El alcalde de Santa Rosa de Osos, Bernardo Molina Granda, no esperó cumplir ni una semana en el cargo para meterse en camisa de once varas.
Resulta que la concejal Valeria Ramírez denunció la semana pasada la decisión del alcalde de convertir el parque educativo Neurona en una sede para alojamiento de integrantes del Gaula.
El parque educativo Neurona fue uno de los 80 parques construidos en el departamento como el programa bandera de la gobernación de Sergio Fajardo, unos espacios que en muchos municipios nunca terminaron de encajar y acabaron convertidos en edificios sin uso y en deterioro.
Sin embargo, la concejal señala que el parque Neurona desde su entrega en 2015 siempre ha sido un espacio plenamente funcional que ha prestado un servicio de formación, educación, cultura y recración a los habitantes, tal como había quedado establecido en el acuerdo 007 de 2015 del Concejo de Santa Rosa.
Por eso hubo desconcierto, señaló la concejal, cuando el 4 de enero el alcalde recorrió el parque con integrantes del Gaula, el 5 de enero fue a tomar medidas al lugar y el 9 empezó a demoler parte de la edificación con el fin de convertirlo en una sede del Gaula y acabarlo como espacio para la educación y la cultura.
Efectivamente, el alcalde reconoció en Teleantioquia que su objetivo es entregar el edificio para que el Gaula se establezca allí, y aseguró que esto surgió luego de una reunión con 25 ganaderos en la que se concluyó la necesidad de Santa Rosa de tener un apoyo inmediato y sólido de las autoridades por los problemas de seguridad que enfrenta y la presencia de actores armados como el Clan del Golfo y las disidencias.
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Según la versión del alcalde, el parque no ha servido en lo absoluto al municipio, ni se ha adelantado ningún proyecto de investigación –para lo que fue concebido– y ni siquiera tiene mobiliario básico para operar. Por todo esto, su conclusión fue que Santa Rosa vive igual con o sin el parque educativo Neurona, por lo que en su concepto lo lógico es que pueda usarse para enfrentar los problemas de seguridad que, según él, es su prioridad.
El alcalde aseguró, además, que la polémica que surgió y que llegó a oídos del exgobernador Fajardo, quien lo calificó como un “bárbaro”, ha sido infundada pues esto solo es una idea y no ha hablado con la Gobernación de Antioquia ni estudiado jurídicamente la viabilidad de cambiarle la razón social al parque.
Sin embargo, la concejal refutó las afirmaciones del alcalde y mostró videos como soporte de sus reclamos. Por ejemplo, Ramírez evidenció que el parque sí está amoblado y dotado con equipos como cámaras profesionales y computadores, además de equipamiento para la recreación y el deporte. Señaló que el año pasado 6.300 personas fueron impactadas por el parque educativo y que, además, a lo largo de los años la Universidad de Antioquia, Comfama, Comfenalco, el Parque Explora y otras organizaciones han adelantado proyectos y espacios formativos orientados a la ciencia y la tecnología involucrando a los estudiantes del municipio.
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Varias personas, entre docentes e investigadores, respaldaron en redes sociales las declaraciones de la concejal sobre la funcionalidad que ha tenido el parque desde su construcción.
También señaló Ramírez que el alcalde mintió al decir que entregarle el parque el Gaula apenas es una idea y que no han adelantado ninguna acción al respecto, a la espera de conversar con las autoridades departamentales y revisar la parte jurídica.
Los videos compartidos evidencian que parte del parque fue demolido en los últimos días, según la concejal, con el fin de construir alojamientos, duchas y cocineta para los uniformados. Incluso personas cercanas a la administración dieron como un hecho la presencia del Gaula en el parque de manera inmediata y el secretario de Educación, asegura la corporada, les confirmó que el parque estaba pensado para tener uso habitacional de los agentes.
También aseguró que el mandatario faltó a la verdad al asegurar que lo que decidan hacer será concertado y protegido por el marco de la legalidad. Y es que según Ramírez, la intervención que comenzaron la semana pasada y que solo suspendieron tras el escándalo que se levantó, se estaría haciendo sin que medie ningún contrato, ni estudio previo ni aval del Concejo.
La concejal citó una respuesta que le entregó la alcaldía en la que aseguran que “se van a citar a sesiones extraordinarias del Concejo municipal para aprobar un nuevo acuerdo y por eso hay que adelantarse a las obras”, tras lo cual cuestionó Ramírez si no es necesario, por ley, cambiar primero la razón social del parque para convertirlo en alojamiento de fuerza pública.
Otro punto problemático es que hace apenas un mes se entregaron unas obras de remodelación del parque, orientadas a fortalecer su objetivo como espacio educativo, por un valor de $70 millones, por lo que también cabría en la polémica un presunto detrimento patrimonial.
Además de Fajardo, otros políticos rechazaron la decisión del alcalde Molina, como el diputado Camilo Calle, quien anunció que le pondrán la lupa al tema. La Gobernación, sin embargo, no se ha pronunciado al respecto.
