A los habitantes de la vereda La Esperanza, en El Carmen de Viboral, por fin les llegó el reconocimiento tras 28 años de espera. Este martes 8 octubre, el presidente Gustavo Petro presidirá el acto en el que el Estado le pedirá perdón públicamente a las familias que fueron víctimas del atroz crimen cometido en 1996, cuando el Ejército y los paramilitares se aliaron para cometer todo tipo de atrocidades en las que 15 personas fueron desaparecidas.
El acto de perdón y reconocimiento se realizará como parte del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó la responsabilidad del Estado en los actos cometidos fuerza pública y paramilitares que, con la excusa de supuestos enfrentamientos contra guerrilleros.
El terror en La Esperanza comenzó en junio de 1996. En ese momento ocurrió la primera incursión paramilitar de hombres al mando de Ramón Isaza, quienes llegaron hasta la vereda a sacar de sus casas a supuestos a decenas de personas, acusadas de ser colaboradores de la guerrilla. Los meses siguientes, hasta diciembre, estas escenas se repitieron, dejando en su curso a 16 personas desaparecidas (incluyendo tres menores de edad) y el homicidio de al menos otra víctima.
Las víctimas que han logrado ser identificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son: Aníbal de Jesús Castaño, Óscar Zuluaga Marulanda, Juan Crisóstomo Cardona Quintero, Miguel Ancízar Cardona Quintero, Juan Carlos Gallego Hernández, Jaime Alonso Mejía Quintero, Octavio de Jesús Gallego Hernández, Hernando de Jesús Castaño Castaño, Orlando de Jesús Muñoz Castaño, Andrés Antonio Gallego, Irene de Jesús Gallego Quintero y Leonidas Cardona Giraldo.
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Este caso llegó en 2014 a la Corte IDH luego de que, en medio de un tortuoso proceso, las víctimas en apoyo con organizaciones defensoras de derechos humanos recopilaran evidencia que señala que oficiales de las fuerzas armadas coordinaron con miembros del grupo paramilitar denominado Autodefensas del Magdalena Medio las distintas incursiones a la Vereda La Esperanza. Incluso el caso fue abordado como un posible genocidio cometido por paramilitares y el Estado, por tratarse de un patrón sistemático en el que atentaron contra la vida de sus pobladores, señalándolos como colaboradores de la guerrilla.
Según quedó constancia en la Comisión de la Verdad, en 1996, año de los hechos, la vereda fue catalogada por el Ejército como “punto críticos por el constante accionar de grupos guerrilleros”, esta fue la excusa para que crearan lo que llamarían la Fuerza de Tarea Águila, una fuerza especial creada para controlar la Autopista Medellín - Bogotá a la altura de la vereda. El apelativo de “punto crítico de accionar guerrillero” fue la lápida que recayó sobre los habitantes de toda la vereda.
El personero de la época tuvo la valentía de investigar el caso y desde el principio encontró evidencias sólidas que vinculaban a militares con las desapariciones que ocurrieron durante esos seis meses de terror. Pero en diciembre de ese año fue asesinado en hechos que nunca fueron investigados.
El de La Esperanza es uno de los casos emblemáticos de impunidad en Colombia. Ni la justicia ordinaria, ni Justicia y Paz avanzaron nunca en la imputación y condena de ninguno de los implicados, a pesar de que la justicia ordinaria abrió investigación contra el mayor del Ejército Carlos Alberto Guzmán Lombana y el exjefe paramilitar Ramón Isaza, quien además revictimizó a las familias de los desaparecidos entregando versiones contradictorias, señalando a militares y paramilitares muertos y desviando las posibles investigaciones.
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En 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado colombiano adelantar la investigación de los hechos, determinar el paradero de las víctimas, realizar de un acto público de reconocimiento, crear un monumento en memoria de los desaparecidos, reparación psicológica, médica y económica para los familiares y la comunidad. Luego de siete años de negligencia y revictimización de los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque sobre el fallo de la Corte Interamericana, finalmente este martes 8 de octubre el presidente Petro saldará parte de la deuda que tiene el Estado con las víctimas.
Hace exactamente un año el presidente Petro presidió otro histórico acto de perdón, al reconocer ante las madres de Soacha la participación del Estado en la desaparición y muerte de sus hijos, durante la época infame de las ejecuciones extrajudiciales, entre 2002 y 2008.
