La misiva se volvió viral por su supuesto apoyo a la resolución de Minagricultura. Varios concejales denunciaron que los habían suplantado en el documento.
Lo que empezó como un apoyo unánime de un grupo de políticos del Suroeste antioqueño a una iniciativa del gobierno nacional terminó en un escándalo mediático que tiene dividida a la comunidad entre los que piensan que detrás de todo hay un entramado político de grandes alcances y otros que dicen que una serie de “descaches” llevaron este asunto hasta lo judicial.
Cabe recordar que el pasado 15 de enero apareció una carta emanada desde el Concejo Municipal de Támesis en la que, para algunos, se le daba respaldo a la polémica Resolución 377 de 2024 que decreta la creación de Áreas o Zonas de Protección para la Producción Alimentaria –conocidas como APPA o ZPPA– en un área de 250.000 hectáreas diseminada por los 23 municipios del Suroeste antioqueño.
“Ahora que el gobierno nacional confluye con nosotros en esta dirección a través de las ZPPA, se observan intereses partidistas permeados por una confrontación ideológica, donde algunas empresas, organizaciones, medios y colectivos, con mala información, pretenden desvirtuar la esencia y los objetivos fundamentales de la resolución”, se lee en uno de los párrafos de la carta que en cuestión de horas se volvió viral.
La carta logró alcance nacional gracias a varios actores políticos, incluso “antagonistas”, que terminaron replicando la misma en sus redes sociales. Por ejemplo, congresistas como Isabel Zuleta (del Pacto Histórico) y Germán Blanco (del Partido Conservador) republicaron el documento a pocas horas de su divulgación, a la vez que elogiaban el accionar de los corporados tamesinos.
La cuestión es que un día después, cinco de los 11 corporados que aparecen en la misiva enviada al presidente Petro alegaron que la inclusión de su firma en el documento había sido sin autorización, por lo que no sólo protestaron sino que interpusieron denuncias en entidades como la Procuraduría y la Fiscalía por los delitos de falsedad ideológica en documento público.
“No otorgamos consentimiento para que nuestras firmas fueran incluidas en dicho documento, nos genera rechazo que desde la Presidencia del Concejo, en titularidad de Alejandro Escobar Hincapié, la Secretaria Gloria Castaño, y en particular el corporado, Sergio Stiven Ruiz Ossa, se utilice de manera inadecuada nuestra identidad”, escribieron en una denuncia emitida a la Procuraduría los corporados Jorge Cadavid, Luis Alfonso Jiménez, Isabel Sánchez, Osbaldo Tangarife y Edisson Corrales Galeano.
EL COLOMBIANO habló con algunos de los implicados en todo este berenjenal político que tiene sacudido al Suroeste del departamento.
El concejal Alfonso Jiménez dio detalles de ese particular día. Inicialmente dijo que en tres periodos que lleva en el Concejo, siempre ha abogado por la defensa del territorio, pero aún así no está de acuerdo con la resolución, pues para él esta se salta el mandato constitucional que tienen los municipios sobre la ejecutoria de los suelos.
Ya, sobre el tema de la carta, dijo que ese 15 de enero se encontraba fuera del municipio realizando varias diligencias que lo tenían bastante ocupado. A finales de la mañana recibió una llamada del corporado Sergio Ruiz quien le comentó su intención de redactar desde el Concejo una carta para el gobierno nacional en la que se solicitaba la presencia de los ministerios de Agricultura y Ambiente para explicar los alcances de la Resolución.
“Sergio me dijo que la carta no iba a tener implicaciones políticas. Que era solo una invitación al gobierno nacional para explicar el tema. Pese a que yo estaba muy ocupado, le dije que no lo autorizaba a poner mi firma porque yo quería leer primero la carta”, añadió.
La cuestión es que cuando Jiménez regresó a Támesis, encontró que la misiva había sido publicada desde el medio día con su firma.
“Yo hablé con él a las 4:00 p.m. Le dije que si yo no había autorizado no entendía porque estaba mi firma ahí, pues al WhatsApp mío él no me mandó ninguna carta (para revisar que se iba a publicar). Sergio dijo que la carta ya la había mandado y que entonces todo había sido un mal entendido de parte mía. Me dijo que si quería se podía sacar otro documento sin mi firma”, detalló el corporado.
Según Jiménez hay otro asunto delicado y es que la firma del concejal Jorge Cadavid también apareció en el documento pese a que este ni siquiera fue contactado por Ruiz, toda vez que este se encontraba en la vereda San Isidro donde al parecer no había señal de teléfono y por lo mismo tampoco había dado ningún aval para que apareciera en la carta que de forma exprés llegó hasta Bogotá a las 12:50 p.m., de ese mismo 15 de enero.
Para Jiménez también hay responsabilidad del presidente del Concejo, el corporado Alejandro Escobar, y la secretaria Gloria Castaño, toda vez que la segunda no llamó a corroborar la autorización de firmas y simplemente confió en lo dicho por Ruiz, mientras que el primero autorizó la salida de la carta pese a los vacíos legales de la misma.
Finalmente, Jiménez comentó que en un audio posterior al escándalo, el concejal Ruiz le dijo que la carta “se la habían pedido del mismo Ministerio de Agricultura”, lo que para él deja dudas de la supuesta motivación libre y desinteresada del corporado para redactar el texto y explicaría la viralidad del asunto.
