Juan Pablo Ramírez dejó de ser secretario de la Alcaldía de Medellín hace tres semanas para reforzar la campaña del Pacto Histórico. Conocedores de los intríngulis de la política local han interpretado que la tarea de Ramírez consiste en convertir la maquinaria comunitaria que estuvo aceitando en la administración del alcalde Daniel Quintero en votos para Gustavo Petro.
Ramírez asumió como secretario de Participación Ciudadana desde la posesión de Quintero y en mayo de 2021 pasó a ser su secretario de Inclusión Social. Sin embargo, nunca dejó de ejercer influencia sobre la primera dependencia. “Era un secretario con dos secretarías”, explica un funcionario.
El detalle no es menor porque la Secretaría de Participación maneja el apetitoso Presupuesto Participativo: casi $1 billón. Para todo el cuatrienio, según informó Ramírez en su momento, estaban previstos $967.000 millones. Solo el año pasado, por ejemplo, utilizaron $234.000 millones. Para tener una idea de lo que ese monto significa, equivale a que cada año se repartan entre las comunidades diez veces el acumulado actual del Baloto.
Con tan abultada billetera se dispararon las alarmas por la posibilidad de que el salto de Ramírez tenga como fin convertir esa ‘inversión pública’ en votos a favor del candidato del Pacto Histórico.
La Veeduría Todos por Medellín acaba de instaurar una denuncia penal ante la Fiscalía precisamente con esa hipótesis: sostiene en su argumentación que a través de empresas como Cyan Eventos y Logística —una de las grandes contratistas del Presupuesto Participativo— se estarían financiando eventos del Pacto Histórico en la ciudad (ver nota anexa). Esta es una de esas empresas que pone tarimas, pantallas gigantes y organiza la logística en eventos; por eso resulta tan útil en estos casos. De hecho, le prestó ese servicio a Quintero en la campaña pasada a la Alcaldía.
Teóricamente el Presupuesto Participativo es un mecanismo diseñado para que los ciudadanos incidan en la manera como se gasta el 5% del presupuesto de inversión del Municipio, pero en la práctica, al ser un recurso que no está atado a ninguna obligación, termina siendo muy apetecido por quienes quieren poner los bienes públicos al servicio de intereses particulares.
Caja menor de ‘engrases’
“El Presupuesto Participativo se convirtió en la caja menor para mantener esta maquinaria engrasada —le dijo a EL COLOMBIANO un líder—. Estos señores (de la administración municipal) tienen los presidentes de acción comunal, que son los ‘mochileros’ (personas que reclutan votantes)”.
El mismo líder cuenta cómo la Alcaldía no desaprovecha oportunidad para, con dádivas, mantenerlos de su lado. A presidentes de acción comunal y consejeros de planeación territorial les prometió, por ejemplo, entregarles cinco paquetes de ayuda alimentaria durante la pandemia, y estos tenían la posibilidad de asignarlos a sus familiares o allegados.
Como si fuera poco, por lo menos 97 consejeros de planeación, que son los que deciden la asignación de recursos en las comunas, son a la vez contratistas del Municipio, según lo reveló el concejal Alfredo Ramos. Este vínculo contractual pone en duda la independencia a la hora de votar proyectos y luego al momento de corresponder con apoyos políticos.
Ramos también explicó con ejemplos una especie de triangulación de recursos entre las entidades del Municipio que tienen mayores restricciones a la hora de contratar y pasan sus recursos vía convenios interadministrativos a otras dependencias del mismo conglomerado municipal que pueden usar los recursos más a su antojo y estos, a su vez, trasladarlos para la ejecución a asociaciones o corporaciones relacionadas con los ediles y consejeros.
En el camino no solo se pierde mucho del dinero público en supuestos gastos de administración y trámites sino que al final lo que se hace es mantener una telaraña de líderes y organizaciones comunitarias aliadas por el interés económico con la Alcaldía.
Es claro, por ejemplo, que en el Presupuesto Participativo quedan muchos proyectos deportivos, los suman todos y arman un paquete de miles de millones de pesos para capacitación deportiva. Luego el Inder celebra un convenio global con Metroparques para que maneje ese monto y este contrata de manera directa con un operador, quien a su vez subcontrata en cada comuna dándoles pequeñas tajadas a los líderes. A propósito, cabe anotar que abundan proyectos de capacitaciones y talleres que son los más apropiados para desviar recursos o mal utilizarlos porque no tienen que mostrar al final una obra física.
