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¿Habrá luz verde para comenzar este año la caza de los hipopótamos del Magdalena Medio?

Minambiente creó mesa de expertos para abordar este lío. Expertos confían que a mitad de año se apruebe el protocolo y antes de finalizar 2024 comience el plan de erradicación.

  • El proceso de eutanasia de hipopótamos depende del cumplimiento de un estricto protocolo de bioética que evite el sufrimiento y maltrato. FOTO: CAMILO SUÁREZ
    El proceso de eutanasia de hipopótamos depende del cumplimiento de un estricto protocolo de bioética que evite el sufrimiento y maltrato. FOTO: CAMILO SUÁREZ
  • Los hipopótamos han convertido la vida de decenas de comunidades campesinas del Magdalena Medio en un infierno por el riesgo de sufrir ataques y por los cuantiosos daños a sus cultivos y ganado. FOTO: CAMILO SUÁREZ
    Los hipopótamos han convertido la vida de decenas de comunidades campesinas del Magdalena Medio en un infierno por el riesgo de sufrir ataques y por los cuantiosos daños a sus cultivos y ganado. FOTO: CAMILO SUÁREZ
15 de abril de 2024
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Después de meses de silencio frente a la crisis ecológica en marcha por cuenta de los hipopótamos invasores del Magdalena Medio, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, instaló una mesa con investigadores, académicos y expertos en fauna silvestre y zoología para definir la nueva fase en el plan de manejo y erradicación de esta especie invasora.

Lo que conoció EL COLOMBIANO es que uno de los puntos de partida entre las partes sentadas en la mesa es que la prioridad sí es la caza de control. Lo que cambian son las formas, pues el Gobierno tiene que encontrar primero la manera de explicar el proceso y convencer a la opinión pública para evitar que el tema se torne en otro flanco de ataque de opositores. En tanto que los expertos se centran en las proyecciones que señalan el crecimiento exponencial y los cálculos que indican que la erradicación masiva ya debía haber empezado al menos hace un año para frenar su expansión a otras regiones.

Aunque se mantiene cierto escepticismo sobre el avance real de esta mesa, los expertos confían que a mitad de año haya luz verde de los protocolos y que antes de finalizar 2024 comience este plan de control y erradicación. Este medio supo también que algunos de los parámetros que contemplaría ese protocolo de control vía eutanasia incluye la recomendación de que se conformen equipos para la caza de control con biólogos, veterinarios, representantes de las corporaciones autónomas, asesores de centros de investigación, así como expertos internacionales en manejo de grandes mamíferos; y finalmente personal altamente calificado de la fuerza pública. Esto tumba de plano la desinformación que han hecho circular activistas a través de cadenas y bodegas sobre un supuesto permiso que otorgaría este protocolo para que desembarquen en el país cazadores a matar sin “dios ni ley” a estos hipopótamos.

Otro aspecto importante que contemplaría el protocolo es el manejo mediático de este plan, en el que sería obligatorio hacer una pedagogía a las comunidades en zona de influencia y a la ciudadanía en general a medida que se informa periódicamente sobre el avance de la caza de control y se restringiría al personal participante difundir imágenes sobre la caza, contrario a lo que ocurrió en el gobierno de Álvaro Uribe tras el operativo que dio muerte a Pepe en 2009, por parte del Ejército, en medio de un procedimiento que desestimó cualquier tipo de manejo bioético y terminó poniendo en contra a la opinión pública frente a la necesidad de controlar y erradicar estos animales.

La mesa que va a asesorar al Gobierno en este espinoso tema está conformada por Carlos Andrés Valderrama, director WebConserva; Gina Paola Serna, veterinaria de Fauna Silvestre; Juan Felipe Zapata, docente de la Universidad Remington; Delio Orjuela, experto en Fauna Silvestre; Dave Wehdeking y Carlos Galvis de Fundación Zoológico de Cali; Gonzalo Mejía, investigador y Germán Jiménez de la Universidad Javeriana.

También estarán la bióloga e investigadora Nataly Castelblanco; el investigador Andrés Felipe García; y Eugenia Pereira, médica veterinaria; y el Instituto Humboldt, entre otros académicos.

Entre la academia hay cautela sobre este nuevo llamado. Lo que pasa es que no es la primera vez que el Gobierno Nacional busca a expertos e investigadores para apoyarse en ellos en el abordaje de esta problemática para luego dilatar la toma de decisiones. De hecho, el estudio sin precedentes que adelantaron el Humboldt y la Universidad Nacional y que arrojó el panorama más fidedigno sobre la problemática causada por los hipopótamos, el comportamiento de su creciente población y los impactos sociales, ambientales y económicos, fue entregado a finales de 2022, pero el Gobierno Nacional apenas lo liberó al público en abril de 2023 y se esperaba que de manera inmediata el Ministerio anunciara el plan concreto para su control y erradicación. Pero no fue así.

