Si la población venezolana del Valle de Aburrá fuera un municipio, ya tendría casi los mismos habitantes que Envigado; sin embargo, sus condiciones de vida están lejos de parecerse a las de los habitantes del “Mónaco de Colombia”.
Este es uno de los hallazgos del informe realizado por Medellín Cómo Vamos sobre las condiciones socioeconómicas de la población migrante venezolana en Medellín y su área metropolitana. Será presentado hoy en la mañana al alcalde Federico Gutiérrez y al gobernador Andrés Julián Rendón, o a quienes estos manden en su representación, para que durante sus mandatos tomen decisiones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los más de 250.000 venezolanos que habitan en Medellín y de los casi 300.000 que hay en el departamento. Este informe también fue elaborado en Bogotá, Barranquilla y Cali, las ciudades que más han recibido la ola migratoria del vecino país en los últimos años.
Además de hacer un diagnóstico completo de variables como el acceso a la educación, al empleo y de las condiciones de vida de los migrantes, el documento presenta algunas recomendaciones para que los mandatarios y los tomadores de decisiones las incluyan en sus respectivos planes de desarrollo, pues de acuerdo con Mónica Ospina, directora de Medellín Cómo Vamos, fue común encontrar que en los planes de gobierno presentados por los alcaldes y gobernadores del país cuando estaban en campaña apenas hacían menciones a la atención de esta población, pero no había allí planes y propuestas sólidas, concretas y bien planeadas.
Y es que atender a estos ciudadanos es vital no solo porque ya son un grupo minoritario grande (aproximadamente el 6,2% de la población actual de Medellín son venezolanos), sino porque llegaron para quedarse: el 82% de los migrantes de ese país mayores de 15 años tiene la intención de permanecer en Colombia, una cifra que probablemente se mantenga o crezca durante los próximos años mientras en Venezuela no se restablezca la democracia y comience una importante reactivación económica.
De acuerdo con Ospina (magíster en Economía Ambiental y doctora en Economía), el informe da cuenta de los importantes rezagos en acceso a educación, empleo y en general a la integración económica de esta población en la ciudad. Rezagos que deben ser atendidos con prontitud, pues el costo de oportunidad de no hacerlo es muy alto. Eso quiere decir que los recursos que no se invierten en acciones y estrategias para que los venezolanos puedan insertarse con fuerza en la economía luego se tienen que invertir en programas asistenciales y subsidios.
De la información que revela el estudio sobre esta población, llama la atención su edad, pues en promedio tienen 26 años, es decir que en su mayoría son jóvenes en edades educativas o con poca experiencia laboral y profesional. El promedio de edad del resto de habitantes de la ciudad es de 37 años. Además, las familias venezolanas son más numerosas: tienen de media 3,3 miembros, cuando el promedio del resto de la población son familias de 2,8.
Son muchos niños, niñas y adolescentes de esas familias que todavía no tienen acceso a educación primaria. En Medellín, el 90% de los menores de edad asiste a una institución educativa, para las familias venezolanas esa cifra es del 78%.
El panorama en la educación superior no es más esperanzador, solo el 27% de la población migrante económicamente activa (es decir la población en edad de trabajar que tiene un trabajo o busca uno) tiene algún título de educación superior válido en Colombia, mientras que la cifra para el resto de la población es del 44,3%.
Pero esas cifras necesitan rostros: en las calles aledañas a la zona maderera de la estación Cisneros del Metro, en el Centro de Medellín, poco a poco el acento venezolano se impone a los gritos y conversaciones en “paisa”. En una de sus esquinas, con las gafas algo empolvadas por el aserrín, se encuentra Antonio, un migrante venezolano de 57 años procedente de Aragua que luego de regentar almacenes en su país natal ahora se dedica a cortar retablos en plena calle.
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Antonio salió de su país hace dos años y de ahí llegó a la ciudad de Pereira, de la que habla solo maravillas. Allí se alojó junto a unos familiares por 15 días.
