La venta de armas de fuego y el otorgamiento de permisos para el porte están bajo la mira de las autoridades en Medellín, luego de que la Fiscalía abriera expedientes para investigar la presunta existencia de una red de militares corruptos, coordinados para favorecer a integrantes del crimen organizado.
Por el momento, la indagación arroja sospechas contra cuatro altos mandos activos y dos oficiales y un soldado profesional retirados. Aunque las pesquisas judiciales apenas están en la etapa inicial y ni siquiera han generado órdenes de captura, la revelación de algunos hallazgos preliminares en los medios de comunicación ya le costó el cargo al general Jorge Horacio Romero Pinzón, jefe del Comando de Apoyo de Acción Integral del Ejército y excomandante de la Cuarta Brigada para la época de los hechos bajo estudio (2016-2017).
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El ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció el pasado 9 de julio su llamado a calificar servicios, terminando así una carrera de 33 años. En respuesta, Romero reivindicó su inocencia y reiteró que la defendería ante las autoridades que lo requirieran.
Pero, ¿cómo opera esa supuesta trama de corrupción, que al parecer exige coimas y comisiones ilícitas para expedir salvoconductos de armas?
EL COLOMBIANO tuvo acceso a las investigaciones que cursan en la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema y la Contrainteligencia Militar. La indagación comenzó en 2016, cuando a la sección de asuntos internos del Ejército llegó la queja sobre la existencia de una red de funcionarios de la Institución, al parecer involucrados en el otorgamiento fraudulento de permisos para el porte de armas y la venta de las mismas a delincuentes.
La averiguación se concentró en el Departamento de Control Comercio de Armas (DCCA) con sede en Bogotá -entidad encargada de autorizar y regular el porte y tenencia de armas y municiones – y sus seccionales en Usaquén y Medellín, al igual que en la Cuarta Brigada.
Las sospechas tomaron vuelo el 6 de febrero de 2018, cuando la Policía ejecutó la Operación Zeus, capturando a seis integrantes de la banda “Caicedo”, uno de los tentáculos de la organización mafiosa “la Oficina”. Para sorpresa de los uniformados, tres de ellos tenían permiso especial para porte, que a diferencia del salvoconducto convencional les permite andar con sus armas en tiempos de prohibición general y en cualquier parte del país.
Los favorecidos con el documento certificado por el DCCA, y el porte de sendas pistolas Jericho 9 m.m., fueron: el cabecilla Sebastián Murillo Echeverry, alias “Lindolfo”, y sus lugartenientes Cristian Duque Echeverry (“Fantasma”) y Diego Zapata Martínez (“el Mexicano”).
El 19 de agosto siguiente en Tolú (Sucre), fue arrestado Juan Carlos Castro (“Pichi Belén”), quien gozaba de un permiso para porte especial de otra pistola Jericho. Se lo expidieron en la Novena Brigada pese a que hacía cinco años había salido de la cárcel, tras pagar una condena por porte ilegal de armas.
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Polígonos
Una hipótesis que estudian los investigadores es si habría o no establecimientos de tiro deportivo y polígono inmiscuidos en la trama, pues los militares cuestionados les tramitaron licencias y permisos. En Medellín hay indagaciones preliminares sobre El Viejo Oeste -ubicado en inmediaciones de la Cuarta Brigada- asociadas a sus actividades entre 2016 y 2017.
La compañía apareció en el radar el 22 de mayo de 2018, cuando en las afueras de su sede se produjo un tiroteo. Sicarios dispararon contra un hombre, quien resultó ser Mauricio Zapata Orozco (“Chicho”), cabecilla de la banda “la Terraza”, y en el hecho una esquirla de proyectil lesionó en el pie a un administrador del negocio.
Zapata sobrevivió y fue capturado el 3 de abril de 2019 en El Poblado, bajo el cargo de concierto para delinquir agravado, y en los registros del DCCA le figura que ha tenido permiso para porte de una pistola Walther 9.m.m y dos revólveres Llama. Los agentes comprobaron también que su cónyuge María Catalina Balvin González y sus escoltas Juan Bernardo Palacio Múnera y Óscar Mauricio Ramírez Gómez tenían permiso para porte de pistolas Jericho.
El 12 de agosto de 2018, en un establecimiento del barrio Goretti del municipio de Bello, mercenarios mataron a tiros al soldado profesional retirado Jerson Adrián González Cabrera y al exagente del DAS y del CTI José Daniel Álvarez Villamizar. Ambos trabajaban como guardaespaldas de uno de los dos socios fundadores de El Viejo Oeste y Milipol Ltda, otro polígono localizado en Bogotá; en los registros militares figura que ha tramitado 42 armas de fuego ante el DCCA.
Después de la muerte de sus guardaespaldas, el empresario vendió sus acciones de la compañía y salió de la ciudad.
En esa consulta de archivos, a los investigadores les llamó la atención que el otro socio fundador de El Viejo Oeste, y quien en la actualidad es el único accionista, es un futbolista antioqueño que aparece con 10 armas asignadas: cuatro pistolas, cuatro fusiles, una escopeta y una subametralladora. Tramitó los permisos ante el DCCA en Bogotá, como coleccionista de armas vinculado a un club de tiro legalmente establecido.
