La Caucana no es un corregimiento cualquiera de Tarazá; durante muchos años ha sido considerada como capital cocalera del Bajo Cauca antioqueño. A ese producto que solo con nombrarlo hace persignar a más de uno, le debe el estigma, pero también ha sido el motor de su economía.
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Ahora sucede un fenómeno curioso: lo que no han logrado varios gobiernos, convencer a los campesinos de esa región de abandonar los cultivos de uso ilícito, lo estarían alcanzando el mercado internacional de alucinógenos y los grupos armados asentados allí.
Atrás quedaron por lo pronto los tiempos en que, sin importar si era lunes o domingo, diciembre o Semana Santa, los labriegos subían a vender su pasta de coca y recibían a cambio cantidades de plata suficientes por lo menos para pagar las deudas y devolverse para sus casas con un buen mercado.
Por ahora, el precio no ha variado. Un gramo sigue valiendo 2.800 pesos y se multiplica dependiendo de la productividad de cada quien, de manera que un kilo resulta cotizado en 2.800.000 pesos; el problema es que no hay quién compre y el dinero se volvió escaso.
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Ha habido casos en que la transacción es al debe y el pago se demora hasta cinco y seis meses para hacerse efectivo, lo que se vuelve problemático para el eslabón más débil de una economía ilícita, porque como son los narcos y dealers de las grandes ciudades los que acumulan la ganancia, jamás se tiene lo suficiente debajo del colchón y menos en un banco para soportar temporadas de “vacas flacas”.
Lo que les han explicado quienes han fungido como compradores habituales es que en el mercado internacional ha bajado la demanda de coca por la competencia que le están haciendo drogas sintéticas de moda como el fentanilo, de manera que el producto se les ha acumulado. “Tenemos cocaína como un berraco en la frontera y no la hemos podido pasar, no la hemos podido vender porque nos da pérdida”, se les ha escuchado decir a la vez que les explican que como esto es una cadena, si a ellos no les compran, ellos no se van a encartar con la coca y tampoco dejan entrar a nadie más a que compre porque de ninguna forma van a ceder el control territorial que conquistaron a punta de bala.
Una persona del área con la que habló EL COLOMBIANO contó que la situación viene así más o menos hace un año pero se agudizó desde diciembre.
En esas circunstancias, parece insólito pero está aconteciendo que los mismos hombres del Clan del Golfo que en el 2018, cuando estaban en boga el plan de sustitución de cultivos ilícitos, prácticamente obligaban a sembrar coca so pena de que quien no quisiera se tenía que ir, son los mismos que hoy día les están insistiendo en que por lo menos no aumenten las sementeras porque “esto ya no es negocio”.
“Ni un palo de coca más”, les han dicho como consejo que al venir del grupo armado hegemónico suena a mandato que se cumple a rajatabla.
La fuente asegura que el 90% de los cocaleros han acatado a su manera la “sugerencia” y se han ideado otras maneras de conseguir el sustento, lo que ha tenido especial repercusión en el aumento de la minería informal.
“Conservan cultivos pequeños, de 15.000 a 20.000 palos, dispersos en corralitos que en total llegan poco más de media hectárea y pueden dar para cien a doscientas arrobas de hoja cada dos meses, que se convierten en ocho a diez libras de coca. Los trabajan en 15 o 20 días y el resto del tiempo se lo dedican a las minas”, añadió.
Es cierto que la coca puede dejarse mucho tiempo guardada esperando a que las cosas cambien porque si se humedece resulta muy sencillo volver a secarla, pero el dilema para cerca de 2.000 familias que viven de cultivar y raspar las hojas de coca por estos parajes es cómo no morirse de hambre antes de que llegue ese momento.
La crisis ya pasa de cuenta en el régimen de vida del casco urbano de La Caucana, otrora bullicioso y frenético. En las mañanas y luego al filo de las tardes se ve pasar un ejército de raspachines con sus pintas de mineros advenedizos para irse a ejercer su nuevo oficio en el río o en algún socavón ilegal de los municipios vecinos.
La imagen reemplaza a la de los arrieros que todos los días se movían detrás de las mulas cargadas de gasolina, otros insumos y comida para las diferentes zonas montañosas donde están ubicados los cultivos y los laboratorios rústicos. “Ahora eso ocurre uno o dos días a la semana si acaso”, recalcó el habitante.
Entre tanto, los puntos habituales para la compra del polvo blanco permanecen desolados; las cafeterías y casi todo el comercio abren solo sábados y domingos porque en semana hay tan poca gente que asustan.
Sería una realidad que se siente no solo en La Caucana sino en otros corregimientos de Tarazá, como Barro Blanco y El Guáimaro, al igual que en Puerto Antioquia, de El Bagre.
“Aquí todos dependemos de lo mismo (cultivos de uso ilícito y minería), porque el hecho de que yo no tenga un palo de coca sembrado o no le dé un palazo a la tierra para buscar oro, no quiere decir que no viva de eso”, expresó un comerciante de La Caucana.
El otro paliativo de la crisis de comercialización cocalera, según reconocen los mismos campesinos, han sido los empleos para mano de obra no calificada que están generando los llamados Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) que se formularon como parte de los compromisos del proceso de paz con las extintas Farc y han significado una inversión millonaria nunca antes vista en las localidades del Bajo Cauca.
“Es gente que por lo menos tiene un salario y son a los que uno ve que más van al pueblo, porque el campesino sale de manera intermitente y no a hacer grandes compras, solo lo necesario”, dijo una fuente.
“La gente está empobrecida, miserable”, apunta Carlos Zapata, presidente de la ONG IPC, que ha desarrollado trabajo social en el Bajo Cauca. Advierte además que el aparente mal momento de la coca también ha mermado ostensiblemente los ingresos de los grupos ilegales y los estarían supliendo a punta de reforzar otras rentas ilegales como la extorsión.
Silvio Jaramillo, representante legal de Asoinco, que agrupa a los comerciante e industriales del Bajo Cauca, asegura que la crisis de la coca no ha permeado al resto de la economía de la subregión porque si bien en el pasado los cultivos ilícitos representaban un renglón importante, ha habido una transición paulatina de varios años hacia actividades legales.
