Antes de la cuarentena, el refrán popular decía que “la justicia cojea, pero llega”. Ahora, los efectos de la pandemia le quitaron las muletas y le añadieron un pesado costal, lleno de deficiencias tecnológicas, riesgos de bioseguridad y trabas logísticas.
Esta percepción surge de varias entrevistas a funcionarios judiciales, litigantes, policías y defensores, realizadas por EL COLOMBIANO en el último mes, acerca de cómo están operando los despachos penales bajo el régimen de aislamiento.
Para comenzar, las audiencias presenciales se redujeron al máximo, con la excepción de los capturados en flagrancia (audiencias de control de garantías) y las solicitudes de libertad, tal cual quedó estipulado en el Acuerdo PCSJA20-11532 del Consejo Superior de la Judicatura. El público y los familiares no pueden entrar a las salas.
Los juicios orales, claves para establecer la absolución o culpabilidad de un sospechoso, se suspendieron, entre otras cosas por el riesgo sanitario que implicaría llevar testigos a un estrado.
Las audiencias de conocimiento son de carácter virtual, cuando la tecnología disponible para cada uno de los participantes lo permite, pues algunos no tienen dispositivos sofisticados o están lejos de la cobertura de internet, y con frecuencia se cae la señal o falla la grabación.
La Rama Judicial no cuenta con un software único para que se conecten los jueces, fiscales, defensores, procuradores y detenidos. Por lo tanto, usan las plataformas gratuitas disponibles en el mercado, como Hangouts, Teams, Zoom o videollamadas de Whatsapp.
Las audiencias de la actualidad deben tener en teletrabajo al juez, el defensor y procurador, y en algunos casos al fiscal, aunque no siempre. Tienen que escanear los documentos y compartirlos entre sí, lo que alarga su jornada.
El detenido y el agente que lo custodia se conectan desde el lugar de reclusión, lo que genera un problema. Gustavo Mora, director en Antioquia de Coldefensa (Colegio Nacional de Defensores Públicos), contó que “antes de la audiencia, a los defensores nos dan un tiempito para entrevistar a distancia al procesado, construir confianza y diseñar la estrategia jurídica de defensa. Eso debe ser estrictamente privado, pero uno ve por la pantalla que al lado del detenido están los policías o el fiscal. Esto viola la ley”.
El abogado litigante Julián Molina recordó que en Antioquia fue programada la Cuarentena por la Vida tres días antes de la decretada por la Nación, es decir, que los paisas se encerraron primero que el resto (marzo 22).
“Como no se sabía la magnitud de la medida ni la duración, muchos abogados y fiscales no tuvimos la posibilidad de sacar copias de los expedientes de los casos que llevamos, y cerraron las oficinas. Eso ha dificultado que algunas audiencias se dañen o se aplacen, porque no se pueden analizar ni debatir las pruebas del expediente”, lamentó.
Este diario buscó la opinión del Consejo Seccional de la Judicatura, pero no hubo respuesta.
Preocupa la bioseguridad
En la medida de sus posibilidades, las instituciones públicas les están entregando implementos de bioseguridad (guantes, tapabocas y trajes) a los funcionarios. Sin embargo, esta dotación no incluye a los capturados ni a sus abogados.
En las pocas diligencias presenciales que todavía se hacen, los guardias suelen estar junto a los imputados (para que no se escapen), al igual que los abogados, para explicarles los procedimientos. El peligro aquí es que los detenidos a duras penas cuentan con una mascarilla y están sometidos al hacinamiento en prisiones y calabozos.
De allí que los funcionarios le exijan al Estado elementos de bioseguridad para los procesados. “No se trata de proteger solo al detenido, sino también a los custodios y sus familias”, reiteró Mora.
La desprotección de los internos amenaza con expandir los contagios en las cárceles, como ya pasó en el penal de Villavicencio (Meta), donde siete guardianes y 15 reos contrajeron la covid-19, y de estos últimos ya han muerto tres.
A nivel nacional, el índice de hacinamiento carcelario es del 48.3%, con una sobrepoblación de 39.019 internos, según el Inpec.
En las salas de reflexión de las 24 estaciones policiales del Valle de Aburrá, hay capacidad para 350 capturados, y hoy albergan 1.790. La Policía informó que ya hizo labores de desinfección en sus calabozos y entregó implementos de aseo a los presos y custodios.
Para aliviar esa situación, la Presidencia de la República expidió el Decreto Ley 546 de 2020, que facilitará la excarcelación de por lo menos 5.000 personas, que incluyen embarazadas, adultos mayores, enfermos y condenados a penas menores a 5 años, entre otros.
El fiscal Luis Fernando Otálvaro, presidente del sindicato Asonal Judicial, dijo que con esa norma “se duplicará el trabajo de los jueces de Ejecución de Penas y Medidas”. Ellos son los que deberán resolver la avalancha de solicitudes de libertad que se vienen encima.
Otálvaro comentó que a la fecha no se han presentado contagios conocidos en la rama judicial de Medellín, aunque ya hubo dos sustos.
El primero ocurrió en un despacho de la Fiscalía ubicado en el edificio Veracruz, donde se realizó una diligencia en la que uno de los usuarios resultó sospechoso de covid-19. En consecuencia, tocó aislar al fiscal y cinco personas más, por prevención.
Algo parecido se presentó con un juzgado de control de garantías del Palacio de Justicia, en La Alpujarra, donde un empleado del despacho llegó procedente de España, uno de los epicentros de la pandemia. Por precaución, cuatro trabajadores fueron enviados a cuarentena, incluyendo al juez.
Sin grandes operativos
Según Asonal Judicial, antes del encierro, en promedio se realizaban 50 audiencias diarias de control de garantías en Medellín (legalización de captura y/o allanamiento, imputación de cargos, medida de aseguramiento); en la actualidad, el promedio oscila entre 10 y 12. En cuanto a las audiencias de conocimiento (juicio oral, lectura de fallo, etc.), antes eran 150 diarias en promedio y ahora 10.
En esta reducción influye una merma general del delito en la ciudad y el país, con caídas en los indicadores de homicidio, hurto y porte ilegal de armas, entre otros.
Y también, de acuerdo con las fuentes, sucede que ya no se están ejecutando operaciones con capturas masivas contra bandas delincuenciales. Un oficial de un grupo especial de la Policía, que solicitó la reserva de su nombre, señaló: “Los operativos masivos están parados, solo le estamos dando prioridad a la captura de algunos cabecillas”.
Un fiscal indicó que “todo está muy quieto, la mayoría de la Policía está enfocada en el control de la cuarentena. No veo solicitudes de allanamiento, apenas capturas en flagrancia, la operatividad está bastante reducida”.
Según la Policía Metropolitana, entre el 22 de marzo (inicio del aislamiento) y el 17 de abril, se produjeron 296 capturas por todos los delitos en el Valle de Aburrá, de las cuales 209 fueron en Medellín.
El coronel Ómar Rodríguez, subcomandante de esa unidad policial, dijo que “nuestras investigaciones se siguen desarrollando, no han parado, seguimos aportando pruebas, pero en lo operativo se priorizaron las capturas de blancos individuales”.
Aún con estas dificultades, la justicia trata de arreglárselas para seguir “llegando”, según el dicho, ya no cojeando sino por chat.
El jurista Mora, de Coldefensa, concluyó que “el mundo cambió con la pandemia, y también lo jurídico, estamos en un momento de adaptación, así que no solo hay que criticar”.
