Cuatro guerras en miniatura, pequeñas respecto al territorio afectado, pero grandes en generación de dolor y tormentos, son en gran medida las responsables del actual incremento de homicidios en Medellín.
Los protagonistas de esos pleitos son combos que existen hace dos décadas y que, pese a los operativos de las autoridades, continúan perturbando la tranquilidad en las comunas de Robledo, Castilla, San Javier y Villa Hermosa.
De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), de la Secretaría de Seguridad, en lo que va de 2016 se han perpetrado 281 asesinatos, 30 más que en el mismo período de 2015, lo que implica un aumento del 12 % en este índice.
En su reciente informe de “Indicadores de Seguridad y Convivencia en Medellín” para el primer semestre del año, el ente señaló que el 45 % de los homicidios tienen como móvil las actuaciones del crimen organizado; le siguen los episodios ligados a la mala convivencia, con un 18 %.
Con razón el alcalde Federico Gutiérrez, al presentar un balance de la situación hace 12 días, manifestó: “cuando la ciudadanía reclama es porque tiene la razón, no vamos a negar que sí hay criminalidad en Medellín. De parte nuestra, está la decisión de luchar contra el crimen organizado”.
Choques de combos
En el último mes, los tiroteos han revivido los temores de muchos habitantes de la comuna 13 (San Javier), tristemente acostumbrados a escuchar el eco del balazo, seguido del alarido de dolor.
A la fecha, las muertes violentas se incrementaron un 100 % con relación al mismo lapso de 2o15, al pasar de 11 víctimas a 22.
Una de las principales causas parece ser una rencilla interna en “la Agonía”, una de las bandas más activas en la zona, con influencia en los barrios Antonio Nariño, El Socorro, San Javier N°1 y 2, El Salado y La Pradera.
El líder del grupo es Ronald Echavarría Arango, alias “Ronald”, quien está en la cárcel desde 2013. Según fuentes policiales, su poder comenzó a decaer cuando fueron capturados dos de sus mandos medios, “Pocho” y “Nías”, lo que produjo un reacomodo en los grupos ilegales del área.
Para el Sisc, las disputas han generado homicidios en vecindarios como El Salado, Las Independencias, Juan XXIII y La Quiebra.
La segunda guerra en miniatura afecta a la comuna 8 (Villa Hermosa), en especial a los barrios La Libertad, Villatina y San Antonio. Allí hay un choque entre los combos “San Antonio” y “la Libertad”, que en el pasado han reñido por esquinas del territorio para instalar sus ventas de droga.
Un informe de la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado precisa que ambas facciones pertenecen a la confederación denominada “Odín Caicedo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico). Sus máximos líderes serían Diego Muñoz Agudelo (“Diego Chamizo”), a quien el Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó en la Lista Clinton por su presunta relación con la organización mafiosa “la Oficina”; y Rubén Darío Ramírez Giraldo (“Monín”), detenido el pasado 30 de marzo.
Los motivos por los que los “San Antonio” y “la Libertad” están enfrentados, pese a integrar la misma agrupación, tendrían que ver con el control del tráfico de estupefacientes, lo que provocó algunos asesinatos en mayo.
Si bien esto genera zozobra, a nivel global la comuna no tiene un índice de muertes tan elevado. Van 11 casos.
Las otras dos disputas entre bandas ocurren en un cuadrante de apenas siete manzanas, en la frontera de las comunas de Robledo y Castilla, lo que ha convertido al sector El Hueco de la Candelaria en la zona más roja en términos de violencia homicida (ver el mapa).
Un horror que reaparece
Mientras camina entre un mar de niños curiosos, apartándolos con cariño para no pisarlos, la madre comunitaria enseña las cicatrices que los combos han dejado en su hogar infantil. “Desde hace un año, cada que había enfrentamientos las balas atravesaban las paredes de la casa. Por esa situación, algunas mamás dejaron de traer a sus hijos. Entonces me tocó reforzar el muro trasero”, señala la propietaria de la vivienda “blindada”, en un callejón de El Hueco de la Candelaria.
Este territorio, ubicado en la parte trasera del Cementerio Universal, está en el centro de una batalla a sangre y fuego entre criminales.
