El Consejo Académico de la Universidad de Antioquia (UdeA) se sumó al llamado de sus estudiantes ante el Gobierno Nacional y departamental para que actúen frente a la grave de la crisis financiera que enfrenta la institución.
El origen de la crisis, en gran medida, se atribuye al desfasado esquema de financiamiento establecido por la Ley 30 de 1992, que congeló los aportes del Gobierno nacional a las universidades y no los ajustó con la inflación.
“Como Consejo Académico, reconocemos la urgente necesidad de reformular el actual esquema de financiamiento de la educación superior pública”, señaló la institución mediante un comunicado este sábado 16 de noviembre.
Según el Consejo Académico, la UdeA debe gestionar cada año más del 50% de los recursos necesarios para su funcionamiento.
Además, con un déficit de $138.000 millones para el cierre de 2024, la UdeA está operando al límite de sus capacidades. “Realidad que comparte con otras instituciones de educación superior pública, debido, entre otras causas, a las condiciones establecidas hace más de treinta años por la Ley 30 de 1992”, aseveró la institución.
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Por lo que la Universidad pidió reformas normativas que garanticen una financiación sostenible para la educación superior pública.
Resaltó que con cerca de 40.000 estudiantes de pregrado entre 1990 y 2024, la Universidad de Antioquia es la institución educativa más importante del departamento. “Un significativo crecimiento —que hoy parece jugar en contra de la Universidad—”, anotó
“Manteniendo la Universidad abierta y funcionando, para no dejar que se apague la antorcha que ilumina esta sociedad desde hace 221 años”, aseguró el Consejo Académico.
Incluso, en medio de la profunda crisis financiera, este 14 de noviembre, se dieron a conocer las 6600 personas que fueron admitidas a la Universidad como nuevos estudiantes de pregrado para el primer semestre del 2025.
“Esta situación, ampliamente discutida y conocida, empieza a afectar el desarrollo de nuestros ejes misionales de docencia, investigación y extensión, y nos lleva a revisar, también, las decisiones académicas y administrativas que como universitarios y universitarias hemos tomado a lo largo de estas décadas”, señala el comunicado.
Conforme lo indica la ley, el Estado es el responsable de cerca del 90% de las transferencias de la Universidad. “Nos sumamos al llamado urgente que la comunidad universitaria ha venido haciendo para que, de manera decidida, los gobiernos nacional, departamental y distrital garanticen el fortalecimiento y financiamiento de este importante proyecto colectivo”, continuó.
“En especial, instamos al Gobierno nacional para que garantice la concreción de los recursos que han sido anunciados en diferentes espacios e impulse las reformas normativas prioritarias para garantizar la sostenibilidad financiera”, exigió el Consejo Académico.