“Luego llegaron mi hija mayor y mi yerno. Ahí ya los tres empezamos a trabajar. Luego nos tocó venirnos a Medellín porque es más movido que Pereira y hay más comercio, o sea más trabajo. Pero también es mucho más exigente en el sentido de que acá se trabaja de sol a sol y de lunes a domingo”, narró.
Este migrante vive en El Popular con otros de sus familiares. “Lo habitual es que haya venezolanos que vivan juntos en un cuarto porque a veces es complicado conseguir arriendo o porque toda la plata se invierte en conseguir trabajo rápido”, explicó.
Pese a que lleva ocho meses en la ciudad, Antonio dice que aún le resulta algo dura la adaptación a la ciudad que lo recibió, empezando por algo tan sencillo como es el significado que las cosas tienen en su cultura y en la paisa. “Y también está el tema de la xenofobia. Uno escucha comentarios malucos por ejemplo en la buseta. Uno prefiere aguantarse de contestar, pero hay otros compatriotas que no toleran esos maltratos”, añadió.
Frente al tema de salud, dijo que él y su familia han sido afortunados, pues gracias a que tiene su permiso de permanencia en regla ha sido afiliado al sistema de salud, lo que les ha permitido acceder a atención de forma oportuna.
Sobre el bolsillo, Antonio admitió que la situación es compleja, toda vez que Medellín con sus altos precios afectan el bolsillo de los migrantes. “Acá me pagan el día a día o semanal, cosa que para mí es mejor porque cobrar cada 15 días me resultaba complicado con tanto gasto que hay que hacer. Yo no lo voy a negar, a veces me ha tocado reducir la cantidad de comida que consigo para poder llegar a la otra semana. Pero al menos acá podemos comprar comida si tenemos con qué, y no como allá que no hay nada. Si me puedo comprar un salchichón y una arepa, ya con eso armo desayuno”, agregó.
Como Antonio, el 70% de los migrantes venezolanos tienen definida o formalizada su estadía en el país. Sin embargo, la cifra del 30%, unas 75.000 personas, sin tener si quiera un permiso de trabajo en el país es altísima si se tiene en cuenta que el 90% de los migrantes que hay en la ciudad llevan más de un año en el país y el 30% más de un lustro.
Esa falta de formalización es una de las principales explicaciones para que los venezolanos en la ciudad en su mayoría tengan trabajos informales. Si bien es cierto que la informalidad laboral es un problema que se padece en todas las regiones del país, por locales y extranjeros, para los migrantes la situación es más dramática: 7 de cada 10 venezolanos con empleo tienen uno informal, mientras que en Medellín, para el resto de ciudadanos, esa cifra es de casi 4. Por fuera del departamento es peor: la informalidad laboral de los venezolanos en Antioquia es del 89%, es decir solo 1 de cada 10 logra un empleo.
Pero las barreras para que los venezolanos puedan acceder a un trabajo digno van más allá de tener un permiso: como se dijo anteriormente, en su mayoría son jóvenes por lo que no cuentan con mucha experiencia profesional. Esto, sumado a que los que tienen experiencia casi nunca la pueden demostrar, pues las empresas donde trabajaban ya no existen o son muy pequeñas o remotas y los empleadores locales no tienen forma de verificar esa información. Con los estudios sucede algo similar, pues son difíciles de convalidar en el país.
Además, esos pocos que consiguen un trabajo formal lo hacen en lugares donde los salarios son medios-bajos: uno de cada cinco en Medellín trabaja en negocios de alojamiento y restaurantes. En el resto del departamento, la mayoría, el 25,7%, según el estudio, se dedica a la construcción.
Otro rostro: en uno de los locales comerciales del Centro de Medellín, Maryubis, quien atiende, cuenta en un miércoles veranero su experiencia como migrante desde el estado de Lara, noroccidente de Venezuela, hasta las montañas del Valle de Aburrá.
