La tutela la había impuesto el diputado Luis Peláez, quien dice que seguirá adelante con las acciones judiciales.
El Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín declaró este lunes improcedente la tutela con la que el diputado Luis Peláez buscaba tumbar el nuevo impuesto que promovió el gobernador Andrés Julián Rendón y que en días pasados autorizó la Asamblea Departamental.
Según Peláez, “el cobro de la tasa es un medida injusta y desproporcionada con la economía de la región y en un contexto adverso para los ciudadanos del departamento”.
De acuerdo con lo que alegaba en la tutela, Peláez sostiene que la Ley 142 de 1994 establece que no se puede cobrar ningún ítem diferente a la factura de servicios públicos y que esta nueva tasa va en contravía de la prohibición de crear tributos por entidades territoriales, la Asamblea pretende realizar un debate sin la legalidad exigida y pertinente.
Según el diputado del movimiento Dignidad y Compromiso, se estaba vulnerando el derecho fundamental al debido proceso y pretendía que la Asamblea se abstuviera de tramitar la ordenanza por la cual se aprobó el cobro de la tasa.
No obstante, el juez determinó que el trámite de la Asamblea Departamental de Antioquia, obró “con total acatamiento de las formas y procedimientos consagrados en las normas vigentes, por lo que no resulta acertado afirmar que con dicho trámite se haya contrariado alguno de los elementos constitutivos del debido proceso ni que al hoy accionante se le hubiera amenazado o vulnerado, en su calidad de diputado o, incluso, como ciudadano, alguno de sus derechos fundamentales”.
Hay que recordar que esta tasa significa un cobro adicional para las personas, las industrias y los comercios de los estratos 4, 5 y 5. Inicialmente, el plan de la Gobernación era que esta se cobrara en la factura de servicios públicos, pero ante la negativa del alcalde Federico Gutiérrez y por ende de EPM, la Gobernación pretende hacerlo a través de Valor+, una de las filiales del Instituto de Desarrollo de Antioquia, IDEA.
En días pasados, Rendón explicó en diálogo con EL COLOMBIANO que el impuesto podría ser descontado del impuesto de renta: “Tenemos una noticia muy buena, sobre todo para las personas jurídicas que quieran utilizarlo, y es que esta tasa, como tiene que ver con la actividad económica de los sectores no residenciales, podría ser uno de los tributos que ellos, si así lo tienen dentro de su contabilidad, podrían descontar de la liquidación del impuesto de renta”, aseguró.
Ante este primer revés judicial, Peláez destacó que tiene tres días para impugnar esa decisión de primera instancia y que, como lo había advertido desde un principio, “la acción de tutela es una acción jurídica para impedir la tasa, pero no la única que vamos a emprender, ni tampoco la tutela está perdida, apenas es la primera instancia”.
