Ante el grave estado de contaminación del aire en la ciudad —van 11 días de contingencia ambiental—, la Alcaldía de Medellín declaró ayer el estado de emergencia climática, con el propósito de implementar medidas reactivas para disminuir las emisiones de gases.
Además de anunciar el plan que tiene 10 puntos (ver recuadros superiores), el alcalde Daniel Quintero se propone liderar una consulta popular por el derecho al aire limpio, con el propósito de definir al menos 10 estrategias para mitigar esta problemática en el futuro (ver recuadros inferiores). Dijo que la consulta busca que en 2030 la movilidad de la ciudad sea “100 % eléctrica o a gas”. Añadió que la propuesta será llevada al Concejo para que sea aprobada y tenga piso jurídico.
“En los últimos 10 años el parque automotor creció 300 % y estimamos que al terminar el cuatrienio vamos a tener 20 % más. Si a esto le sumamos los incendios forestales, lo que tenemos es un empeoramiento generalizado y continuo de las condiciones”, manifestó el mandatario.
Quintero añadió que “esto afecta el turismo y la economía, pero también está causando que 600.000 personas tengan que consultar cada año los servicios de salud por problemas respiratorios, eso tiene costos gigantes”.
Cabe aclarar que la declaratoria de emergencia climática, que ya anunció el gobernador Aníbal Gaviria Correa el pasado 18 de febrero, no tiene regulación normativa en Colombia, sin embargo, se desprende de un compromiso voluntario adquirido por los gobiernos tras la firma del Acuerdo de París (2016) para que se adopten medidas de reducción de las emisiones de carbono.
Ya declararon la emergencia Ottawa (Canadá), Sidney (Australia), Nueva York y San Francisco (Estados Unidos) y París (Francia), entre otros.
A continuación, analizamos las 20 propuestas (en negrita) y su viabilidad.
PLAN DE CHOQUE
1. EPM financiará, como mínimo, 50.000 bicicletas eléctricas para que la ciudadanía encuentre en ellas su modo de transporte.
Esta idea es buena porque ayuda a vencer la barrera de la topografía y la distancia, indicó Andrés Emiro Díez, profesor e investigador de UPB. No obstante, indicó que habría que estudiar el beneficio ambiental porque los subsidios y beneficios podrían destinarse al transporte colectivo y así las empresas tendrían más beneficios para migrar a buses eléctricos. “Son soluciones que mueven más gente”, anotó. Cabe recordar que en el caso de los buses eléctricos, cada uno ahorra la emisión de 60 toneladas de CO2 al año.
2. Duplicar el número de estaciones de carga que tiene EPM para vehículos eléctricos (electrolineras). Hoy existen 19.
Con la capacidad actual instalada, según EPM, se puede suplir la demanda de 5.000 vehículos eléctricos. En Medellín, con cifras de finales de 2018, la Secretaría de Movilidad indicó que rodaban por la ciudad alrededor de 695. El profesor Díez subrayó que se deberían duplicar las electrolineras de carga rápida (que son cinco de las 19), pues estas permiten cargar en 25 minutos o menos. No obstante, señaló, los esfuerzos deberían estar enfocados en que las empresas adecúen puntos de movilidad eléctrica en sus parqueaderos para los empleados.
3. Iniciar la migración para que las industrias y ladrilleras del Valle de Aburrá funcionen con gas en sus operaciones.
Víctor Aristizábal Gil, director de la Asociación de Ladrilleros Unidos de Antioquia, dijo que la propuesta nace de un “profundo desconocimiento técnico y ambiental de la industria ladrillera”. Explicó que hay una confusión entre las 11 ladrilleras artesanales que aún operan con la industria ladrillera formalizada. Esta última, según Aristizábal, “cumple con las normas de emisión”. Dijo que la transición a gas acabaría la industria y, aún así, podrían implementar nuevos filtros a las chimeneas. “El gas, por ahora, no es una opción”, afirmó.
4. Los vehículos que tiene la administración municipal se convertirán en carros a gas y los nuevos serán a gas o eléctricos.
La alcaldía pasada avanzó en el tema. La Secretaría de Movilidad adquirió siete vehículos eléctricos para el uso de los agentes de tránsito. Sin embargo, Iván Sarmiento, docente universitario y experto en transporte, indicó que hacía falta esta migración total para “dar ejemplo”. Aunque en cantidad y kilómetros recorridos los 210 vehículos oficiales (106 a gas) no producen tantas emisiones, agregó el profesor, “más que el impacto ambiental, que será poco, pero lo habrá, es empezar por casa para que la gente también se sume a la movilidad eléctrica”.
5. Acelerar la transición hacia los buses eléctricos. Llegan los primeros cinco a complementar las líneas 1 y 2 del metro.