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“Las cosas han cambiado mucho entre hoy y lo que me tocó vivir hace seis años cuando llegué a Medellín. La diferencia más grande está en llegar a buscar un arriendo. Ahora piden muchas cosas como el depósito –que antes era muy poco y hoy es carísimo– y más para uno que apenas llega con la ropa puesta. Acá venimos porque tenemos familiares que nos reciben, pero uno sabe que al poco tiempo hay que salir a rebuscarse. Yo por ejemplo hoy en día pago $650.000 de arriendo por un apartamentico en Castilla de dos habitaciones y una cocina. En él nos acomodamos mi mamá, mi hermano, mi hija y yo”, explicó.
Maryubis sabe que en sectores populares como el Popular, Santo Domingo, Manrique o Picacho, así como los inquilinatos del Centro, son los sitios donde principalmente pasan las noches los migrantes. “Es raro que un venezolano llegue de una a Envigado o Laureles. Esto lo hacen más que todo los que tienen título universitario apostillado y trabajan en el campo que estudiaron con sueldos similares a los que tenían en Venezuela”, agregó.
Sobre la salud y educación para los pequeños migrantes, ella dijo que por fortuna le ha parecido fácil y descomplicada la integración de los niños a estos aspectos en la ciudad, cosa que agradece ya que, según dijo, mientras ella trabaja su niña puede estar en la sede de Buen Comienzo que hay en el Centro de la ciudad. De no estarlo, sería más complicado para ella poder emplearse como dependienta del almacén.
Maryubis también habló de las afugias económicas que pasan la mayoría de sus compatriotas, pues deben responder por ellos mismos y sus familiares más cercanos acá en Colombia, pero además por los seres queridos que se quedaron en Venezuela y que viven de las remesas. “Yo ya me quedaría aquí porque yo tengo una hija y yo siento que las comodidades y la calidad de vida que hoy que tenemos acá, allá no las hay”, agregó.
Como Maryubis, la mayoría de migrantes viven en estratos 1 y 2, y no tienen acceso a crédito. De acuerdo con el estudio, solo 3 de cada 100 migrantes accede a crédito, mientras que para el resto de la población la estadística es de 19 cada 100. Pero a pesar de ese complejo panorama, Ospina explica que Medellín y el área metropolitana son el segundo destino predilecto por los migrantes en el país por la calidad de servicios que van desde el alcantarillado y la electricidad hasta el sistema de transporte y la educación.
En conclusión, el informe de Medellín Cómo Vamos da cuenta de todo lo que queda para hacer por estos 257.696 venezolanos, que son en su mayoría jóvenes y que tienen ganas de quedarse viviendo en la ciudad. Mejorar sus condiciones socioeconómicas es una gran oportunidad de progreso no solo para ellos sino para toda la ciudad. Pero, ¿cómo hacerlo? la organización le entrega a los tomadores de decisiones de la ciudad y del país unas recomendaciones organizadas en siete componentes, que considera claves para el diseño de una política de integración socioeconómica.
El primer componente, regularización, tiene que ver con el acceso a mecanismos de regularización de la condición migratoria, esa es la base de todo: que tengan documentos en regla. Luego, en el componente de caracterización socioeconómica y sociolaboral, sugieren una estrategia de identificación de los intereses, vocaciones, competencias técnicas y blandas, y las barreras de la población migrante para insertarse en el mercado de trabajo. Es decir, tomar este estudio como punto de partida para seguir indagando en la población venezolana de la ciudad y del departamento.
El tercer componente es de empleabilidad, recomiendan diseñar y ejecutar rutas y programas que recuperen y fortalezcan las capacidades de estos ciudadanos para el empleo y faciliten su vinculación. También hay un componente de emprendimiento, para desarrollar capacidades para la creación de nuevos negocios.
En el componente de cohesión social, que tiene como objetivo disminuir la discriminación por razón de su nacionalidad y una mejor integración comunitaria, la entidad propone implementar acciones que mejoren la convivencia y seguridad.
Finalmente, el informe propone acciones enfocadas en gobernanza migratoria, donde se lleve a cabo una política pública con coordinación de diversas instituciones para atender a la población migrante, con especial enfoque en grupos minoritarios o con más barreras para insertarse en la economía, como las mujeres y los jóvenes.
90%
de los venezolanos que viven en Medellín lleva más de un año residiendo en el país.
