Son muchas las denuncias de posible corrupción que rodean a la Alcaldía de Medellín y ahora la Procuraduría General de la Nación le ha puesto los ojos a tres de ellas, abriendo investigaciones formales que podrían terminar en medidas disciplinarias para personas claves en la administración de Daniel Quintero. Incluso, un par de estas indagaciones —supo EL COLOMBIANO— ya tienen un trecho bastante avanzado en la Fiscalía.
Entre los casos está la contratación de la Secretaría de Educación con Colombia Avanza para la atención de la alimentación de los niños beneficiarios del programa Buen Comienzo, y donde había un sobrecosto mínimo de 700 millones de pesos, con una atención mucho menor a la que se había presentado en alcaldías anteriores.
La Procuraduría también le puso el ojo al descuido en el que cayeron los jardines de la ciudad, cuando en 2020 la Alcaldía le quitó ese contrato al Jardín Botánico y se lo entregó a Metroparques, que para esa misión amplió su objeto social en julio del 2020, bajo el argumento que la pandemia había dejado sus finanzas por el suelo y necesitaba recibir nuevos contratos, además de que supuestamente tenía personal para hacer los trabajos. Meses después subcontrató con la reforestadora El Líbano por $3.900 millones, en una cesión que dejó mucho que pensar y a los jardínes manga por hombro.
Y, finalmente, el ente de control —aunque consideró que no hay méritos para abrir algunas puntas de la investigación que le pide la veeduría Todos por Medellín— está investigando lo que sucede con los contratos en el Hospital General, donde se examina si la entidad está comprando bienes que eran obligación del contratista, lo que configuraría un detrimento patrimonial.
Para Piedad Patricia Restrepo, vocera de la asociación Todos por Medellín, es para celebrar que por fin la Procuraduría haya mirado las denuncias que la ciudadanía ha llevado hasta los entes de control. “Nosotros estamos pidiendo que se entienda cómo funciona la corrupción, que no se trata solo de hacer una análisis documental; hay que tener en cuenta los antecedentes, si hay direccionamiento o no, como estaría pasando con el Hospital General”.
Restrepo también señala que muchos de los casos que hoy reposan en despachos de la Procuraduría y de la Fiscalía antes pasaron por la Personería Municipal, sin embargo no pasó nada con ellos. “Estamos muy descontentos con el rol de la Personería de Medellín, pues anuncia mucha apertura de investigación, pero no cierra ninguna”.
Y es que hay varias denuncian que señalan como la Personería en algunas ocasiones desatienden las quejas de presunta corrupción al interior de la Alcaldía. Dice Piedad Patricia Restrepo: “Pusimos una denuncia que nunca recibieron porque no encontraban los correos electrónicos; luego brindaron una cuenta para envío y esa misma estaba clausurada por poca capacidad. Es insólito”.
Sobre estas denuncias, el alcalde Daniel Quintero ha sido cuestionado varias veces por la ciudadanía y los medios de comunicación, sin embargo, nunca hay explicaciones. Les contamos qué está investigando la Procuraduría.
¿Contratos a la medida en el General?
La investigación se abrió el 1° de septiembre en contra de Mario Fernando Córdoba, director del Hospital General de Medellín, Erika María Pino, directora de apoyo logístico, y Tatiana María Arcila, supervisora del contrato por servicios de alimentación que el hospital firmó en diciembre del 2020 por $12.466 millones de pesos con la Corporación Ser Colombia. Este y otro contrato para la prestación del servicio de aseo y mantenimiento de la sede, firmado en el mismo año por $13.422 millones con la Fundación Asís, son en los que se han presentado notables irregularidades según la veeduría Todos por Medellín.
El primero de estos contratos, el de aseo y mantenimiento, fue suscrito en septiembre de 2020 entre el Hospital General de Medellín y la Asociación Asís por un periodo de tres años y dos meses, hasta el 31 de diciembre de 2023. Las fundadoras de Asís —Cruz Helena y Marleny Serna Arias— son cuñadas de Óscar Manuel Villegas, líder de un poderoso clan que ha tenido grandes contratos —y escándalos— en el sector de la salud en Antioquia.
En febrero del 2019, la Asociación Asís nombró como representante legal a Daniela Serna Serna, sobrina de la esposa de Villegas, quien estuvo en el cargo hasta junio de 2020 cuando se eliminaron de la junta a todos los miembros relacionados con la familia Serna.
Un mes después, a falta de pocos días para la firma del contrato con la Fundación Asís, Daniela Serna fue contratada como auxiliar administrativa en el Hospital.
En su momento, la veeduría cuestionó que para este acuerdo no se hubiera hecho una invitación pública sino privada. El hospital invitó a tres empresas a participar, de las cuales solo la Fundación Asís quedó habilitada, pues una de las compañías decidió no participar y la otra quedó inhabilitada.
Sobre el otro contrato, el de prestación de servicios de alimentación firmado en diciembre del 2020 con la Corporación Ser Colombia por más de $13.000 millones, la veeduría alertó que los requisitos de la convocatoria estuvieron hechos a la medida de quien finalmente quedó elegido. Por ejemplo, a diferencia de como se había hecho en la convocatoria anterior para el mismo fin, esta vez no se exigió experiencia reciente en el servicio de alimentación para hospitales de tercer nivel —como es el General— sino que se rebajó a centros de segundo nivel.
