En las próximas semanas usted podrá ver en las calles personas con planilla en mano pidiéndole que firme para apoyar la realización del referendo de autonomía fiscal para las regiones, cuyo comité promotor ya fue avalado por la Registraduría Nacional mediante la Resolución 6343 y que pretende que los impuestos de renta y patrimonio se queden en los departamentos, con lo cual, por lo menos, se duplique lo que hoy reciben vía Sistema General de Participaciones (SGP).
En palabras más simples, se busca hacer un ajuste en la Constitución de Colombia para que las empresas y personas naturales tributen de forma directa a los departamentos en los que tienen su residencia, de modo que la llegada de esos recursos no dependa de forma exclusiva de las transferencias de la Nación.
EL COLOMBIANO conoció la resolución en la que la Registraduría consideró que la iniciativa cumplió los requisitos legales e inscribió a nueve ciudadanos como integrantes del comité promotor, entre ellos el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, el exministro Carlos Gustavo Cano Sanz, la exsenadora María del Rosario Guerra y el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga. También están Paola Astrid Rivera, Hilduara Barliza, Diego Alejandro Santos, Ana Lucía Villa y Aura Juliana Castañeda.
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“Es una iniciativa de un grupo de ciudadanos que creemos que se debe profundizar en la autonomía financiera y administrativa de los departamentos, así como está previsto que los municipios tengan sus propias rentas con figuras como el impuesto predial”, dijo a este medio la exsenadora Guerra, quien también manifestó que tras la aprobación de la Registraduría, el equipo coordinador de la iniciativa se centrará en la estrategia de financiación y en la metodología para recoger las firmas, que esperan comenzar a más tardar en la primera semana de agosto próximo.
Para ello, por ejemplo, no solo contratarán un equipo de comunicaciones que haga la estrategia de difusión de los detalles más importantes del referendo, sino que también buscarán apoyo de divulgación en exgobernadores, líderes de propuestas de descentralización y otros actores que les permitan dar a conocer la iniciativa en las distintas regiones del país y hablar de su importancia con la gente.
Al iniciar esta nueva fase, agregó Guerra, esperan lograr el grueso de la recolección de firmas antes de que culmine el plazo estipulado por ley, que va hasta el 28 de diciembre de 2024. Esto lo que ven de forma positiva en vista de que en este semestre que apenas comienza no hay campañas electorales ni otros procesos de esa magnitud que puedan entorpecer o distorsionar los objetivos del referendo.
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Cabe recalcar que este referendo, que es uno de los mecanismos de participación ciudadana que tiene el país, busca introducir una norma análoga y establecer un ingreso protegido de titularidad exclusiva de los departamentos y del Distrito de Bogotá, introduciendo un inciso y un parágrafo al artículo 298 que diga que solo los departamentos podrán gravar la renta y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas que allí residan.
Pero también se pretende que haya un elemento de equidad y subsidiaridad, de modo que aquellos lugares como Chocó, Guanía o Vaupés, que tienen menos desarrollo empresarial reciban rentas superiores a las que hoy reciben por las transferencias generales de la Nación. Guerra explicó que, en caso de que todo sea aprobado, deberá ser reglamentado por ley el porcentaje que debe ir a un fondo para subsidiar los faltantes de dichos departamentos.
Si a usted le piden que firme el referendo, tenga en cuenta que la planilla solo tendrá esta única proposición: “Se precisa que los impuestos sobre la renta y el patrimonio dejarán de ser impuestos nacionales y pasarán a ser departamentales y del Distrito Capital por mandato constitucional, por lo que los recursos que se deriven de su recaudo serán de propiedad de los Departamentos y el Distrito Capital de forma conjunta. Su distribución se hará atendiendo, entre otros principios, a los de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, equidad social, solidaridad territorial, eficiencia, lo que garantiza el carácter redistributivo y equitativo de dicho ingreso. Finalmente, el referendo se constituye como la única opción viable para llevar a cabo el cambio constitucional propuesto atendiendo a la existencia de un déficit de representatividad regional en las instancias nacionales y la falta de incentivos políticos y económicos en el Gobierno Nacional para profundizar la descentralización fiscal en favor de los departamentos”.