“Si era tan importante hacer la carta, ¿por qué Ruiz no nos pidió redactarla a todos en el recinto del Concejo y en vez de eso se puso a sacar esa comunicación tan rápido?”, inquirió.
Este diario también buscó al corporado Ruiz, quien se ha mostrado sorprendido por la magnitud del asunto. Ruiz, quien es parte del Partido Conservador y aliado político del congresista Blanco, comenzó diciendo que no es ni petrista ni antipetrista, y que desde hace 14 años defiende el territorio del Suroeste sobre todo ante proyectos mineros como Quebradona. También resaltó que el Concejo de Támesis es el único del Suroeste que ha asumido de forma unánime dicha lucha.
“Desde la Corporación hemos hecho lo propio e incluso aprobado la prohibición de la minería local. Ahora que surge esta propuesta del gobierno (la Resolución), creo que apunta a lo que hemos buscado hace años en la subregión: que esta sea un faro de protección agrícola blindado contra la minería”, apuntó.
Ruiz admitió que la carta surgió como contramedida al “cónclave” de alcaldes y gobernador en Ciudad Bolívar que sucedió el pasado 14 de enero, toda vez que, según él, allí se dijeron muchas imprecisiones y que tal vez ahí radica su éxito en redes.
“No es cierto, como dijo el alcalde de Támesis allí, que estas ZPPA van en contra de los monocultivos. Pero para no caer en esas discusiones en donde prima más la ideología política o los partidismos, se me ocurrió pedirle al gobierno nacional que cuente los alcances de la resolución”, dijo.
Ruiz dijo que comentó su idea con Escobar pero después pensó que lo mejor era enviar la carta con la unanimidad de los corporados al Ministerio.
“Por eso, primero, llamé por la mañana a cuatro concejales de la coalición de gobierno (Ruiz es de oposición) y les comenté de mi idea y que también había alguien del gobierno nacional que nos podía ayudar para que de los ministerios vinieran a explicarnos la Resolución. Todos me dijeron que estaba bien la propuesta y que autorizaban mandar la carta con las firmas disponibles en el Concejo”, añadió.
El concejal dijo que incluso le había leído la carta a Jiménez para que supiera de primera mano su intención. Así mismo dijo que también le comentó que –como Cadavid no le contestaba el teléfono–, lo mejor era incluir su firma sin su permiso, pero con una buena intención. A lo que, según él, Jiménez no le vio nada malo.
“Yo le dije (a Jiménez) que el único que no me contestó fue Cadavid. Pero como él ha sido defensor del territorio y en múltiples espacios hemos hablado de proyectos en común en torno al mismo fin, yo pensé que si mandábamos la carta sin su firma era más contraproducente para él, porque eso daría a entender que es pro-minero y la gente le ‘daría varilla’”, explicó Ruiz.
Para la 1:00 p.m., la carta ya estaba enviada y publicada en redes sociales, volviéndose viral. Ruiz también confirmó que Jiménez lo llamó para expresarle sus dudas, pero primero dijo que la conversación fue cerca de las 3:00 p.m., y en ella también se replanteó sacar su firma.
“Yo le dije que revisara bien la carta. Que si consideraba que había que modificar algo, se modificaba o que la dejábamos así. Yo sí le dije que por eso (modificarla) nos ‘podían dar varilla’ pero que si era necesario se corregía. También le dije que quedaba atento a lo que decidiera pero no me escribió más. Luego fue que me di cuenta del escándalo por la supuesta suplantación. Pero, insisto, a mí sí me autorizaron”, apuntó.
Frente a los rumores de un supuesto pedido de la carta por parte del Ministerio, Ruiz inicialmente dijo que el día antes le había escrito por WhatsApp a la ministra de Agricultura pidiendo su asistencia al territorio para explicar la Resolución.
“Ella no me respondió. El mensaje también se lo mandé a otro muchacho que trabaja en el Ministerio de nombre José Luis. Él me dijo que si los invitaban, ellos iban, y por eso yo me apuré con la carta. En los audios que circulan, yo hacía referencia de que al tener un contacto allá para agilizar la respuesta, lo mejor era hacer la carta ligero porque cada día que pasa cogen más ruido a favor y en contra las ZPPA. No es que me llamó la ministra o fulano de tal pidiéndome que haga una carta”, aclaró.
Ahora, frente al por qué llamar a los corporados uno a uno y no mostrar el borrador de carta antes, Ruiz apuntó a que no lo hizo porque: “Si yo lo hacía por el chat del Concejo eso se demoraba mucho y había que hacer las cosas rápido. Además, yo ya tenía el sí de ellos y entre nosotros ha habido siempre una relación de confianza. Aunque soy oposición, yo soy muy serio con mis asuntos. Yo diferencio lo político y lo técnico. Ellos confían en mí. Si yo fuera a actuar de mala fe, lo lógico hubiera sido haber hecho las cosas al escondido”, aclaró.
Mientras el caso ya está en los entes de investigación, curiosamente y en tiempo récord, por parte del Ministerio de Agricultura se conoció que el próximo 5 de febrero una delegación de esta cartera estará en Támesis.
La misma estará encabezada por la ministra Carvajalino para así dirimir las dudas de la Resolución, toda vez que hasta ahora, según conoció EL COLOMBIANO, ningún funcionario del Ministerio habría hecho oficialmente pedagogía sobre los alcances de la polémica resolución en Támesis.