Apenas hasta agosto de ese año socializó un plan de manejo y control con acciones ambiguas y acogiendo solo de manera parcial las recomendaciones científicas. Por ejemplo, planteó que el Gobierno emprendería un plan de esterilización de 40 hipopótamos al año, aun cuando en el estudio contratado por la Nación los 28 expertos que lo adelantaron dejaron claro que solo sería eficaz si se aplican todas las medidas de manera simultánea: esterilización, eutanasia, translocación (mandarlos a otros países) y confinamiento. Pero, sobre todo, la medida prioritaria, concluyó la investigación, era la caza de control.

Desde hace un año los expertos han solicitado reiteradamente que se anuncien los protocolos. Es decir, lo que existe por ahora es un mero papel donde queda definido en diagnóstico y las consecuencias que la presencia de esta especie ha causado a los ecosistemas del Magdalena Medio, así como las soluciones necesarias para erradicarlos, basados en evidencia científica. Pero sin lineamientos es imposible llevarlas a la práctica.

El sector académico ha señalado a la ministra de manejar un doble discurso, para intentar quedar bien con los expertos y también con los animalistas (que se oponen a la erradicación de estos animales). Ejemplo de esto es que aunque la propia Muhamad en agosto pasado reconoció que la esterilización por sí sola no mitigaba el problema –y que los hipopótamos igual seguirían causando impacto a los ecosistemas, tres meses después, en noviembre de 2023, anunció que el Gobierno destinaría millonarios recursos para emprender las cirugías con un valor de $40 millones por esterilización, sin ejecutar ninguna otra acción complementaria.

“Nuestro objetivo es la protección de los ecosistemas y la biodiversidad que habita en ellos, con criterios científicos y éticos. Aquí el mandato constitucional es la protección de los ecosistemas del país y sabemos el impacto que ocasionan los hipopótamos en el corto y largo plazo. 30 años después el debate se mantiene, pero necesitamos ir resolviendo porque esta especie exótica invasora se ha reproducido y el ecosistema se encuentra afectado”, aseguró la ministra.

Desde el año pasado los expertos han pedido varias veces reunirse con el Ministerio para definir los protocolos bioéticos para la eutanasia y perfeccionar las otras acciones de manejo y control como la esterilización, que no ha tenido por cierto el impacto esperado, pues el personal en campo ha encontrado varias dificultades para avanzar de acuerdo con el cronograma de 40 hipopótamos esterilizados a junio de 2024. Pero hasta ahora la academia no había encontrado espacio en la agenda de la ministra, caso contrario a los movimientos animalistas, que cuentan con un poderoso lobby en el Congreso y el Gobierno por figuras como la senadora Andrea Padilla, además de gozar con una influencia fuerte en la opinión pública por la cantidad de activistas e influenciadores que movilizan opiniones radicales frente al tema de los hipopótamos desde redes sociales.

El Ministerio de Ambiente aseguró que volverá a convocar a la mesa de expertos en las próximas semanas para continuar armando esos instrumentos que le darán dientes a las decisiones que tomen respecto a la erradicación de los hipopótamos.

Uno de los factores que estaría incidiendo para que el Gobierno Nacional acelere las decisiones frente a este tema es que a las voces de los expertos, históricamente desoídos, se han sumado grupos importantes que pueden ejercer presión: el sector productivo en Boyacá, organizaciones de base en Magdalena Medio y hasta grandes productores y ganaderos de las sabanas inundables de la Orinoquía.

Hace unos meses en Bogotá, en medio de un encuentro convocado por el Foro Nacional Ambiental, se conocieron duros testimonios de campesinos que relataron que los hipopótamos estaban generando una zozobra similar a la que sufrieron durante la peor época del conflicto armado y que ahora muchos tienen que encerrarse a las 5 de la tarde sin poder prender más que velas para no atraer a los hipopótamos que puedan hacerles daño o afectar la parcela, el cultivo o el poco ganado que manejen.

Los hipopótamos han convertido la vida de decenas de comunidades campesinas del Magdalena Medio en un infierno por el riesgo de sufrir ataques y por los cuantiosos daños a sus cultivos y ganado. FOTO: CAMILO SUÁREZ
Los hipopótamos han convertido la vida de decenas de comunidades campesinas del Magdalena Medio en un infierno por el riesgo de sufrir ataques y por los cuantiosos daños a sus cultivos y ganado. FOTO: CAMILO SUÁREZ

En Boyacá, por su parte, aunque nunca se habían pronunciado activamente sobre esta problemática, desde mediados del año pasado que fue publicado el estudio del Humboldt han intensificado su presión al Ministerio y a las autoridades de Antioquia para que eviten que los hipopótamos sigan colonizando la cuenca del Magdalena. En Puerto Boyacá reportan al menos el nacimiento de un hipopótamo al año. Precisamente las investigaciones sugieren que hay un alto riesgo de que por cuenta del tráfico de crías los hipopótamos podrían terminar en un futuro cercano en el piedemonte amazónico y las sabanas inundables de la Orinoquía, una región que el Gobierno Petro considera como insustituible para garantizar la soberanía alimentaria del país en las próximas décadas.

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