Todos por Medellín puso en conocimiento de la Procuraduría estas y otras denuncias que podrían significar irregularidades en estos procesos de contratación. Sin embargo, después de la indagación preliminar —que incluyó una visita al hospital, inspecciones disciplinarias y revisión de documentos oficiales— el ente de control desestimó diez de las posibles conductas irregulares presentadas por la veeduría. El único hecho “disciplinariamente relevante” que encontró la Procuraduría fue que el Hospital habría adquirido unos bienes —un carro en acero inoxidable para transportar la comida y 30 bandejas— que eran obligación de Ser Colombia y que le costaron al Hospital más de 30 millones de pesos que no tendría porqué haber pagado. Todos por Medellín ya presentó una apelación a esta resolución de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría.
¿Contrato a dedo para alimentar a los niños?
También el pasado 1° de septiembre se abrió una investigación disciplinaria a Martha Alexandra Agudelo Ruiz, secretaria de educación de Medellín, y a Lina María Gil Zapata, directora técnica del programa Buen Comienzo. Este proceso también nace de una denuncia hecha por Todos por Medellín. La veeduría se había quejado de un posible sobrecosto de un contrato firmado entre el municipio de Medellín y la Corporación Colombia Avanza para la atención de la modalidad familiar de Buen Comienzo en el 2020 por más de $20.000 millones de pesos.
La veeduría denunció que, con el fin de favorecer al contratista, la Secretaría de Educación no usó la modalidad de contratación establecida por la ley con entidades sin ánimo de lucro —como sí lo hizo con los demás oferentes del programa— sino que usó la figura de contratación por prestación de servicios. Al usar esta modalidad de contratación, el Municipio, dice la veeduría, perdió plata. Pues Colombia Avanza no tuvo que hacer los aportes de contrapartida que sí hicieron el resto. Asimismo, Todos por Medellín denunció que Buen Comienzo fue más flexible con los requisitos exigidos.
Después de la realizar la indagación preliminar —que empezó en enero y terminó en julio de este año— la Procuraduría decidió abrir investigación contra las dos funcionarias por participar en la elaboración del contrato entre el Municipio y Colombia Avanza, pues consideró que no se hizo un análisis lo suficientemente amplio para justificar la modalidad escogida de contratación. Según esta entidad, solo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar puede contratar de manera directa con entidades sin ánimo de lucro este tipo de servicios, de manera que la Alcaldía de Medellín debió celebrar este proceso mediante la modalidad de concurso de méritos.
Por último, la Procuraduría consideró que en los estudios previos del sector económico —donde se analiza la pertinencia del contrato y sus potenciales costos—, en los que participó Lina Gil, no se había hecho el análisis completo de acuerdo a los criterios de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.
El informe de Auditoría Financiera y Gestión del Municipio de la Contraloría de Medellín para el 2020 encontró que el presupuesto oficial del acuerdo estaba sobreestimado en el valor de los alimentos y que el presupuesto del paquete alimentario se hizo por un valor global y no teniendo en cuenta el costo de cada producto. De manera que Colombia Avanza pudo cambiar —o eliminar— algunos productos presupuestados por unos de menor calidad sin que esto cambiara el valor que recibieron por cada paquete.
¿Tres propuestas “gemeleadas” y los jardines al garete?
En este caso quienes están siendo investigados son Natalia Urrego, secretaria de infraestructura física de Medellín, y Jorge Enrique Liévano Ospina, gerente de Metroparques. El motivo son las presuntas irregularidades del convenio que esta entidad firmó con la empresa Reforestadora el Líbano S.A.S en noviembre del 2020, días después de que la Alcaldía de Medellín le quitara el contrato de poda y jardinería de la ciudad al Jardín Botánico —entidad que había hecho esa labor en la ciudad durante 48 años— para dárselo a Metroparques, cuya experiencia en estas labores era nula. El valor del convenio celebrado entre la Alcaldía y Metroparques fue de $5.250 millones y el del subcontrato entre Metroparques y El Líbano fue de 3.900 millones ( un 75% del valor del contrato original).
Para esta subcontratación, Metroparques invitó de manera privada —lo que parece ser todo un modus operandi en la Alcaldía— a tres empresas a participar en el proceso: El Líbano S.A.S, Construgeo S.A.S y Mascampo S.A.S. Según Todos por Medellín, las tres empresas tendrían el mismo beneficiario en común, pues al parecer pertenecen al mismo grupo familiar, lo que significaría una colusión. Asimismo, la veeduría encontró que las ofertas presentadas por Construgeo y Mascampo eran idénticas, lo que se conoce en el mundo de la corrupción como “ofertas gemelas”, por esto último hay abierto actualmente un proceso penal.
Según el auto de apertura de la investigación disciplinaria emitido por la procuraduría el pasado 26 de agosto, el objetivo de la pesquisa es determinar si en efecto el objeto social de Metroparques es acorde con la finalidad del contrato firmado con la Alcaldía, también determinar si en efecto hay o no vínculos entre los socios de las S.A.S invitadas a participar en el convenio, y si en efecto dos de las tres propuestas eran “gemelas”.
De acuerdo con el Registro Único Empresarial (Rues) y uno de los contratos laborales de El Líbano S.A.S —matriculada en Andes, Antioquia—, su gerente es Luz Eliana Henao, quien funge como representante legal de la sociedad y es, por tanto, la cabeza a cargo de su gestión administrativa. Henao es esposa de Asdrúbal Vélez, dirigente liberal de Andes, y madre de Stiven Vélez, concejal del municipio por la misma corriente política. Según El concejal de Medellín Daniel Duque, los Vélez Henao hacen parte del equipo de Luis Carlos Ochoa, diputado y presidente de este partido en Antioquia, quien además ha manifestado públicamente su apoyo al actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
