El pasado 9 de febrero un grupo de habitantes del corregimiento de Palocabildo, en zona rural de Jericó, impidió que siete contratistas de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) realizaran labores técnicas en el cauce de una quebrada local, por lo que tuvieron que salir hasta el casco urbano para posteriormente abandonar ese municipio.
La entidad pública aseguró que en este hecho los funcionarios fueron retenidos temporalmente contra su voluntad, así que se puso en conocimiento de la administración municipal de Jericó, la Inspección de Policía, la Personería local y la Fiscalía General de la Nación.
“Expresamos nuestra voz de rechazo frente a esta situación. Nuestros funcionarios son personas que ante todo respetan a la comunidad. Hemos instaurado las denuncias respectivas para que esto no vuelva a suceder”, dijo en su momento la directora de Corantioquia, Ana Ligia Mora.
Ante ese panorama de tensión entre la comunidad y Corantioquia, EL COLOMBIANO consultó a las partes implicadas y conoció el trasfondo de la discusión, así como las razones por las que se impidió que se ejecutaran los trabajos técnicos que se adelantaban dentro de un convenio entre la entidad y la Alcaldía de Jericó, en zona rural del ese municipio del Suroeste antioqueño.
Labor de los funcionarios
Según pudo conocer este medio, los siete contratistas a los que al menos 15 personas de la comunidad les impidió cumplir con sus labores estaban adelantando actividades técnicas en el marco del proceso de reglamentación de la quebrada La Palma, que hace parte de la implementación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (Porh) del río Piedras, también en Jericó.
“La reglamentación de la microcuenca quebrada La Palma tiene como propósito garantizar un uso y distribución racional del recurso hídrico, evitando las tomas de manera ilegal. En el marco de ese proceso de reglamentación, los contratistas estaban recopilando muestras para conocer las condiciones de calidad del recurso hídrico”, aseguró la directora de Corantioquia.
Por su parte, Sebastián Garcés, subsecretario de Medio Ambiente de Jericó, añadió que este proceso se adelanta en coordinación entre esa corporación autónoma regional y la administración municipal con el fin de legalizar el uso doméstico y agropecuario de la quebrada en beneficio de la comunidad y el medio ambiente.
“Lo que se está haciendo es una legalización de toda la microcuenca, por lo que se identifican las posibles concesiones y vertimientos en todo el cauce, con el fin de ordenar este recurso para que las comunidades puedan hacer un uso acorde a la oferta hídrica que tiene la quebrada La Palma”, apuntó el subsecretario.
En ese contexto, el funcionario municipal detalló que el desarrollo de las labores técnicas de este convenio se han dificultado en las veredas Vallecitos, La Hermosa y La Soledad (ver Infografía), debido a que se hacen en la zona de incidencia de la Minera de Cobre Quebradona, proyecto de la multinacional AngloGold Ashanti, lo que considera ha generado confusión en una parte de la comunidad.
Según explicó Garcés, esta sería la causa por la que se habría presentado el incidente del 9 de febrero, en el que algunos miembros de la comunidad de Palocabildo impidieron los trabajos de campo que adelantaba el grupo de contratistas.
Tras conocer esta versión, EL COLOMBIANO habló con Gustavo Arboleda Cardona, presidente del acueducto de la vereda La Soledad de Jericó y uno de los voceros de la comunidad rural que se opuso a las labores que se realizaban en el afluente, quien confirmó que sí se impidió el trabajo de los contratistas al considerar que el resultado de esos estudios puede ser utilizado por la empresa minera, pero negó que se que haya hecho una retención de los funcionarios.
“Hay que aclarar que en ningún momento se hizo retención o agresión verbal o física alguna contra los funcionarios de Corantioquia por parte de los campesinos, todo fue a través del diálogo y lo que se pidió fue que se cumpliera con la solicitud de aplazar el proceso de reglamentación de la quebrada, como se habló en una reunión el 30 de enero pasado con representantes de esa corporación”, planteó Arboleda Cardona.
En esa línea, el líder campesino resaltó que la oposición a estas labores se basa en el temor de que el resultado de este estudio ambiental sea utilizado por AngloGold Ashanti dentro del proceso de licenciamiento del proyecto de minería de cobre en Jericó, que actualmente está siendo evaluado por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
“Nosotros queremos prevenir que el resultado de los estudios de Corantioquia llegue a manos de la empresa minera y por eso pedimos que se aplace la reglamentación de la quebrada hasta que la Anla dé su respuesta”, apuntó el vocero de los campesinos.