Además de este sitio, la crisis de seguridad afecta a los barrios y sectores vecinos, como Córdoba, López de Mesa, Altamira, Progreso, Nuevo México, Ciudad Central, Candelaria y la Quintana.
EL COLOMBIANO recorrió sus caminos, siendo informado por la comunidad de que cada uno de esos lugares está dividido por una frontera invisible. “A mí y a mi familia nos toca hacer un desvío de cuatro cuadras para coger el bus, porque no podemos salir de dos manzanas. Arriba están los de ‘la Matecaña’ y abajo los de ‘Córdoba’”, cuenta un residente de Nuevo México.
Las balaceras perturban a los lugareños desde los años 90, cuando fueron invadidos por un grupo de milicias; después sufrieron el rigor de los paramilitares (2000-2002), la batalla entre combos de “la Oficina” (2008-2011) y constantes retaliaciones por los odios que dejaron aquellas contiendas. “Llevo 40 años aquí y puedo contar más de 200 muertos”, reflexiona un vecino, y añade que hace meses tuvo que sacar del país a su hijo adolescente, porque un combo “lo tenía de esclavo cobrando ‘vacunas’”.
Un nuevo conflicto estalló a principios del año, teniendo como rivales a las bandas de “la Matecaña” y “Nuevo México”. El 14 de enero la vecindad sintió el primer round, cuando protagonizaron un tiroteo en la carrera 71 con calle 85A. Un proyectil sin rumbo atravesó una puerta y dejó herida a una niña de 7 años.
El hecho conmovió al alcalde Gutiérrez, quien la visitó en el hospital y escribió en su cuenta de Twitter: “Indignación es lo que siento. Acabo de visitar a Sofía y le pedí perdón en nombre de la ciudad”.
Aunque la Alcaldía y la Policía prometieron en ese entonces una intervención integral en el área, el problema empeoró, pues ahora no solo pelean “la Matecaña” y “Nuevo México”, sino que a una cuadra de distancia se desató un pleito diferente.
Los analistas de Inteligencia coinciden con la comunidad en la causa: hasta mayo, el dominio territorial lo ejercía la “Odín Robledo”, en cabeza de su coordinador de zona, alias “el Diablo”; no obstante, un grupo del barrio Córdoba se reveló a sus mandatos, lo que desató una oleada de asesinatos selectivos. La rebelión está encabezada por un comerciante informal, apodado “Gordo Arepas”.
Los vecindarios afectados son de estratos dos y tres, donde el bienestar y el empleo escasean; mas las bandas defienden a muerte cada esquina, ya que por encima del control territorial les representa lucrativos ingresos por el tráfico de narcóticos y el cobro de “vacunas” extorsivas.
Los pobladores denunciaron que los locales comerciales pagan de $10.000 a $30.000 semanales; a los carros particulares y “chiveros” les cobran $30.000 por el derecho a parquear en las calles, y $40.000 a los buses y camiones. El botín mayor son los parqueaderos públicos, que pagan hasta $270.000.
Fueron las diferencias de criterio sobre esos cobros las que provocaron que “Gordo Arepas” y sus seguidores renegaran de “el Diablo”.
Jóvenes armados
“Yo quiero mi vida, no me quiero morir. Por eso vendimos unas motos y unos carros viejos para comprar pistolas”, comentan dos jóvenes, con cara infantil y cansada, en una acera del barrio Córdoba.
Se identifican como miembros del grupo de “Córdoba”, disidentes de la banda de “el Diablo”. Según su versión, “Gordo Arepas” se cansó de la excesiva “vacuna” impuesta por el cabecilla, quien pretendía duplicar las tarifas. Incluso él debía pagarle un porcentaje de las ganancias de su negocio particular de arepas y quesitos, indicaron los “pelaos”.
“‘Gordo Arepas’ se cansó de eso, y a mí me mataron un hermano porque no quería trabajar con ellos, ¡entonces nos paramos!”, explica uno, agregando que son 25 disidentes, de 18 a 30 años de edad.
