En el parque principal de Girardota y en sus vías aledañas parece que ya no quedan balcones, pasacalles y muros disponibles para poner más publicidad política. Cuatro de los seis candidatos a la alcaldía y decenas de candidatos al concejo tienen empapelada toda la zona urbana del municipio.
De esos seis competidores que hay para la alcaldía solo una es mujer y solo uno se avaló por firmas, Juan Ignacio Torres, primo hermano del actual alcalde, Diego Agudelo Torres, y quien sale como favorito en el partidor con las banderas del continuismo de la actual administración.
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Los otros cinco candidatos de oposición son Kevin Bernal, un joven de 31 años avalado por el Nuevo Liberalismo y Salvación Nacional; Alejandro Posada, un exconcejal del Partido Conservador que ahora se avaló por Cambio Radical; Olga Lucía Mazo, enfermera, avalada por el Centro Democrático; Hernán Gustavo Gómez, un líder campesino avalado por el Polo; y Jorge Raúl Córdoba, líder comunitario avalado por el partido Nueva Fuerza Democrática. Las principales críticas de estos candidatos al actual gobierno tienen que ver con lo que ellos llaman un descuido de “lo social”, que es la salud y la educación, principalmente en la zona rural —79 de los 82 kilómetros cuadrados de Girardota son rurales— , y en un supuesto uso ineficiente de los recursos públicos.
La mayoría tiene quejas sobre Giracom, una empresa industrial y comercial del municipio que se creó durante el actual gobierno a la que, según sus opositores, esta alcaldía le ha entregado gran parte de la contratación, lo que estaría encareciendo los costos de las obras y estaría supuestamente sirviendo para hacerle un quite a la transparencia y competitividad que debe tener la contratación pública.
Sin embargo, y en esto también la mayoría coincide, reconocen como un logro varias obras de infraestructura que comenzaron en esta administración, como la construcción de una segunda entrada al municipio y la puesta en marcha de un nuevo hospital. Precisamente por estos avances de infraestructura es que Torres defiende el modelo de Giracom y dice que gracias a este se pudieron realizar obras que de otra manera, según él, no se hubieran podido hacer, y asegura que es cuestión de tiempo para que la empresa funcione mucho mejor.
Entre tinto y tinto en las cafeterías del parque, la gente también reconoce las obras civiles que ha iniciado esta administración, pero así mismo reclama por mayores medidas de seguridad, pues tienen la percepción de que cada vez hay más microtráfico. En todo el 2022 en Girardota se cometieron ocho asesinatos, este año van nueve. De igual forma, creen que todavía queda mucho por hacer para mejorar la vida de los casi 23.000 girardotanos (aproximadamente el 41% de la población total) que viven en las 25 veredas del municipio en condiciones precarias, en su mayoría. Según una encuesta de calidad de vida del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el 2021 solo el 44,9% de la población rural de Girardota tenía servicio de alcantarillado.
Así están las apuestas
Aunque todos quieren vencer a Juan Ignacio Torres, no la tienen fácil. La administración de Diego Agudelo ha contado con una buena aprobación tanto ciudadana como política (9 de los 13 concejales actuales hacen parte de la coalición de gobierno). Asimismo, es vox populi que funcionarios de la alcaldía le estarían haciendo campaña. De hecho, el pasado mes de julio, el Consejo Nacional Electoral le abrió una investigación a Juan Ignacio —que en la publicidad no pone su primer apellido, que es el que comparte con el alcalde— por una presunta transgresión a las normas que rigen la propaganda electoral. Torres dice que no ha recibido notificación del CNE para dar su versión sobre lo ocurrido.
Aunque Torres aparece como una figura alejada de la política tradicional, pues su trayectoria profesional ha estado ligada al ejercicio de su profesión como médico y este es el primer cargo de elección popular al que aspira, detrás de su candidatura están dos pesos pesados de la política regional y nacional: el senador conservador Carlos Andrés Trujillo y el candidato a la gobernación de Antioquia y exsenador liberal, Julián Bedoya, quienes, una vez Juan Ignacio recogió casi 30.000 firmas para avalar su candidatura —y de paso adelantársele un par de meses a la campaña de sus contendores—, le dieron el coaval de los partidos Conservador y Liberal. Esta misma estrategia, de recoger firmas para luego recibir el apoyo de un partido político tradicional, la utilizó también Trujillo con su candidato en Itagüí, Diego Torres, y con su candidato en Barbosa, Juan David Rojas.
Por último, a Torres le favorece que a pesar de la cercanía en las propuestas y en las formas de varios de los candidatos de la oposición, estos no se han podido poner de acuerdo —al menos por ahora— para hacer alianzas, y entre todos terminarán quitándose votos. Al ser preguntado sobre estos apoyos, Torres responde que “Trujillo vota en Itagüí” y que en su equipo hay gente que va a votar a la gobernación por Luis Pérez, otra por Bedoya, pero que él no va a hacer público su voto.
La oposición
Quien aparece por el momento como el principal contrincante de Torres es Kevin Bernal, un joven de 31 años que fue elegido como concejal en el 2011, cuando apenas tenía 19. Bernal y Agudelo (el actual alcalde) fueron cercanos hasta hace poco. De hecho, en 2015, cuando Torres aspiró a la alcaldía por primera vez, Bernal fue uno de los líderes de su campaña. En su segunda candidatura, en 2019, Bernal votó por él.
