promciviles SAS y Promotora Puga Ltda) se le asignó en julio de 2023 el contrato por $11.693 millones número 4600015848 para la realización del tramo de otros 1,3 kilómetros entre la parcelación La María y el Mall Carabanchel. Este frente tenía un plazo de ejecución de seis meses que vencían el 31 de diciembre de 2023. Pero hasta hoy se mantienen las obras allí. Se supone que estas, que hoy van en un 66% de avance deben finalizar el próximo 31 de marzo, luego de cuatro prórrogas por 13 meses y una adición de más de $6.375 millones.
La molestia de los residentes no solo es por no tener una obra lista pese a que ya se pagó, sino también por las afugias que los retrasos traen. Por ejemplo, el polvo es una constante tan cotidiana como la caída de cables de luz e internet por cuenta de las obras.
“Los tiempos desplazamiento aumentaron. Antes nos demorábamos apenas entre tres y cinco minutos para ir al parque de El Retiro o salir a la vía principal. Hoy sí estamos de buenas y no hay cierres de los contratistas, nos podemos demorar más de 15 minutos. O sea el triple. Puede parecer poco hasta que a uno le toca salir de urgencia”, detallaron.
Y para acabar de ajustar, para que no se pierda lo poco que se ha avanzado, según los vecinos a la misma comunidad le ha tocado pagar el mantenimiento de la vía, toda vez que la Alcaldía dice que no se puede meter. La queja contra la administración local es airada, pues según los residentes el impuesto de catastro de El Retiro es uno de los más altos. “Pagamos casi $15 millones de catastro para que nos salgan con esa ‘excusa’”.
EL COLOMBIANO contactó al consorcio PG para conocer su postura ante la problemática pero estos remitieron las declaraciones a la Gobernación de Antioquia. De manera extraoficial, algunos trabajadores comentaron que culminar el tramo ha sido un desafío no solo por el clima de la zona sino también por los malos diseños iniciales planteados para la vía. Aún así , dijeron que las obras van avanzando.
“Los estudios de diseño, sobre todo los de redes de servicios dejan mucho que desear. Por ejemplo, los tubos de acueducto no están trazados en la profundidad requerida que es entre 1,10 y 1,40 metros, pues uno los encuentra a veces a apenas a 40 centímetros. Y corregir todos esos errores es cosa de varios días. Otra cosa, los postes en los diseños aparecen dentro de los predios. Y eso no se puede por normativa. En fin, esto es una cosa de locos”, añadió un empleado.
Los obreros apuntan a que no están de brazos cruzados y que se mantienen firmes en el compromiso de terminar lo mas pronto posible. Esperan que puedan comenzar a pavimentar este enero.
Por su parte, la Gobernación de Antioquia no solo reconoció las dificultades de la construcción en sus dos etapas sino que también detalló que se recibió la obra siniestrada.
El secretario de Infraestructura Horacio Gallón detalló que al estar la obra siniestrada se debió iniciar un proceso sancionatorio contra SCS lo que obligaría hacer un proceso licitatorio y hacer efectivas las pólizas de la obra.
“A raíz de esto, SCS debería pagar $324 millones amortización del anticipo otorgado así como otros casi $524 millones por el monto de lo que le faltó por ejecutar. Por esto SCS solicitó un contrato de transacción, es decir un vínculo que le permita terminar el contrato asumiendo ellos parte de las multas e impuestos así como el pago de la interventoría. La propuesta fue aprobada por el Comité Interno de Contratación de la Gobernación y falta el visto bueno del Comité de Conciliación Contractual de la Gobernación. Una vez se ratifique esto, a finales de enero, SCS tendría otros dos meses para terminar lo que le falta por su cuenta y riesgo y ponga a funcionar la obra para que no se haga efectivo el siniestro”, dijo Gallón.
Según Gallón. para la secretaría lo más importante es la entrega de las obras y la satisfacción de la comunidad por lo que consideran que la propuesta de SCS es factible. Aún así, esta será sometida a evaluación técnica y jurídica.
“La obra no tenía recursos. El gobernador Rendón dijo que las obras que venían suspendidas o con sospechas de elefantes blancos se debían revisar y buscar opciones. Y por eso ante las dificultades, hemos buscado recursos, diseños y contratistas para terminarla. Por eso tenemos fe que en dos o tres meses la estaremos entregando”, apuntó Gallón.
Pese a estas respuestas, la comunidad afectada solicita que la nueva carretera, al terminarla, no se vuelva una pesadilla que les dañe su calidad de vida, pues temen que el corredor se vuelva la vía principal a El Retiro. Así mismo que la obra no se vuelva un elefante blanco y que al contrario realmente traiga valorización a la zona.
“Y que el municipio se apropie del mantenimiento y cuidado posterior de una obra que finalmente pagamos sin pedirla y sin necesitarla”, dijeron.
