La Alcaldía de Medellín adjudicó ayer el polémico contrato de bonos de alimentación, avaluado en cerca de $35.000 millones y que estuvo en el ojo del huracán esta semana luego de que varios de los proponentes denunciaran que recibieron presiones para entregar una coima del 10%.
En una audiencia virtual que se realizó durante la mañana de este martes, la Secretaría de Suministros y Servicios, en cabeza de Karen Bibiana Delgado Manjarrés, consideró que aquella licitación no tendría ninguna irregularidad y anunció las empresas escogidas para ejecutar el contrato.
Según determinó la dependencia, el lote 1, por un valor de $8.267 millones, fue entregado a la Unión Temporal Tecniactivo S.A.S.; el lote 2, por $7.884 millones, a Jaramillo Pérez y Consultores Asociados S.A.S., y los lotes 3 y 4, por $9.572 millones y $10.265 millones respectivamente, a la Corporación Agroempresarial de los Llanos (Corpallanos).
Pese a que en dicha audiencia pública, la Alcaldía se mantuvo en que la licitación se hizo bajo principios de transparencia, el encuentro estuvo marcado por la tensión, luego de que desde la semana una de las firmas participantes enviara un mensaje de urgencia a la Procuraduría para que iniciaran un acompañamiento preventivo.
Tal como lo contó EL COLOMBIANO en su edición del pasado sábado 27 de agosto, dicha solicitud apareció cuando uno de los oferentes de la licitación denunció recibir a mediados de este mes una llamada de un desconocido que le exigió un soborno.
“Yo no puedo asegurar que haya sido un funcionario de la administración de Medellín”, dijo Sonia Cuero Murrillo, representante legal de la firma Jaramillo Pérez y Consultores Asociados, quien hizo pública la situación.
No obstante, Cuero aclaró que la voz que realizó aquella llamada la habría amenazado con entorpecer el desarrollo del contrato y retrasar los pagos. “Es posible que no le podamos quitar el contrato, pero sí le podemos retrasar los pagos”, expresó aquella voz.
Junto a Cuero, otros dos proponentes que prefirieron mantener su identidad bajo reserva por tener otros contratos activos con el Distrito, denunciaron recibir las mismas llamadas y además precisaron que el pago exigido era de un 10 % del valor del contrato que les fuera entregado.
Según coincidieron todos los proponentes consultados, además de esas presiones, un factor adicional que incrementó las suspicacias fue una serie de aplazamientos emprendidos por la Secretaría de Suministros y Servicios.
A través de cuatro adendas, la fecha de la audiencia de adjudicación pasó del 4 de agosto hasta este martes 30 de agosto, día en el que finalmente se realizó.
“Las adendas empiezan a generar mayor sospecha, ¿para qué esta dilación?”, cuestionó entonces Cuero Murrillo.
Cuando estas denuncias comenzaron a salir a la luz pública, EL COLOMBIANO consultó con la Alcaldía de Medellín, para obtener una versión de la secretaria de Suministros, Karen Bibiana Delgado, y del secretario de Inclusión Social Santiago Preciado, entidad a cargo de la supervisión del contrato.
Aunque ambos funcionarios se abstuvieron de responder directamente, la Alcaldía emitió un comunicado en el que sostuvo que el proceso no tuvo irregularidades e invitó a los denunciantes a iniciar una acción formal.
“Todos los ciudadanos que tengan denuncias frente a conductas que encuentren debidamente probadas, deberán acudir ante las autoridades competentes”, expresó la Alcaldía en el documento.
No obstante, el alcalde de Medellín se refirió posteriormente al mismo tema y dio un viraje al pronunciamiento inicial, sosteniendo que las llamadas recibidas por los proponentes obedecería a una nueva modalidad de estafa en la que la Alcaldía estaría siendo suplantada.
“A los contratistas los llaman desde números no identificados, personas que no se identifican, pero que se hacen pasar por la administración y les piden plata para poderse ganar contratos. No sabemos si las llamadas las hacen desde la cárcel o desde donde, pero lo cierto es que puede que alguien haya caído”, expresó Quintero (Ver recuadro).
Tras la adjudicación de ayer, el paso siguiente del proceso será la firma del contrato el próximo 1 de septiembre y la entrega y aprobación de las garantías para su ejecución el próximo 2 de septiembre.
El contrato tendrá un plazo de ejecución de cinco meses y abarca 15 comunas y 4 corregimientos.
