La Superintendencia Nacional de Salud decidió extender por seis meses más la medida de vigilancia especial que tiene sobre la EPS Savia Salud, alejando provisionalmente el escenario de una liquidación o una intervención para esa aseguradora.
La medida, conocida este viernes hacia las 7 de la noche, se produce luego de varias semanas de incertidumbre, en las que el sector salud del departamento temía que la abultada cartera de esa EPS y sus más de 1,6 millones de afiliados quedaran en el limbo.
Según advirtió la Supersalud en un comunicado, la situación de Savia sigue siendo compleja, por lo que emitió 15 órdenes dirigidas a mejorar su modelo de atención y su situación financiera.
“La misión de la Superintendencia Nacional de Salud es hacer que se cumplan las normas del sistema de salud para proteger los derechos de los ciudadanos y, en ese sentido, la administradora de recursos deberá fortalecer los indicadores de atención y mejorar su desempeño financiero”, dijo el superintendente de Salud Ulahí Beltrán López.
La entidad añadió que dentro de esas 15 órdenes aparecen disminuir los índices de siniestralidad de sus afiliados, reducir barreras administrativas en el acceso a la atención, reducir el número de quejas, reclamos y recursos de sus usuarios, y seguir avanzando en el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
“Los indicadores de salud han venido mostrando un mejor desempeño frente a la prórroga anterior, hecho que justifica la prórroga, en tanto cumple con una de las misiones de esta Superintendencia, relacionado con la protección de la población”, añadió el ente en su pronunciamiento.
Más tiempo para la EPS
La decisión adoptada por el Gobierno Nacional era la alternativa más blanda que se tenía sobre la mesa.
Otros dos escenarios que se proyectaban eran el de una intervención administrativa o hasta una liquidación.
Mientras en el primer escenario la Nación podría nombrar un agente interventor y cambiar el equipo administrativo de la EPS, el segundo implicaba la desaparición de la entidad.
En este último frente, la principal preocupación consistía en que la millonaria deuda de Savia, calculada en $394.910 millones por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas para el primer semestre de 2022, se quedara sin doliente, tal como ha pasado en otras liquidaciones.
“Esta clínica entraría en insolvencia y habría que cerrarla. Nosotros resolvemos el 20% de las necesidades de alto nivel de Antioquia. También se afectarían 13.000 estudiantes formándose en salud que pasaron por acá en 2022”, había alertado por ejemplo la directora de la IPS Universitaria Marta Cecilia Ramírez, una de las líderes que pidió no liquidar la EPS, temiendo que una deuda de $42.000 millones se quedara sin pagar y arrastrara a esa institución a la quiebra.
Así mismo, una migración masiva de sus 1,6 millones de afiliados, en su mayoría del régimen subsidiado, generó nerviosismo entre otras EPS.
Carlos Mario Ramírez, exgerente de Savia Salud y uno de los líderes que impulsó su creación en 2013, explicó por ejemplo que, solo en el caso de Antioquia, una EPS como Sura podría recibir cerca de 700.000 afiliados, incrementando la presión en su funcionamiento.
Los caminos para la EPS
La prórroga de la Supersalud implicará que la EPS podrá seguir avanzando en la implementación de un plan de mejoramiento necesario para ver levantada la vigilancia de la que es objeto desde 2017.
Cabe recordar que, además de las gestiones que debe implementar para arreglar la atención de sus afiliados, Savia también avanza en un plan de capitalización, con el que busca inyectar recursos frescos a sus arcas y reducir su nivel de endeudamiento con la red hospitalaria.
Este último plan, que representa el único camino para mejorar sus golpeados balances financieros, no ha podido quedar en firme por cuenta de varios requerimientos pendientes ante la Superintendencia.
Sobre ese tema, la gerente de Savia Salud, Lina Bustamante, señaló que la organización esperaba tener una ventana de por lo menos seis meses para lograr sacar adelante esa movida financiera.
“Quisiéramos que la prórroga se evaluara por no menos de seis meses, porque ese anuncio de los cuatro meses afectó los estados financieros y la prestación de los servicios para Savia. Eso nos ocasionó mucho daño, porque aceleró la utilización de servicios, el aumento de quejas y tutelas y obviamente la no prestación de algunos prestadores”, expresó a ELCOLOMBIANOla gerente Bustamante el pasado 12 de enero, aludiendo a los impactos de la prórroga ordenada el 27 de septiembre.
Además de esos impactos, el éxito de esa capitalización tampoco se proyecta fácil, sobre todo por la incertidumbre que han ocasionado los planes del Gobierno Nacional de reformar el sistema de salud; un horizonte que generó que muchos hospitales apretaran el freno antes de entrar el negocio propuesto.
Varias voces conocedoras del funcionamiento del sistema de salud, celebraron la decisión adoptada este viernes por el Gobierno Nacional
“La decisión es razonable. En términos jurídicos prima el derecho a la salud. Hay que reconocer que la Superintendencia ha actuado con razonabilidad y, sobre todo, previendo evitar un trauma en la prestación de los servicios. Estamos en un momento muy coyuntural, ad portas de una reforma legislativa que es realmente estructural en el sistema”, opinó el exgerente de Savia, Carlos Mario Ramírez.
Por su parte, la directora de la IPS Universitaria Marta Cecilia Ramírez señaló que la nueva ventana abierta por la Nación es una oportunidad crucial para salvar a la EPS.
Bajo este nuevo panorama, Savia tendrá hasta el 28 de julio para alejarse nuevamente del fantasma de una liquidación, que la asecha desde el 4 de agosto de 2017, día en el que la Nación inició una vigilancia que aún no termina.
