Tras 20 años de intentos casi fallidos de cambiarle la cara al sector de Naranjal, en julio del año pasado el gobierno de Daniel Quintero presentó lo que sería la salvación: un grupo de empresas que se meterían a ese plan medio fracasado.
Hoy esas firmas que prometían destrabar el proyecto de renovación de una zona clave de la ciudad tienen tan poco respaldo y credibilidad que no han podido conseguir un crédito de 5.800 millones de pesos. Por ese motivo, las obras están estancadas, los trabajadores sin pago y la obra vuelve al punto donde estaba hace seis meses. En otras palabras, son otros seis meses perdidos y un nuevo fiasco para la Alcaldía de Medellín, que es la dueña del proyecto, a través de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).
La noticia ahora, según conoció EL COLOMBIANO, es que el contrato entre la EDU y el consorcio CAN 21 acaba de ser suspendido hasta que se resuelvan los problemas financieros, lo cual significa un nuevo fracaso para la cuestionada empresa que hace parte del conglomerado del Municiipo de Medellín.
Según explican las partes en un documento del 17 de julio pasado, de común acuerdo tomaron la decisión porque “las dinámicas de ventas y el recaudo del proyecto no han sido las previstas, sumado a que los trámites de financiación efectuados por el consorcio CAN 21 no han generado resultados positivos”.
Es decir, ¿Se descubre ahora que entregaron el contrato a un consorcio que no tenía como sacarlo adelante?
En enero pasado, cuando se firmó el contrato, el gerente de la EDU, Wilder Echavarría, le hizo fiestas al anuncio de que CAN 21 tenía el músculo financiero suficiente para aportar 40.000 millones de pesos. Esa era la cifra mágica para terminar la unidad de actuación urbana 2 del Naranjal, la primera de cinco zonas en las que fue dividido este plan de renovación urbana que fue el primero formulado en Colombia, en el año 2000.
A la Unidad 2 le falta terminar detalles en la zona comercial, de oficinas y de 120 apartamentos ya levantados, así como la construcción de otras 120 alternativas de vivienda.
Finalmente el contrato se firmó por 33.890 millones de pesos, de los cuales el Consorcio debía depositar $5.800 millones antes del 30 de abril para comenzar los trabajos, un requisito que ha tenido dos prórrogas para el 30 de junio y 15 de agosto.
Pero de manera extraña y adelantándose un mes al vencimiento del último plazo, las dos partes optaron por suspender el contrato. Es decir, pasó medio año y no lograron cumplir con el primer compromiso.
Expertos consultados por EL COLOMBIANO indicaron que la EDU hubiera podido tomar el camino de declarar la caducidad, lo que significaría una terminación abrupta, activar pólizas y posibles sanciones para CAN 21, toda vez que en realidad ha incumplido sus compromisos: no ha ejecutado trabajos ni aportado recursos y además tiene varias demandas de empleados por no pagar salarios y prestaciones sociales.
Pero la EDU optó por la suspensión que permite retomar la relación contractual en cualquier momento sin consecuencias económicas para el contratista.
Como si el trato condescendiente fuera poco, también la EDU se hizo la de la vista gorda con una sanción que pesa desde el 28 de junio contra JLX Proyectos, el socio más solvente del consorcio CAN 21, que la inhabilita para contratar durante cinco años con el Estado y la obliga a ceder a terceros los contratos que tenga vigentes con el sector público, como el de Naranjal.
A JLX le declararon incumplimientos graves en un contrato para construir la planta de tratamiento de aguas residuales en Palmira (Valle), lo cual daría motivo para determinaciones más drásticas que la suspensión que se dio veinte días después en Medellín.
Algunos le atribuyen ese trato algo laxo de la EDU a la aparente cercanía de su cúpula administrativa con las directivas de las firmas que conforman a CAN 21 y en especial con un personaje enigmático que sería el poder detrás del poder en las compañías contratistas del Naranjal. Se trata de Harold René Camacho Romero, un hombre de 42 años de edad, que siempre viste de negro y anda en un lujoso Mercedes Benz AMG.
Testigos relataron que hacia la tercera semana de abril, el gerente de la EDU, Wilder Echavarría, y el subgerente de Operación Urbana e Inmobiliaria, Carlos Maya, viajaron a Bogotá y estuvieron todo el día en la sede de JLX en una reunión animada de negocios de la que salieron alicorados para retornar a Medellín.
“Eso nos ofendió mucho, porque a nosotros hacía dos meses que no nos pagaban”, le dijo un exempleado a este diario.
Los ‘mimos’ para CAN 21
El Plan Parcial de Naranjal se pensó desde 1999, en la administración de Juan Gómez Martínez para revitalizar un sector clave de la capital antioqueña cuyos referentes son la carrera 65, la autopista regional, la calle San Juan y el viaducto del metro. La intención desde siempre ha sido convertir en residencial un sector en el que abundan talleres, talabarterías, tapicerías, cantinas y restaurantes. Para hacerlo viable, se planteó en ocho etapas -las llamadas UAU, de las cuales se ha iniciado la número 2 que consiste en cuatro torres con 240 apartamentos —se han hecho 120— más un área de oficinas y otra comercial, pero esta, que ya tenía serios retrasos en tiempos, quedó estancada hace tres años a raíz de que la firma ejecutora, CASS, se vio afectado por el coletazo del escándalo de corrupción de Odebrecht que le generaba inhabilidad para continuar.
