En respuesta al editorial publicado el pasado martes 2 de noviembre, titulado Medellín y el azote de la propaganda, el exalcalde Alonso Salazar planteó las siguientes reflexiones en torno al proyecto de Hidroituango y al proceso por responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría General de la República contra 26 empresas y personas naturales, entre las que se encuentra Salazar. Estos son algunos apartes:
“Es verdad que, con asesoría, el alcalde Daniel Quintero ha mentido sobre la crisis que se generó en Hidroituango haciéndola ver como un caso de corrupción. Una mentira de la que hicieron eco, de manera concertada, aliados políticos de Bogotá, opinadores a veces facilistas, a veces interesados, que han agitado el tema, y sobre todo funcionarios que han convertido el control en un arma para interferir la política, sirviendo al tiempo a intereses tan oscuros como atrevidos. En el editorial se formula una pregunta fundamental, ¿cuál es el afán del alcalde en cambiar los contratistas?
Una advertencia: hago parte del grupo 26 personas y empresas que la Contraloría General de la República declaró responsables fiscales del detrimento patrimonial que generó la contingencia. Cuando empezó la crisis de Hidroituango, en abril de 2018, aunque hacía más de seis años había terminado mi periodo de alcalde, dije que respondería sobre mis actuaciones en los organismos de control. A lo largo de este tiempo, evité hacer declaraciones en un ambiente tan controversial y enrarecido, con tantos oportunistas aprovechando el río revuelto. Pero ahora, a más de tres años, ante una evidente manipulación de la investigación por parte de la Contraloría General de la Nación, siento la responsabilidad de pronunciarme (...)
El alcalde Quintero sabe que en la investigación de la Contraloría no aparece la palabra robo o corrupción, pero aprovecha la legítima expectativa social de conocer la verdad para confundir. Si Quintero miente al estilo Gobbels, como dice el editorial, en el caso de la Contraloría, a estas alturas, es notoria la arbitrariedad con la que se han incluido y excluido responsables, dando la razón a quienes aseguran que detrás hay una motivación política. Y me sumó a otros encausados que han denunciado falta de garantías y prejuzgamiento, logrando con tutelas y recusaciones, suspender momentáneamente los acelerados tiempos del proceso. La Contraloría revienta la lógica al calificar decisiones técnicas tomadas con el aval de especialistas, como prueba de responsabilidad “grave”, como si esas decisiones tuviesen la intención calculada de hacer daño. O, desde otra perspectiva, la lógica de la Contraloría supone que, ese es mi caso, debí impedir que se ejecutaran decisiones tomadas por consenso por los expertos.
La contingencia se produjo en abril de 2018, diez años después de que se tomaron las primeras decisiones para hacer factible la obra. Hay que subrayar que antes de esto no hubo observaciones, ni de autoridades administrativas o de control, de ninguna ía, ni estudios académicos serios que advirtieran de algo, de errores o irregularidades. Después de 60 años de ser concebida esta hidroeléctrica estaba cerca de ser una realidad, que daría orgullo a constructores y lustre a los gobernantes del momento. Hay informes institucionales que certifican que, en ese inicio del 2018, se estaba cumpliendo con el cronograma y con el presupuesto, cosa admirable en una construcción de esta magnitud (...).
