Luego de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informara que demandará la resolución 0377 de 2024 del Gobierno Nacional que daría vía libre a las Áreas de Protección para la Producción Agrícola (APPA), limitando el uso de 250.000 hectáreas del Suroeste antioqueño exclusivamente para este fin, varios alcaldes de esa región se unieron al rechazo a esta decisión del Ministerio de Agricultura y manifestaron su apoyo al mandatario departamental.
Este martes 14 de enero se cumplió la cumbre presidida por Rendón, en la que participaron 16 de los 23 alcaldes del Suroeste, así como congresistas, diputados, representantes de gremios y dirigentes del departamento. Durante este encuentro, ratificaron que trabajarán conjuntamente para demandar la resolución, con el argumento de que el Gobierno Nacional no tiene la potestad de definir los usos del suelo en los municipios, pues esta sería competencia de los concejos de cada municipio.
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“Esta resolución se pasa por la galleta a la Constitución. En la Gobernación la demandaremos. Bloquean el progreso y desarrollo de una subregión cafetera, trabajadora, con vocación exportadora, minera, turística, muy atractiva para la inversión y esencial para el empleo y la productividad. La resolución del Ministerio de Agricultura deja a merced de un burócrata en Bogotá, que no conoce nuestra cultura, nuestro territorio, que desconoce la variedad climática y fertilidad de nuestros suelos”, sostuvo el mandatario departamental desde Ciudad Bolívar, municipio de esa subregión antioqueña.
Una de las críticas que hicieron en la cumbre fue que la resolución se planteó en Bogotá sin la vinculación de cada uno de los municipios de la región, lo que debió hacerse para tener en cuenta las características y vocación productiva de cada una, en vista de la variedad geográfica, agrícola y hasta cultural que hay en el departamento. “Recomendaron producir pimentón, sorgo, arroz, productos del agro que no son compatibles con los suelos de ninguno de estos 22 municipios”, señaló Rendón.
Por su lado, varios de los mandatarios locales dijeron que fueron desconocidas sus recomendaciones durante el proceso para sacar adelante esta resolución, en medio de las “pocas reuniones” que se realizaron para ese fin, con lo cual consideran que se vulneró la autonomía territorial.
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“No podemos permitir que el Ministerio de Agricultura nos quite nuestra potestad de decidir sobre nuestros territorios, ni a nosotros como autoridades locales, ni a nuestros campesinos. Gobernador, cuente con mi respaldo y apoyo como alcalde, y no tengo dudas que hablo también en nombre del Honorable Consejo Municipal, que nosotros no ahorraremos esfuerzos ni palabras para defender a nuestras comunidades (...) Igualmente, tenemos proyectos y está aprobado por el Concejo Municipal el tema de las parcelaciones; si tenemos unas parcelaciones y nos las coartan, ¿cómo va a ser el desarrollo de Ciudad Bolívar o de todo el territorio a nivel del Suroeste antioqueño y a nivel nacional?”, expresó por su lado León Darío Acevedo, alcalde de Ciudad Bolívar.
Desde que se generó esta polémica, desde el Ministerio de Agricultura han defendido la resolución, argumentando que las APPA priorizarán la cosecha de 49 alimentos y le daría un portazo a la minería, cuyo aterrizaje en el Suroeste marcó la agenda política desde hace 10 años. Sin embargo, las voces críticas se mantienen en su postura de que la aplicación de la resolución podría afectar la vocación económica de los territorios seleccionados y que podrían extenderse a hasta 250.000 hectáreas de los 23 municipios del Suroeste, el 39% de toda la subregión.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, intentó calmar la marea el fin de semana y contó que su despacho ha definido una zona de estudio para determinar las áreas que hoy garantizan el abastecimiento alimentario y allí, con posterioridad, se declararán las APPA. “Nuestra definición no limita actividades ni determina usos, y sí nos permite acercarnos a donde hoy se desarrolla la actividad agropecuaria para protegerla. No se restringen usos, no hay relación alguna con procesos de adquisición de tierras”, aclaró la ministra.
Pero en el Suroeste, varios de los alcaldes se mantienen en contra de la decisión de la mano del gobernador. El alcalde de Amagá, Wilser Darío Molina, sostuvo que, por ejemplo, su municipio es de vocación minera y que lleva más de 100 años explorando y explotando la minería: “¿Qué vamos a hacer con más de 5.000 familias mineras que tendrán que dejar?”.
En un sentido similar se pronunció el alcalde de Jericó, Sebastián Garcés, quien expresó que se debe hacer un estudio técnico con mucho rigor para tomar estas decisiones y opinó que en el caso de la polémica resolución no se dieron esas condiciones, porque tampoco se dieron espacios de participación suficientes con los municipios para lograr acuerdos aferrados a la realidad territorial.
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“En el caso puntual de Jericó, que tenemos 20.000 hectáreas, dos distritos de manejo integrado, alrededor de 5.000 hectáreas dedicadas a la conservación, tenemos más de la mitad del territorio destinado a la conservación de los recursos naturales; somos un pueblo patrimonio de la Nación, eso nos genera además otras conmutaciones, entonces muchas restricciones, nos sentimos honrados y orgullosos de todo ello, pero no podemos llegar con más restricciones a nuestras comunidades y en los sistemas productivos”, agregó.
