Un informe inédito que reconstruye los retrasos, errores y presuntos responsables por la contingencia de Hidrotiuango salió a la luz pública durante la mañana de este miércoles 13 de octubre, abriendo un nuevo frente en medio del entramado de procesos jurídicos, investigaciones y versiones encontradas que tienen en vilo a ese megaproyecto.
A través de una rueda de prensa convocada en el Concejo de Medellín, la concejala Maria Paulina Aguinaga Lezcano, integrante de la bancada del Centro Democrático, acusó al exgerente de Empresas Públicas de Medellín, Álvaro Guillermo Rendón, de mantener en la oscuridad un informe de más de 800 páginas elaborado por la firma JAHV McGregor S.A.S el año pasado.
Mientras la corporada asegura que el exgerente conoció el documento desde el 18 de diciembre, cuatro días antes de firmar la prórroga con los contratistas, Rendón sostiene que dicha información fue recibida en la empresa el 31 de diciembre de 2020 y, catorce días después, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le pidió la renuncia en una puja que duró quince días, por lo que su información no fue analizada a profundidad.
Según sostuvo Rendón, el informe de JAHV McGregor, habría sido tenido en cuenta en las demandas que se hicieron en contra del Consorcio CCC, diseñadores y aseguradoras.
Las claves de la discusión
De acuerdo con la versión de la Aguinaga todo ocurrió en diciembre de 2020, cuando el exgerente Rendón recibió el resultado de dicha auditoría forense, en la que se reconstruyó desde 2009 la cadena de errores que llevaron a la emergencia de Hidroituango.
Cuatro meses después de criticar en medios de comunicación el ocultamiento de un informe similar elaborado por las reaseguradoras del proyecto (filtrado a la opinión pública en agosto del año pasado), Rendón habría incurrido en la misma práctica, recibiendo el nuevo documento y manteniéndolo oculto, aseveró la concejala.
“El doctor Álvaro Guillermo, no sé con qué intención, hizo lo mismo que tanto criticó. Además, llama la atención que después de haber pagado un informe con recursos públicos, este haya sido engavetado”, cuestionó, asegurando que, de acuerdo con los registros incluidos en ese mismo documento, Rendón exigió recibirlo “personalmente y en medio físico”, impidiendo que fuera radicado en la empresa.
Aguinaga agregó que el documento principalmente arroja información sobre la responsabilidad de las administraciones municipales y gerencias anteriores a 2020 y resaltó el hecho de que Rendón habría recibido el documento el 18 de diciembre de 2020, unos cuantos días antes de que se firmara la prórroga con los contratistas.
Cabe recordar que aquella prórroga fue uno de los ingredientes involucrados en la ruidosa salida de Rendón, quien fue declarado insubsistente por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y acusado públicamente de tener un conflicto de intereses.
La versión de Rendón
El exgerente Rendón explicó que la decisión de contratar esa nueva investigación se tomó con el objetivo de hacer un corte de cuentas y tener un diagnóstico claro de lo ocurrido con el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2019.
Según sostuvo, en agosto de 2020 la Junta Directiva dio el visto bueno a esa indagación y en septiembre se firmó el contrato con la firma JAHV McGregor S.A.S.
Entre septiembre y diciembre, agregó, esa firma habría hecho tres entregas parciales y luego una entrega final. “Esta última entrega se dio justo el 31 de diciembre de 2020”, aseguró Rendón.
Dada la naturaleza de la información, Rendón agregó que el documento se mantuvo bajo reserva, pero fue utilizado por la alta gerencia y el equipo legal de EPM como insumo para documentar el proceso de estudio y formulación de la demanda contra los contratistas.
Los hallazgos del estudio
La auditoría de JAHV McGregor S.A.S. abordó más de diez años de decisiones administrativas, empezando desde la firma del contrato BOOMT entre EPM y la Sociedad Hidroituango en 2009, hasta decisiones tomadas en el ocaso del gobierno del exalcalde Federico Gutiérrez.
Dentro de los hallazgos destacados aparece la presunta responsabilidad del primer contratista encargado de los túneles de desviación, que desde 2012 habría tenido llamados de atención por parte de la interventoría por inactividad en la zona de obra, falta de equipos, daño en la maquinaria y retrasos graves en la programación.
Cabe recordar que a causa de estos problemas, el consorcio CCC Ituango (integrado por Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H) terminaron asumiendo los trabajos de los túneles.
El documento también arroja luces sobre el detrás de escena del plan de aceleración, con el que se decidió construir la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), que terminó colapsando el 28 de abril de 2018.
La firma auditora planteó que en medio de ese proceso los contratistas habrían exigido ser eximidos de la responsabilidad en caso de una emergencia, dado que ese nuevo túnel no estaba incluido en los diseños originales.
“El consorcio CCC no asume responsabilidad alguna frente a eventos de fuerza mayor (...) Tampoco asume ninguna responsabilidad frente a la calidad, veracidad o exactitud de la información, los diseños, los planos o las especificaciones entregadas por EPM”, se lee en la página 129 del documento publicado.
Frente a la calidad del revestimiento de la GAD, uno de los problemas que ya había sido destacado en el estudio de causa raíz elaborado por la firma Skava, JAHV McGregor S.A.S. señaló que la loza de piso de este túnel solo cubrió el 5 % de su longitud, mientras en los dos túneles de desviación originales este recubrimiento era del 70 %.
Así mismo, entre muchos otros hallazgos, la firma investigadora alertó que, además de iniciar los trabajos sin contar con una licencia, el Consorcio Generación Ituango solo habría entregado los diseños de la GAD dos años después de su inicio.
La aparición de esta nueva auditoría llega en medio de una serie de rumores y preocupaciones por el posible cambio de los contratistas del proyecto. Tan es así que esta tarde se realizará una cumbre en la Casa de Nariño, convocada por el contralor Felipe Córdoba para analizar posibles salidas a la situación jurídica, sin frenar la megaobra.
Cabe recordar que mientras la Contraloría General de la República prepara su decisión en segunda instancia sobre la responsabilidad fiscal de varios exfuncionarios y empresas en la contingencia, el próximo 31 de diciembre se vencerá la prórroga firmada para el contrato de obra.
En septiembre pasado otra variable que entró al panorama fue el ultimátum del BID Invest, el ala privada del Banco Interamericano de Desarrollo, que amenazó con exigir el pago anticipado de una deuda de 450 millones de dólares de EPM si la primera turbina de Hidroituango no empieza a generar en junio de 2022.