La línea O inició operación comercial en diciembre del año pasado con 17 buses eléctricos. Cinco más de los 64 adquiridos irán para las líneas 1 y 2 de metroplús y los 42 restantes están parqueados en la Terminal del Sur. El Metro y la Secretaría de Movilidad afirmaron que entrarán a operar por etapas cuando exista la infraestructura para que rueden todos. Díez, docente de UPB, indicó que la instalación de cargadores no debería tardar tanto, pero señaló que es viable apuntarle a estos vehículos. Muestra de ello es que Masivo de Occidente, un privado, invirtió cerca de $6.000 millones para adquirir doce.
6. Se sembrarán 70.000 árboles el 21 y 22 de marzo, en jornadas que incluirán a estudiantes de los colegios públicos.
Gabriel Vallejo López, exministro de Ambiente (2014), afirmó que la siembra de árboles es uno de los componentes clave en un plan de descontaminación pero, añadió, no resuelve el problema ni a corto ni a mediano plazo. Destacó que en el largo plazo captura carbono y partículas contaminantes y genera oxígeno. Recordó los planes de reforestación de administraciones municipales pasadas, entre ellos el Cinturón Verde, y sugirió evaluar las políticas anteriores, verificar su cumplimiento y retomar las metas de largo plazo.
7. El Área Metropolitana llevará a cabo dos pilotos de Encicla eléctrica. Medellín será la ciudad de la bicicleta eléctrica.
Para lograrlo, según Viviana Tobón, exsubdirectora de Movilidad del Área Metropolitana, hay dos posibilidades: crear un sistema paralelo al de las tradicionales, porque las estaciones actuales no tienen módulos de recarga y no sirven para eléctricas; o que funcionen sin puntos de anclaje, como lo hace Muvo, con bicicletas en calle que son desbloqueadas. En cualquier caso, indicó Tobón, implica triplicar la inversión que se hace en el sistema tradicional y depende de la voluntad de la entidad. Cabe recordar que Encicla tiene 2.000 vehículos adquiridos que aún no entran a prestar servicio.
8. La alcaldía construirá la ciclorruta para conectar el norte y el sur. Se estima que tenga una longitud de 20 kilómetros.
El concejal Daniel Carvalho manifestó que le preocupa que la Alcaldía de Medellín solo hable de construir 20 kilómetros de ciclorruta, cuando la capital antioqueña requiere como mínimo entre 80 y 100 kilómetros de este tipo de vías para conectar la red para ciclistas que tiene la ciudad. “De norte a sur se ha consolidado un corredor interesante que hoy permite ir de Moravia hasta Eafit en ciclorruta segregada. Falta conectar con el norte y municipios vecinos. Igualmente prolongar el corredor de la 65 y extender hacia el sur”, dijo.
9. Se llamará al Gobierno Nacional para que integre una mesa técnica ambiental para tratar estos temas.
Manuel Rodríguez Becerra, ministro de Ambiente entre 1990 y 1994, opinó que las mesas de trabajo entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales para gestionar políticas son espacios útiles, sin embargo, dijo que hay un sobrediagnóstico de las acciones concretas que se deben implementar respecto a mayores controles y restricciones a las emisiones de gases efecto invernadero. “A los planes de descontaminación, históricamente, les falta concurrencia: no pueden ser acciones puntuales sino permanentes”, dijo.
10. La alcaldía anunció que creará un escuadrón contra las chimeneas, para vigilar las emisiones industriales.
Alejandro Álvarez, coordinador del área de Cultura Ambiental de Eafit, recalcó la importancia de controlar a las industrias en la noche, cuando “todos los gatos son pardos” y no se sabe qué tantas emisiones pueden presentarse. No obstante, indicó que el escuadrón no debería responder solo a esta contingencia, como quien “se alerta solo cuando está al borde del abismo”. Además, subrayó, tampoco es una cacería total porque hay empresas que cumplen con la normativa. Álvarez resaltó que el uso de la tecnología puede servir para que la ciudadanía denuncie.
CONSULTA POPULAR
11. Preguntar si en todas las licitaciones de obra pública en Medellín las volquetas y camiones deberán ser a gas o eléctricas.
“Las normas de contratación estatal le competen al Congreso”, explicó el abogado Felipe Restrepo, especialista en Derecho Administrativo y docente universitario. Por este motivo, subrayó, no es factible que el Municipio exija requisitos de participación en contratos de obras públicas, toda vez que restringe la posibilidad de participación. El jurista señaló que así obtenga el favor popular en la consulta, esta medida se caería “ ante cualquier demanda de suspensión provisional”.
12. Consultar si se puede o no obligar a nuevas construcciones a que tengan electrolineras (recargadores de vehículos eléctricos).
Según el abogado Restrepo, someter este punto a consulta es innecesario. El jurista explicó que el Municipio está facultado por la Ley 388 de 1997 para tomar este tipo de disposiciones urbanísticas, por lo cual los puntos de carga en unidades residenciales podrán ser obligatorios en nuevos edificios. El profesor Díez expresó que esto es más importante que las electrolineras públicas, pues facilitará las recargas nocturnas en casa y la gente podría animarse a comprar un vehículo eléctrico.