La ruptura con los Torres se dio, según Kevin, porque “se perdió la coherencia”. Bernal ha sido uno de los principales opositores al modelo de contratación vía Giracom y también ha renegado de las alianzas políticas que ha hecho el actual gobierno. A su campaña, dicen quienes conocen la movida política en Girardota, han llegado “todos los políticos que se han peleado con Torres”. Él lo dice de otra manera: “Somos la única opción de la oposición que ha logrado construir alianzas. Somos la fuerza capaz de enfrentar el oficialismo”, asegura.
De ser elegido, dice que se encargará de “cuidar y hacer rendir cada peso para multiplicar las oportunidades de desarrollo del municipio”. En ese discurso de aprovechar las oportunidades de desarrollo del municipio coinciden los otros dos candidatos que siguen en la carrera, Alejandro Posada y Olga Lucía Mazo.
A pesar de recibir el aval de Cambio Radical, Alejandro Posada ha intentado mostrarse como el candidato alternativo o como el que “solo hace alianzas con la gente”. Ese discurso, y la reticencia a no hacer alianzas con otros políticos de vieja data del municipio, es lo que al parecer ha frustrado una adhesión de Posada a la campaña de Bernal, aunque lo que le proponen a los ciudadanos es muy similar. “Yo quiero que Girardota aproveche las oportunidades de progreso y desarrollo que tiene, que se convierta en el epicentro del desarrollo sostenible del norte del Valle de Aburrá”, responde Posada cuando se le pregunta por su principal propuesta.
A pesar de ser junto con Barbosa el municipio con menos habitantes del Valle de Aburrá, Girardota es el sexto de la lista (y el primero de los municipios del norte) de municipios que más aportan al PIB del Valle de Aburrá: 2,2%, apenas 0,5% menos de lo que aporta Envigado. Sin embargo, de los 10 es el municipio con menos empresas registradas en Cámara de Comercio, y es el cuarto con más porcentaje de personas pobres. Esto según un estudio de la Cámara de Comercio de Medellín y Antioquia publicado en 2021.
Por su parte, Mazo, que también ha estado buscando aliarse con Posada, es la ficha de los Paolos, el grupo de uribistas liderados por los congresistas Paola Holguín y Juan Espinal. Mazo, enfermera de profesión, también fue concejal en el periodo 2016-2019 y antes de eso fue secretaria de despacho de Luis Fernando Ortiz, exalcalde del municipio entre 2012 y 2015. Su principal propuesta es “pagar la deuda social” del municipio, invertir en educación y salud, principalmente en las veredas. Además, promete invertir más en seguridad y ayudar a fomentar nuevas formas del turismo más allá del religioso que advierte que va de capa caída.
Esos son los cuatro candidatos que tienen trabajando a toda máquina a las litografías del municipio imprimiendo volantes, pendones y pasacalles. Los otros dos que cierran la lista son Hernán Gustavo Gómez y Jorge Raúl Córdoba, quienes, a pesar de estar avalados por partidos políticos, cuentan con muy pocos recursos para hacer campaña. Ambos son líderes campesinos y comunitarios que se presentan como representación de la población más vulnerable. Las propuestas de ambos van enfocadas en solucionar las necesidades de los campesinos, especialmente sus vías de acceso y sus medios de transporte. Ambos han sido candidatos a la alcaldía antes, pero han obtenido votaciones muy pobres. En el 2015, Córdoba solo sacó 123 votos, y en el 2019 Gómez obtuvo 140. Para quedarse con la alcaldía de Girardota se necesitan al menos 10.000 votos.
Giracom, la manzana de la discordia de la contratación municipal
Una de las principales críticas de al menos tres candidatos sobre la actual administración del municipio de Girardota tiene que ver con el uso que esta le ha dado a Giracom, una empresa industrial y comercial del Estado creada en 2021. De acuerdo con varios candidatos de oposición, la alcaldía le ha entregado a esa empresa gran parte de la contratación pública del municipio, sacrificando la competitividad y la transparencia de las licitaciones públicas, y además encareciendo los costos de los bienes y servicios adquiridos por Girardota. Entre los contratos ejecutados por medio de Giracom está la construcción de la segunda entrada al municipio, la construcción y el mantenimiento de andenes, puentes, canchas de fútbol y colegios.
La Contraloría General de Antioquia le hizo una auditoría este año a Giracom. Allí, el ente de control evaluó la aplicación del manual de contratación de Giracom y el adecuado cumplimiento en la entrega y recibo del bien, obra o servicio en los contratos o convenios ejecutados por esta entidad. La Contraloría encontró que en la entidad había “falencias en la aplicación de los principios de la función administrativa y en el establecimiento de acciones de mejora que contribuyan al mejoramiento continuo de su gestión contractual”. Y agregó que encontraron casos relacionados con posibles deficiencias en la elaboración de los estudios previos, en la conformación del comité evaluador de los procesos de contratación, fallas en el control y seguimiento de la supervisión o interventoría de algunos contratos, por lo que “se vio afectada la correcta ejecución de los contratos en términos de calidad y beneficio para la población impactada”, concluyó la Contraloría.
En la auditoría, el ente de control reveló 36 hallazgos, de los cuales ninguno tuvo presunta incidencia penal, pero 19 tuvieron presunta incidencia disciplinaria y ocho presunta incidencia fiscal por un valor superior a los $250 millones. El informe detalló que en al menos 10 contratos firmados entre 2021 y 2022 por casi $44.000 millones, la entidad no publicó la oferta ganadora en el Secop. Además, reveló que para seis contratos, firmados también entre 2021 y 2022 por más de $18.000 millones, no se designó un comité evaluador para cada proceso de selección, como lo exige la norma.
