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Procuraduría le abre investigación al inspector de Policía de Nechí, Antioquia, por presuntamente recibir un soborno

El acusado es Damier Cediel Palomino Chaves, quien fue separado de su cargo mientras avanza la investigación.

  • El uniformado fue suspendido provisionalmente de su cargo. Foto de referencia: Julio César Herrera Echeverri
    El uniformado fue suspendido provisionalmente de su cargo. Foto de referencia: Julio César Herrera Echeverri
11 de junio de 2024
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El inspector de la Policía del municipio de Nechí, Bajo Cauca antioqueño, Damier Cediel Palomino está siendo investigado por la Procuraduría General de la Nación, por presuntamente recibir un soborno por parte de un ciudadano.

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Al parecer, Cediel Palomino le impuso un comparendo a un ciudadano del municipio por una agresión física y, en lugar de pedirle al ciudadano que pagara la respectiva multa en los canales oficiales para hacerlo, pidió que le consignaran a su cuenta bancaria personal.

El Ministerio Público le solicitó a la administración municipal las pruebas del funcionario investigado: copia del recibo de consignación, certificación bancaria de la cuenta personal, copia de la cédula de ciudadanía y de la Resolución por medio de la cual fue nombrado en el cargo de inspector de policía.

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La Procuraduría suspendió a Palomino Chaves como parte de la investigación disciplinaria.

No obstante, algunos casos recientes y conocidos sobre presunta corrupción por parte de uniformados de la Policía, han terminado en la impunidad.

Por ejemplo, hace aproximadamente un año el país se indignó tras conocer el video de cómo dos uniformados extorsionaban a un ciudadano y tras ser descubiertos por sus compañeros se comieron los billetes que acababan de recibir.

Uno de los uniformados, Miguel Mauricio Reyes habría ingerido un billete de $100.000 y ocho de $50.000 antes de descubrirles la coacción, haciendo que fuera trasladado al hospital más cercano para extraerle este material que ponía en riesgo su salud.

Si bien Reyes tuvo que enfrentar una investigación judicial por los hechos, el mes pasado se supo que el uniformado quedó libre por vencimiento de términos.

Esta decisión preocupó a las víctimas que denunciaron el caso, ya que manifestaron que los agentes exigían 2 millones de pesos para liberar a uno de sus familiares, cifra que aumentaba con el tiempo llegando a los $5 millones, que debían pagarse semanalmente de a $500 mil.

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