La Universidad de Antioquia se embarcó en un proyecto de venta de propiedades con el que busca recaudar recursos para mitigar su crisis financiera.
Luego de que esa institución revelara tener millonarios líos en su flujo de caja, producto de unas transferencias que se han vuelto insuficientes, la enajenación de esos activos hacen parte de un plan con el que la universidad busca oxigenar sus cuentas.
Y es que pese a lanzar un plan para apretarse el cinturón y recortar muchos de sus gastos de funcionamiento, este mes la universidad sigue con traumatismos en el pago de sus empleados y tuvo que correr el pago de la liquidación de los contratos de cátedra al último día hábil del mes siguiente a la terminación del contrato, una medida que levantó ampolla entre muchos profesores.
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Los ánimos ya vienen caldeados desde mayo pasado, cuando en una situación inédita en cinco décadas, la universidad no le pagó a tiempo a sus profesores y tuvo que ponerse al día en su nómina de manera escalonada.
Si bien tras esa situación el rector Jhon Jairo Arboleda propuso un debate para modificar las reglas de juego que regulan transferencias que recibe esa institución, también anunció que buscarían más fuentes de financiamiento.
Los predios en venta
Jesús Francisco Vargas Bonilla, vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia, señala que la idea de salir de propiedades a nombre de la universidad no es nueva y se remonta por lo menos hasta 2017, año en el que el Consejo Superior dio luz verde para que se pusiera en orden cuáles son las propiedades de la institución y cuáles se podían vender.
Durante las últimas décadas, el funcionario explica que la institución terminó llenándose de inmuebles, en muchos casos como pago de otras entidades a los compromisos con la institución.
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“A lo largo de los años, fruto de que en algunos periodos del tiempo ha habido acumulación de deudas a razón de las transferencias que tienen que hacer hacia la universidad en algunos momentos, bajo la figura de dación de pago, se han entregado algunas propiedades, algunos lotes, locales comerciales, viviendas, oficinas, entre muchos otros”, señala Vargas.
Aunque muchas de esas propiedades están ubicados en municipios apartados a las sedes de la universidad, o por su área y otras condiciones no pueden usarse para la labor educativa, la universidad ha optado por recibirlos como una manera de sanear su cartera.
Sin embargo, señala el vicerrector, en medio de las afugias contables por las que hoy pasa la institución volvió a ponerse la vista en ese proceso de venta y así inyectar recursos frescos a la labor misional de la institución.
“Muchas de esas propiedades están arrendadas o incluso algunas, por su ubicación alejada, han estado desatendidas y eso ha generado situaciones como habitación irregular de personas que los ven como baldíos, entre otros. Algunos de estos lotes también están en zonas con condiciones de seguridad un poco complejas”, anota el funcionario.
Si bien la lista puede ser larga, Vargas precisó que en el mediano plazo se esperan vender 23 propiedades, que podrían representar un ingreso de hasta $92.000 millones.
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Por ahora, la única propiedad que se ha logrado enajenar es un lote ubicado en el casco urbano del municipio de Santo Domingo, por un valor de $80 millones.
No obstante, en la lista de inmuebles también aparecen otros de una mayor extensión y valorización, como es el caso de un lote ubicado en el municipio de Barbosa, en sector El Hatillo, correspondiente a la Hacienda El Progreso y que está avaluado en unos $47.000 millones.
En Medellín también se avanza en la venta de otro predio ubicado en la parte alta del barrio Villa Hermosa, en el sector Gil J. Gil, que tiene un avalúo de $18.000 millones.
Por fuera de Antioquia, la universidad adelanta igualmente una negociación para enajenar unos terrenos en el municipio de Mompox, Bolívar, que pertenecían a la reforestadora San Sebastián. Estos últimos tienen un valor aproximado de $27.000 millones.
En el caso de la reforestadora, la universidad advierte que el proceso tiene un componente adicional, dado que los terrenos fueron invadidos por campesinos que levantaron allí sus propias parcelas.
En conversaciones con el Gobierno Nacional, la universidad señaló que está pidiendo pista para que se evalúe si estos pueden ser comprados por la Agencia Nacional de Tierras, de tal forma que el lugar pueda ser usado en la política agraria de la Nación y los campesinos puedan seguir trabajando la tierra. La universidad propuso por su lado sumarse a esa labor acompañado técnicamente a los campesinos.
En el caso de todos estos lugares, el vicerrector administrativo aseveró que las enajenaciones estarían siguiendo el debido proceso, primero yendo a subasta pública y luego buscándose otras fórmulas en caso de que esa figura no logre materializarse.
A pesar de este nuevo esfuerzo, Vargas señaló que la universidad sigue insistiendo en que se debe abrir un debate para que las transferencias crezcan. Si bien la tarea involucra sobre todo a la Nación y al Departamento, la institución también viene tocando las puertas de Medellín.