13. Definir si se prohibe, a partir del primero de diciembre de 2022, el funcionamiento de industrias a carbón que existen en Medellín.
Con esta medida se entraría en el terreno de prohibir un tipo de industria, que raya con la libertad económica. El artículo 333 de la Constitución reza que para ejercer la iniciativa privada, “nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley”. El abogado Restrepo indicó que por esta razón este punto de la consulta riñe con el modelo de Estado. “Los entes territoriales no tienen total autonomía y, en este caso, hay un evidente vicio constitucional que haría inviable la medida”.
14. Consultar si se cambian las fechas de las vacaciones en los colegios públicos, de modo que coincidan con las contingencias ambientales.
“Este es un asunto que debe ser avalado por el Ministerio de Educación, porque el alcalde de por sí no tiene facultad para cambiar los calendarios escolares de las instituciones oficiales”, manifestó el abogado Restrepo. Es decir, aunque la mayoría de los ciudadanos voten por el sí en la consulta popular a esta pregunta, la última palabra depende de la coordinación que se haga con el Gobierno Nacional. Por otro lado, apuntó, esto generaría traumatismos hasta con los calendarios de universidades.
15 Consultar si residentes quieren o no que el aeropuerto Olaya Herrera se convierta en un parque y sembrar un millón de árboles
Airplan, operadora de seis aeropuertos del centro norte de Colombia, incluido el Olaya Herrera, tiene un contrato de concesión para la operación, explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento de las terminales, mínimo hasta 2032 y máximo hasta 2048. El plazo depende de cuando obtenga ingresos por $2,2 billones en los aeropuertos concesionados. En plata blanca, el predio del Olaya no puede tener otra destinación, al menos, durante los próximos 12 años.
16. Exigir que todas las chimeneas de las fábricas dispongan de iluminación nocturna para controlar emisiones.
David Aguiar, coordinador del laboratorio Giga de la Escuela Ambiental de la U. de A., dijo que esta propuesta es difícil de comprender. “Hay una presunción de que en la noche se emiten más contaminantes. Si eso es así, hay que instalar medidores en tiempo real como los del Siata”. Añadió que medir la contaminación con parámetros visuales es muy difícil porque no se puede diferenciar si lo que sale por la chimenea es vapor de agua o material particulado.
17. Preguntar a la ciudadanía si todo el perímetro de Medellín debe ser declarado como una zona de aire protegido.
Las Zonas Urbanas de Aire Protegido (Zuap) fueron creadas en 2018 para establecer medidas de control ambiental. El Área Metropolitana (Amva) creó una en Medellín y otra entre Sabaneta y La Estrella. Aún siguen en el papel porque no han sido reglamentadas por las alcaldías. “La consulta está bien para legitimar la decisión, pero las Zuap ya se pueden reglamentar. Se debe definir lo que se pretende con declarar a la ciudad como Zuap”, opinó Eugenio Prieto, exdirector del Amva.
18. Implementar el etiquetado ambiental, que permitirá identificar a los vehículos que más contaminan.
El Área Metropolitana (Amva) certificó emisiones PM2.5 en vehículos pesados y les dio permiso para circular en pico y placa ambiental a los que aprobaron. El director del Amva, Juan David Palacio, dijo que esa era una prueba piloto y que lo que sigue es que la Nación cambie la prueba de opacidad de los CDA por una de PM2.5. Santiago Quintero, vocero de los CDA, dijo que esa modificación solo la pueden hacer Minambiente y Mintransporte.
19. Decidir sobre un cobro por contaminación, que reemplazaría al pago por rodamiento que se expide actualmente.
El artículo 138 de la Ley 488 de 1998 unificó el impuesto sobre vehículos nacionales —llamado de rodamiento— y lo cedió a las entidades territoriales. La facultad impositiva es del Legislativo, según el artículo 150 de la Constitución. Por ende, cualquier modificación debe ser tramitada ante el Congreso. Sobre la tasa retributiva por contaminación atmosférica, el Amva está a la espera de la expedición de la norma por parte del Ministerio de Ambiente. Ya tiene estudios listos.
20. Definir si se toma la decisión de que dentro de 10 años se movilicen por Medellín únicamente carros eléctricos o a gas.
El documento Conpes 3943 de 2018 definió dos metas nacionales a 2028: 3 % del parque automotor debe tener vehículos de cero y bajas emisiones y 22 % de los vehículos diésel deben cumplir estándar Euro VI. Según Prieto, primero se debe definir un plan gradual para modificar la canasta energética del Aburrá. La canasta, anotó, tiene que modificarse a una velocidad y a una tasa mayor a la establecida en el Conpes. “Se necesitan decisiones ya”, aseguró.
