A Miladys Restrepo García le tocó recoger el cuerpo de su hermano Wilmar de Jesús con la presión de que no podía llorar. Esa fue la orden que le dieron los paramilitares el 25 de octubre de 1997, cuando llegaron al corregimiento El Aro, ubicado en Ituango, y cometieron una de las peores masacres de Antioquia.
Tuvo que aguantar el dolor de verlo tirado en una calle del pueblo, a donde otros vecinos lo trasladaron tras recogerlo muerto en la carretera, y soportar que lo ultrajaran, a patadas, mientras le decían que era un guerrillero. William de Jesús tenía solo 14 años y el último día de su vida estaba sembrando fríjol.
Han pasado 25 años desde esa masacre, en la que fueron asesinadas 14 personas, se dividieron hogares, se desplazaron varias familias y se arrasó con la vida del pueblo. Y han pasado 16 años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), le ordenó al Estado colombiano pedir perdón, tras establecer que el hecho se cometió en connivencia entre “paras” y agentes estatales. Solo este miércoles 30 de noviembre se cumplió dicha orden.
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En el Museo Casa de la Memoria, en Medellín, fue el acto simbólico en el que el presidente Gustavo Petro, nombrando a las víctimas una por una, pidió perdón en nombre del Estado. “El Estado colombiano reconoce que los muertos no eran enemigos de nadie, era gente humilde y trabajadora, que los mataron porque sí, por designio del poder, y que en sus muertes, en La Granja y en El Aro, estuvo el Estado presente, fue cómplice del asesinato”, dijo.
La ceremonia estaba dirigida no solo a las víctimas de El Aro, sino también a las de La Granja, otro corregimiento de Ituango en el que ocurrió la masacre de cinco personas, el 11 de junio de 1996, y que también fue cobijada con las medidas establecidas en la sentencia de la CorteIDH.
Lorena María Villa García, hermana de William de Jesús, estuvo allí para escuchar esas palabras que tanto ella como otras familias de las víctimas consideran necesarias e importantes, pese a que remueven el dolor y la nostalgia. Ese 11 de junio, Lorena tuvo que sortear con la noticia de que a su hermano, de 24, lo asesinaron a los pies de su padre, mientras trabajaban en un trabajo de construcción.
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Hoy, ella lo recuerda como un joven trabajador, amoroso con su familia, su hijo de 6 años y su esposa, una profesora del pueblo. Y no puede olvidar cómo el hecho le causó a su hogar el dolor de la muerte, pero también el del desarraigo de una tierra en la que nacieron hasta sus abuelos. Trece días después de los asesinatos, la familia huyó hacia Medellín, donde todavía viven casi todos, porque no se ha ido el fantasma del terror.
El padre, que nunca volvió a ser el mismo tras ver morir a su consentido sin poder ayudarlo, falleció hace seis años esperando que el Estado colombiano limpiara el nombre de su hijo, señalado, como todas las víctimas, de ser colaboradores de la guerrilla.
Para Lorena fue tal la insensatez que ese mismo 11 de junio también asesinaron a Graciela Arboleda, una cuñada de su madre que tenía siete hijos, la mayor de 14 años, y que quedaron a la deriva porque a su padre lo habían matado tiempo antes. Y tampoco olvida el homicidio, el mismo día, de Héctor Correa, un joven con discapacidad que arrebataron de su hogar mientras se escondía en la cocina abrazado a su mamá.
Tanto el relato de Miladys como el de Lorena dan cuenta de que los días que vivieron el horror de la guerra también sufrieron la decepción de que justamente en quienes confiaban que iban a protegerlos los dejaron a la suerte de la sevicia y la crueldad. En el caso de El Aro, recuerda Miladys, incluso se supo que paramilitares y soldados se coordinaron para el hecho. En La Granja, ni siquiera aparecieron y los dejaron a su suerte, manifiesta Lorena.