En 2019 la EDU demandó a CASS por $51.000 millones, debido a sus incumplimientos, en un caso que está pendiente de fallo en el Tribunal Administrativo de Antioquia. A estas alturas y con tanto inconveniente, el proyecto era poco atractivo para los inversionistas y constructores, lo cual dificultaba encontrar quién terminara la UAU2 y acometiera totalmente la UAU3. Por eso fue una sorpresa cuando el alcalde Daniel Quintero anunció el reinicio de trabajos, en enero de 2022, en cabeza del Consorcio Arrabal-Naranjal (CAN 21), en aquella época compuesto por JLX, Grupo Qualitas Corp sucursal Colombia, La Zona Compañía SAS y Solutec Ingeniería SAS. y que según se dijo, invertiría los 40.000 millones de pesos que eran necesarios. La firma BTL Development, tenía la importante misión de promover y comercializar el proyecto, adicional al cobro de la cartera que había en mora por $27.000 millones.
La meta era concluir la unidad 2 en 14 meses, es decir para abril de 2023, un completo desafío, sobre todo considerando el pasado oscuro del proyecto.
En los albores de 2022 se dijo oficialmente que los trabajos habían reiniciado, pero la realidad confirmada por vecinos y extrabajadores de la obra es que el consorcio se limitó a hacer reparaciones con el fin de dar la sensación de actividad y animar así a nuevos compradores.
Entre tanto, los primeros ocupantes sumaban incomodidades, al punto de que, el primero de abril pasado, el Tribunal Administrativo de Antioquia, el más importante arrendatario del Naranjal, evacuó ante el hastío con goteras convertidas en chorros de agua que no daban tregua.
Fuentes que han estado relacionadas con el proyecto le contaron a este diario que las ventas no despegaron y por eso tampoco hubo con qué comprar materiales ni con que pagar nómina y prestaciones de un puñado de obreros así como de unos pocos ejecutivos de la sala de ventas, hasta que las actividades quedaron paralizadas por completo, casi cuatro meses atrás.
“Ahora el argumento para que les concedan un plazo —a través de la declaratoria de suspensión del contrato— no puede ser que no hubo ventas o pagos, porque para eso son justamente los $5.800 millones que debe aportar el Consorcio, para costear los gastos mientras que hay flujo de caja”, le dijo una fuente conocedora a este diario.
Ya la EDU le había permitido a CAN 21 modificar la composición accionaria, aparentemente con el fin de que quedaran solo las compañías más boyantes (JLX con 51%, Qualitas con 34% y Solutec con 15%) superando el escollo financiero y de aseguramiento.
Un camino de tropiezos
El director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura seccional Antioquia, José Fernando Villegas, recuerda que desde un principio hubo prevención del gremio con la entrega del contrato del Naranjal. “Nos sorprendió porque no fue un proceso con participación de muchos oferentes y la firma a la que le adjudicaron no era conocida en el sector para ejecutar ese tipo de proyectos”, dijo.
El desenlace actual parecía predecible, a juzgar por los antecedentes, en los que se puede observar que los socios de CAN 21 harían parte de un entramado de doce firmas, algunas de ellas relacionadas con la familia de Camacho Romero.
Aunque su nombre no aparece en documentos, varias fuentes aseguran que este es quien mueve los hilos del tinglado. Además, su teléfono celular está referenciado como número para notificaciones en el registro de constitución de JLX, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Su hermano Yecid Alexander Camacho Romero figura como cabeza de Grupo Qualitas Corp., otra de las firmas del consorcio, y su sobrina Vivian Andrea Prada Camacho funge de representante legal del JLX y CMS Desarrollos; por su parte la ex esposa y madre de sus dos hijos, Andrea Hernández Garzón, es la cabeza en documentos de BTL Development.
En los registros, las cuatro anteriores comparten sede en la torre E del edificio North Point (norte de Bogotá).
Periodistas de EL COLOMBIANO visitaron el lugar y al preguntar por BTL los vigilantes dijeron no conocer esa empresa. Hace unas tres semanas las firmas del grupo -que valga decir no está reportado como tal en la Supersociedades, como debería- entregaron una de las dos oficinas que ocupaban en el moderno complejo y liquidaron a la mayoría de los empleados, lo cual genera dudas sobre la solvencia actual.
Además de ser aficionado a ejercer el poder tras bambalinas, Harold René ha sido prolífico en líos financieros y pleitos familiares. En Data Jurídica le figura que ha tenido más de una decena de anotaciones de demandas de bancos y aseguradoras; otras dos en juzgados de familia en las que lo acusó su exesposa, la representante legal de BTL, y otra en la que él le devolvió el “favor”.
La incógnita ahora es cuál será el nuevo plan para sacar la Naranjal del atolladero y cuáles los guarismos de la EDU para determinar la fecha de finalización.
EL COLOMBIANO buscó las versiones de la EDU y las firmas del contrato de Naranjal pero no contestaron
5.800
millones de pesos, el monto que no ha podido conseguir el consorcio constructor.