Lo mismo ocurre con los cupos de educación superior que también se otorgan a través del Presupuesto Participativo y permiten darles prioridad a los “recomendados”. Y no se trata de recursos de poca monta, pues solo en la comuna 6 (Doce de Octubre) hay asignados alrededor de $6.000 millones para las llamadas “becas” educativas.
Precisamente un caso de dicha comuna muestra cómo funciona el Presupuesto Participativo en la capilaridad de una red clientelista. La empresa Asercomunitaria se consolidó como la mayor firma contratista para operar eventos comunitarios en esa área, con contratos por casi $1.600 millones en la administración pasada y casi $510 millones en lo que va de la administración Quintero. Su cabeza es Alexis Castrillón, un consejero que a la vez ha presidido la Asocomunal comuna 6 y la junta de acción comunal de San Martín de Porres. Pero, adicionalmente, su hija Julieth representa a la Asociación para el Desarrollo La Casa de Todos y Asodecinco, que ha tenido contratos de presupuesto participativo a través de Telemedellín y Plaza Mayor por $329 millones. Y su hermana Ketsy Alexandra ha suscrito contratos con el Colegio Mayor, incluido uno actual.
Esto viene siendo la llamada ‘mermelada’ en su versión comunitaria. En el caso de los Castrillón, alrededor de ellos ha crecido un entramado de organizaciones con las cuales se subcontratarían actividades dependiendo de afinidades políticas y favores puntuales. De los excedentes, dice un denunciante, Asercomunitaria pagaría a un conjunto de líderes por garantizar la movilización social, alrededor de proyectos sociales y de los candidatos predilectos del líder de la familia.
Castrillón dejó claro en el debate que hizo el Concejo sobre el tema que “no estamos con la revocatoria, antes vamos a defender a capa y espada esta administración municipal”. Además, EL COLOMBIANO recogió testimonios de que en las últimas elecciones lo vieron haciéndole propaganda al hoy senador Alex Flórez y a otros candidatos adeptos al alcalde Quintero.
Este diario le marcó de manera insistente el viernes a Castrillón pero no tuvo respuesta.
Así como él, los otros líderes ‘enmermelados’ están dispuestos a devolverle todo tipo de favores a la Alcaldía. “En la conformación de los Consejos Comunales de Planeación pusieron a los que reciben estas ayudas a que voten por ellos y lo mismo hacen en este tiempo de elecciones para Congreso y Presidencia”, le dijo una fuente de la comuna 6 a este diario.
En la época de la pandemia, cuenta otro líder, el alcalde Quintero anunció la donación de computadores, pero como no tenía partidas para comprarlos, acordó con los líderes que se utilizaran recursos del Presupuesto Participativo, y a cambio él respaldaría que ellos dispusieran como quisieran las ayudas para el adulto mayor y otro tipo de contrataciones. En efecto, todo indica que hicieron lo que quisieron, porque según se reveló esta semana en un debate en el Concejo, los adultos mayores han dejado de ser atendidos.
El veedor Víctor Quintero explica que los manejos clientelistas no son nuevos, pero sostiene que “esta administración ha sido nefasta. Hay un entramado muy sofisticado que se ha venido fortaleciendo con los recursos de PL (planeación del desarrollo local) y PP (presupuesto participativo). A la Administración le beneficia este entramado, porque son quienes le movilizan la participación en el programa PL y PP, y además pueden ser muy buenos aliados para las aspiraciones electorales de secretarios y el mismo alcalde en el tema de la revocatoria”, dijo en una entrevista reciente a un medio comunitario.
Añadió que, en particular en su comuna, eso comenzó a darse desde 2017 en la administración de Federico Gutiérrez. “Curiosamente, Alexis Castrillón estaba con el Centro Democrático y, desde esa orilla política, atacó a Quintero durante su campaña a la alcaldía. Hoy, pasó a negociar y a recibir los contratos de la administración de Daniel Quintero; así como a defender su gobierno”.
Las denuncias son tantas que la Personería de Medellín emitió a principios del año pasado una alerta al respecto. “Algunas de estas fundaciones o corporaciones tienen como dueños o socios miembros del CCP y a algunos ediles”, dijo el personero William Yeffer Vivas, quien se refirió a que no existe una prohibición al respecto, pero si se considera una amenaza contra la moralidad pública porque los ediles y consejeros son parte fundamental de la focalización de los proyectos.
Habrá que ver si esta vez sí les funciona mejor la maquinaria de la mermelada. En principio, como lo indicaron las urnas en las elecciones al Congreso, el petrismo no obtuvo en Medellín todos los votos que calculaba, porque en los sectores populares hay un pragmatismo que le facilita a la gente prometer el voto y finalmente depositarlo por alguien diferente.