La reacción de su antiguo socio fue amenazarlos de muerte y con la quema de los locales. Para que quedara claro que hablaba en serio, al parecer mandó a incendiar una fábrica de icopor el 29 de junio, en la calle 71 con la carrera 65.
Y sus sicarios, venidos del combo “la Iguaná”, empezaron a ejecutar a los traidores. Los muchachos dicen que les han matado a nueve integrantes y hacen la cuenta: “la Lora”, “la Chinga”, “Cheroqui”, “Manta”, “Wimi”, “Roger”, “el Gordito”...
Ellos también han derramado sangre. “No vamos a mentir, si toca dar a uno de baja lo hacemos. Matamos a un pelao de allá, le decían ‘Lángara’, le disparamos en el barrio Caribe porque estaba cobrando ‘vacuna’ (julio 9)”, confesaron.
- “¿Y quién los entrenó?”, les pregunto.
- “Muchos de nosotros prestamos el servicio militar. Matar es fácil, simplemente hay que tener el corazón frío para hacerlo”, asevera el más adulto.
La conversación es tensa. Ellos dudan de cada ruido, pues afirman que de vez en cuando pasan los mercenarios de “el Diablo” en una moto Yamaha DT.
- “¿Son conscientes de que la Policía los va a perseguir?”.
- “Mi mamá llora todos los días, pero yo prefiero estar en la cárcel a estar muerto”.
Desde que comenzó esta matanza en junio, “Gordo Arepas” desapareció. Unos dicen que está escondido y otros que lo mataron.
La disputa en esta franja limítrofe disparó los homicidios en las dos comunas: Robledo ajusta 33 casos y Castilla 31. Son los registros más elevados después del centro de Medellín (comuna 1o), donde han matado a 52 personas por motivos diferentes (ver recuadro).
Lucha incansable
El alcalde Gutiérrez ha visitado dos veces El Hueco de la Candelaria, con su gabinete y comandantes de la Fuerza Pública. Hay refuerzos policiales y promesas de inversión social. “La estrategia es desarticular organizaciones, no solo capturar a un cabecilla. Y hay que evitar que otras estructuras lleguen al territorio recuperado, por eso es importante el trabajo de consolidación. No es solo llegar con la fuerza, sino con toda la oferta institucional, educación, recreación, empleo”, ha dicho.
El concejal del Centro Democrático, Simón Molina, cree que una de las causas de las disputas de los combos es la decisión de las autoridades de intervenir esos sitios problemáticos, y que los resultados se verán a largo plazo. “Los problemas se dan en la judicialización de los delincuentes. La extorsión evolucionó, no es la misma de hace 20 años, y es difícil de tipificar porque se necesita un denunciante, y como la gente teme denunciar, al juez no le queda otra que dejar libre a un cobrador de ‘vacuna’”, comenta.
Jesús Aníbal Echeverri, concejal del partido de la U., opina que la estrategia de seguridad no solo debe valorarse por el índice de homicidios, sino en el combate de otros factores, como la extorsión, “porque al fin de cuentas esas disputas entre bandas son para controlar los territorios donde se cobra la ‘vacuna’”.
El corporado cree que el Estado debe romper esa tendencia, según la cual la disminución o incremento de los asesinatos la deciden los criminales. “Si están bien entre ellos, hacen pactos y no pasa nada, pero si pelean, se disparan los homicidios. Eso no puede ser así”, anota.
En el Valle de Aburrá está vigente el pacto de no agresión entre “la Oficina” y “los Urabeños”, las macroestructuras que agrupan al 90% de los combos de la subregión. Este acuerdo clandestino produjo una reducción general de los homicidios desde 2013.
Sin embargo, eso no ha evitado el brote esporádico de pleitos intestinos, de esas guerras en miniatura que no dejan dormir a muchos medellinenses que, como afirma un residente del barrio Córdoba, “no hacemos sino esperar un ataque, porque ya nos dijeron que se iban a meter los del otro lado a tirarnos granadas”.
*Las identidades de los residentes
se reservan por seguridad.
15
mujeres asesinadas el primer semestre de 2016; son ocho casos menos que en 2015.
54
días sin homicidios hubo en Medellín en el primer semestre; 15 en marzo.