Jenny Cardona, representante legal de El Viejo Oeste, le manifestó a este diario que las autoridades “no nos han notificado ningún tipo de proceso”. Le preguntamos si durante el trámite del salvoconducto de las armas que posee el local les exigieron el pago de sobornos y especificó que las armas fueron adquiridas antes de que ella llegara al cargo en septiembre de 2018, “y durante las compras de munición que he hecho, absolutamente no, todo ha sido un proceso muy transparente y ahí hay segregación de funciones, diferentes funcionarios reciben los requisitos (documentos). Eso pasa por varios filtros”.
Reiteró que en los tres años de funcionamiento el negocio no ha recibido sanciones y que todo se ha hecho con apego a la ley. Le indagamos si en el establecimiento alguna vez han robado armas o municiones, y respondió: “nunca hemos tenido ni pérdida ni descuadre de inventario, jamás”.
Sobre el ataque en el que resultó herido Zapata, advirtió que no conocen a esa persona ni le han brindado servicios, y que los hechos no ocurrieron dentro del local, “por eso la Fiscalía no expidió ninguna medida de protección, porque consideró que el establecimiento no estuvo involucrado”.
En cuanto al deportista dueño de la compañía, su abogado Mauricio Beltrán aclaró que no haría pronunciamientos mientras no hubiese una notificación oficial de la Fiscalía que explique si hay o no méritos para abrir una causa penal que lo involucre.
De otro lado, las investigaciones también buscan comprobar si los negocios de armas tuvieron que ver con el homicidio del joven Juan David Alejo Reyes, de 26 años.
Era hijo de un coronel (r) y uno de los otrora dueños de la escuela de tiro José María Córdova, de Rionegro (Antioquia), cuando fue abaleado el 16 de marzo de 2016, ese día iba en un carro por la vía Las Palmas, en Envigado. Tras lo sucedido, su familia vendió el negocio.
Modus operandi
Estas averiguaciones, que ya ajustan más de un año, sumaron testimonios de militares y tramitadores que explicaron cómo se otorgaban los permisos. De igual manera, recopilaron documentos que al parecer habrían sido adulterados.
En los libros de permisos especiales otorgados por la Cuarta Brigada (2016 a 2018) encontraron que 60 beneficiados tenían anotaciones policiales o antecedentes judiciales; que muchos de los permisos que allí figuraban no aparecían en la base de datos del DCCA; y en varios de los formatos había espacios en blanco, sin identidad clara de quién tramitó el arma.
Para que estas pistolas terminen en poder de las bandas y circulando en el mercado negro, al parecer una de las modalidades es denunciar el presunto robo de las mismas. Así lo hizo “Lindolfo”, quien en dos oportunidades informó a la Cuarta Brigada que le hurtaron una Jericho (2009 y 2014), después de lo cual compró nuevas armas sin problema.
En la actualidad paga una condena de 18 años y medio de cárcel por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y ocultamiento y destrucción de prueba.
Fuentes militares explicaron que para otorgar un arma y un salvoconducto a una persona se requiere la aprobación de un comité que se reúne una o dos veces al mes, en el cual participan cinco personas: el comandante de la Brigada, el jefe de Estado Mayor, el jefe de la Seccional de Control Comercio de Armas, un oficial de Inteligencia y un asesor jurídico.
Una de las tramitadoras investigadas, procedente de Cali y madre de un oficial de Inteligencia del Ejército, confesó que le pagaron dinero para presentarse en la Cuarta Brigada el 7 de abril de 2016 y gestionar armas y permisos especiales para tres hombres que no conocía. Uno de ellos tenía antecedentes penales y el otro al parecer era familiar de un cabecilla del cartel narcotraficante Clan del Golfo.
La gestión fue redireccionada a la Seccional de Control Comercio de Armas de Usaquén y allá le dieron el arma y el permiso al tercero de los postulados.
Otro de los denunciantes es un empresario, el cual afirmó que el general Romero le pidió que le reuniera un grupo de comerciantes antioqueños. Según el testigo, logró congregar más de 80 y al parecer el propósito era que si estos requerían de algún arma o permiso, lo tramitaran directamente con el oficial en un sobre sellado. Romero negó tal sindicación, entre otras porque las decisiones las toma el comité de cinco funcionarios.
Un negocio de décadas
La actual investigación se concentra en el periodo 2016-2018; no obstante, el otorgamiento de salvoconductos a miembros del crimen organizado es mucho más antiguo. EL COLOMBIANO conoció un archivo histórico de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) en el que figuran los antecedentes de los principales jefes de bandas del Valle de Aburrá desde el 2000.
De esos, 23 fueron detenidos en alguna oportunidad, portando armas amparadas (ver el recuadro). Entre los beneficiarios aparecen reconocidos jefes de “la Oficina”, como Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), con un permiso de 1997 para una pistola Browning; Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”), con una pistola Jericho de 2003 a 2006; y Héctor Darío Giraldo Gaviria (“Cesarín”), con un revólver Llama calibre 38 y una Jericho de 2001 a 2005. Los tres están condenados.
Los otros favorecidos son cabecillas de las bandas “Pachelly”, “los Chatas”, “la Terraza”, “Picacho”, “los Mondongueros”, “San Pablo”, “la Galera”, “la Unión”, “el Guayabo”, “Niquía Camacol”, “el Pesebre”, “la Matecaña”, “el Desierto” y “los Triana”.
Cuando se presentaron a tramitar el documento, de acuerdo con fuentes policiales, señalaron que su ocupación era “empresarios” o “comerciantes”. Tal parece que les creyeron.
