La participación durante la campaña presidencial en 2022, mientras ejercía como director del Museo Casa de la Memoria en Medellín, le podría costar a Jairo Herrán el resto de su carrera política.
La Personería de Medellín decidió suspender e inhabilitar a Herrán por 10 años para ocupar cargos públicos al concluir tras un proceso disciplinario que, efectivamente, Herrán Cargas incurrió en participación política desde sus redes sociales, difundiendo mensajes en contra de dos de los candidatos en carrera por la presidencia: Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández. Además, también realizó menciones a favor del hoy presidente Gustavo Petro.
“Ya no se pueden ocultar los nexos de alias ‘Fico’ con los grupos armados ilegales, cuyo propósito era bajar el número de homicidios, capturar delincuentes de poca monta haciéndolos pasar por jefes de las bandas y garantizar la inmunidad y libertad de los verdaderos jefes!?”, fue uno de los mensajes por los que ahora sancionaron al exdirector.
“Para Rodolfo Hernández, las mujeres no deben participar en política sino estar en su casa. El 56% de la población son mujeres, será que van a votar por un personaje qué claramente las menosprecia (sic)?”, fue otro de esos mensajes que publicó y que lo terminaron metiendo en problemas.
La Personería calificó la falta como gravísima, toda vez que violó el reglamento para funcionarios públicos que establece el Código General Disciplinario en el Artículo 60 Numeral 1 de la Ley 1952 de 2019. La culpabilidad que se le endilga a Herrán es a título doloso. Herrán tiene recurso de apelación.
Herrán Vargas ejerció como director de Museo Casa de la Memoria desde 2020, hasta que renunció al cargo en los primeros meses de 2023. En junio de 2022 había sido suspendido por tres meses por la Personería por este mismo caso, pero solo fue efectiva durante dos semanas. En ese entonces, Herrán le comentó a EL COLOMBIANO que su suspensión obedecía a una cacería que se había generado en la recta final de esa contienda electoral.
“Yo no he utilizado ni las instalaciones ni los bienes del Estado, que me han sido confiados, para hacer proselitismo. Tampoco he usado las redes del Museo. Yo tengo una cuenta personal y ahí expreso ciertas opiniones que tienen que ver con el tema político, económico y social. De ninguna manera digo que voten por x o y candidato”, puntualizó Herrán.
Sus líos por la participación en política y su posterior renuncia dejaron a una Casa de la Memoria en una crisis aún peor que la que arrastraba por la falta de recursos y los graves problemas de infraestructura que en 2022 pusieron en riesgo miles de archivos sobre las víctimas del conflicto armado.
Lo que las víctimas y organizaciones de derechos humanos le cobran a Herrán, es que mientras participaba en política, la Casa Museo colapsada. Incluso en julio de 2022 tuvo que cerrar parcialmente por un daño en su sistema de aires acondicionados que causó riesgo de pérdida de información valiosa como archivos de derechos humanos, testimonios de víctimas del conflicto armado y material bibliográfico que se resguardan en la infraestructura tecnológica que necesita de adecuada refrigeración para su funcionamiento.
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En aquel momento solo quedaron habilitados una exposición temporal al ingreso del Museo Casa y las zonas comunes externas, lo que configura un golpe para un espacio fundamental para las organizaciones y procesos sociales del departamento, que recibe 4.500 visitantes cada mes.
Según conoció este medio en ese entonces, arreglar el daño costaría menos de $200 millones. Sin embargo, la entidad quedó atada de manos porque atravesaba una crisis presupuestal. La alcaldía de Daniel Quintero le asignó al Museo $15.397 millones para el cuatrienio 2020-2023, una reducción del 12% respecto al presupuesto entre 2016 y 2019, que ya era insuficiente para operar adecuadamente.
Con esta decisión, siguen acumulándose sanciones y procesos en contra de los funcionarios de Daniel Quintero. Ya hay siete ex altos funcionarios imputados por presunta corrupción en diferentes dependencias. Además, Juan Carlos Upegui acaba de perder su curul en primera instancia, en un proceso que ahora pasará a manos del Consejo de Estado para definirse.
