Mientras los pacientes de las EPS de Medellín interponen más tutelas, las entidades más las incumplen. En 2017 se registraron 3.720 incidentes de desacato por solicitudes relacionadas a salud, en lo que va de 2018 ya la cifra llegó a los 4.273 casos. Una tendencia que parecen seguir las tutelas (ver gráfico).
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El reporte fue entregado por la Personería de Medellín, entidad del Ministerio Público que alertó la situación e instó a entidades de control nacional a intervenir el problema.
Diana Patricia Guerra, coordinadora del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud de la Personería, aseveró que esta situación es preocupante, pues da cuenta de que, a pesar de los fallos a favor de los pacientes, las EPS siguen sin acatar las solicitudes.
Para Guerra, el incumplimiento afecta tanto al sistema de atención, que continúa colapsado, como al paciente, cuyos requerimientos médicos se agravan al no contar con una respuesta oportuna.
“Entre los motivos frecuentes por los que se imponen las tutelas están las solicitudes de medicamentos, acceso a especialistas, cirugías, continuación de tratamientos, ayudas diagnósticas, entre otras”, enumeró Guerra.
Más control
El aumento en las fallas de las EPS, a pesar de las órdenes judiciales, dan cuenta no solo de las falencias del sistema de salud sino también de la ausencia de un control y seguimiento a los procesos.
Según la funcionaria, se requiere una voluntad total de las entidades de vigilancia nacional, que garantice la prestación idónea y oportuna de los servicios básicos en salud.
“No basta con decir que hay una cobertura universal de la población, cuando la calidad de esta es deficiente o el usuario debe estar reclamando por cada procedimiento”, agregó Guerra.
La coordinadora recordó que el rol de la Personería es adelantar los procesos de reclamación, así como reaccionar ante situaciones de urgencia o irregularidades denunciadas por pacientes.
“Cuando se solicita el incidente de desacato y no se cumple, las instancias judiciales pueden aplicar una sanción económica o solicitar la detención del representante de la entidad”, agregó.
Finalmente, Guerra valoró estrategias como el Sistema Ciga de la Secretaría de Salud de Medellín, a través del cual se redirigen y asignan citas prioritarias a pacientes que llegan a urgencias y no pueden ser atendidos allí; sin embargo, reiteró la importancia de contar con una agenda disponible, que garantice el funcionamiento correcto del Ciga.
¿Qué hacen las EPS?
Entre las entidades con más tutelas o reclamaciones en su contra en la región están Savia Salud, Sura, Coomeva, Salud Total y Medimás.
Algunas enfrentan situaciones de problemas financieros como es el caso de Savia Salud; o el cierre de sus principales centros de atención como Medimás, que debió crear un plan de atención de emergencia cuando la Secretaría Seccional de Salud departamental ordenó el cierre de la Clínica Esimed de la 80.
Estas problemáticas afectan la atención y por ende influyen en las tutelas que se interponen. No obstante, Guerra precisó que la cantidad de afiliados también lleva a que sean más las denuncias registradas.
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Ante esto, las entidades han implementando estrategias, con apoyo de la Personería en algunos casos, para contrarrestar el incremento de reclamaciones y agilizar la atención.
Catalina Sánchez, coordinadora de Garantía de Derechos de Savia Salud, explicó que esta entidad ya cuenta con un equipo consolidado, conformado por abogados y profesionales en salud, encargado de recibir cada una de las tutelas y buscar su solución antes de que estas lleguen al desacato.
“Así mismo, se hace un acompañamiento al usuario para verificar si se prestó el servicio demandado por la tutela”, añadió.
Por su parte, Carlos Aguilar, gerente de Medimás, añadió que cuenta con un equipo similar que además busca disminuir las brechas en los servicios y prevenir que se presenten nuevas tutelas por situaciones ya solucionadas con anterioridad.
Ambas entidades cuentan con personal propio en la oficina principal de la Personería de Medellín, que se encarga de valorar inicialmente las solicitudes de los pacientes y determinar si es necesario o no la tutela. “Esto evita que se interponga el recurso y que el paciente deba esperar a que avance el proceso jurídico para sus peticiones”, contó Sánchez.