Desde el comité promotor precisaron además que la meta es recolectar por lo menos 4.000.000 de firmas de los ciudadanos, con el fin de llegar más sólidos a la revisión que luego se hace en la Registraduría como parte del proceso y en la que deben resultar como válidas por lo menos 2.027.199 rúbricas. La idea de recoger casi el doble es no tener inconvenientes, en vista de que en estas labores es normal que haya datos erróneos que luego son invalidados.
Y hay que tener en cuenta que las firmas solo son para apoyar la realización del referendo y, si estas son avaladas, luego se deberán surtir trámites en el Congreso de la República y revisión en la Corte Constitucional. Posteriormente, si estos pasos sale bien, se podrá convocar a una votación ciudadana en la que pueden participar todas las personas inscritas en el censo electoral. Para que la decisión del pueblo en un referendo sea de obligatorio cumplimiento, debe participar por lo menos una cuarta parte (el 25%) de los ciudadanos que componen el censo electoral.
En el caso específico de este referendo, según justificó en su momento el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en 2022 el departamento le consignó al gobierno nacional unos $30 billones y solo llegaron $5 billones para atender 123 municipios y dos distritos: “En educación, las transferencias del Sistema de Participaciones se van en pagos de salarios de maestros; y en salud, en el aseguramiento de la población más pobre a través del régimen subsidiado. Queda muy poco espacio para pensar en otras cosas”.
En el caso de Antioquia, por ejemplo, si llega a aprobarse el referendo, no recibiría $5 billones por Sistema General de Participaciones sino que podría recibir hasta $10 billones al año, es decir, duplicaría sus ingresos por SGP.
Por ello, para personas como Guerra, esta iniciativa es de suma importancia en cuanto a recursos directos para los departamentos y para no depender exclusivamente de las transferencias de la Nación, pero manifestó la necesidad de que se haga un riguroso seguimiento a la ejecución transparente de los recursos y a parámetros de subsidiaridad que permitan que estos ingresen a todos los departamentos de forma equitativa.
En este sentido, el comité promotor expuso que es necesario profundizar en la descentralización y la autonomía fiscal de los departamentos para que estos tengan mayor capacidad de administrar sus recursos, apropiarse de las fuentes de financiamiento disponibles y aumentar los estándares de transparencia, rendición de cuentas y ejecución de presupuesto para programas de inversión pública regional.
“También se ha probado que la descentralización tiene un impacto positivo en la provisión de servicios debido a una mejor asignación de recursos y mayor cercanía entre las autoridades y la población, implicando mejor información y rendición de cuentas. En cuanto a la literatura nacional, la evidencia disponible indica que la descentralización ha tenido efectos positivos en nuestro país”, indicaron en la exposición de motivos de la iniciativa.
Finalmente, señalaron que la idea de lograr la descentralización y la autonomía fiscal de las regiones solo es viable a través de un referendo, en vista de que aducen que hay un déficit de representatividad regional en las instancias nacionales y que faltan incentivos políticos y económicos en el Gobierno Nacional para sacar adelante esta idea en favor de los departamentos.
“Ello queda en evidencia ante los 12 proyectos de actos legislativos que se han hundido en el Congreso sobre el tema en los últimos años. El referendo es una de las tres vías previstas para reformar la Constitución Política y supone abrir la posibilidad para que los ciudadanos, en sus territorios, decidan sobre un asunto tan trascendental como el de profundizar la autonomía de los departamentos o mantener la tendencia centralista que hemos vivido en los últimos treinta años en contravía del espíritu original de la Constitución de 1991”, puntualizaron los líderes de esta iniciativa.
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