La continuidad de las obras del proyecto Parque de Deportes a Motor Central Park, que se desarrolla en el lote Tulio Ospina de Bello, está supeditada a la solución de inconvenientes técnicos y contractuales, según informó ayer Juan Pablo López, secretario Seres de Infraestructura, Hábitat y Sostenibilidad de Antioquia.
En consideración de López, el condicionante más delicado tiene que ver con una alerta preliminar que emitió, a mediados del primer semestre de este año, la interventoría de la obra, en cabeza del Colegio Mayor de Antioquia, según la cual no habría soportes contundentes de $24.000 millones que se pagaron en 2019 en el marco del proyecto.
“Por eso, tomamos la decisión de hacer un alto en el camino y empezar una liquidación de los contratos de Viva (Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia) con los subcontratistas y de los contratos de Viva con Indeportes (contratista)”, manifestó el funcionario, quien añadió que esperan un informe más detallado para establecer los pormenores y las reclamaciones a las que haya lugar.
Esta es la causa por la cual no se están desarrollando las obras, que ya presentan avance del 85 %, indicó López, si bien, hay otros frentes que no se han resuelto y que condicionan la ejecución, relacionadas con litigios prediales, licencias ambientales y diseños.
Respecto a la gestión predial, están dos litigios no acordados inicialmente en el proyecto. El primero tiene que ver con que no existen permisos para continuar la conexión en la pista principal y la vía de servicio en un sector del proyecto donde está ubicada la unidad residencial La Vida es Bella. El segundo con ciudadanos que han habitado un parqueadero ubicado en el sitio, lo que impide la construcción de la continuidad de la vía de servicio, la salida de pits, el cuarto de milla y los cortes de terreno.
Por otro lado, existen algunos requerimientos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), sobre algunas especies de árboles que impiden intervenciones en las salidas de la zona de paddock y la continuación de contenciones. A esto se suma que no se ha definido si se reubican o no elementos arqueológicos hallados en el lugar.
Entre tanto, 24 meses después de iniciado el proyecto, López aseguró que también faltan definiciones en diseños. “Ahora están realizando ajustes en los diseños y formulando la nueva contratación para la ejecución. Se busca un modelo de operación y sostenibilidad, pues la Gobernación no tiene la capacidad de hacerse cargo de él”, puntualizó.
En días pasados, la Contraloría General de la República decretó la intervención funcional de oficio sobre los recursos del Departamento asociados a la construcción de esta obra.
