Desde el Hospital de Necoclí, Urabá antioqueño, están poniendo el grito en el cielo porque el Ministerio de Salud no les ha respondido por el pago de 2.780 facturas que le adeudan por el servicio de salud a los migrantes. El gerente de la entidad denuncia que la deuda es de $2.500 millones la cifra sigue creciendo, lo que representa un hueco financiero para el hospital.
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Desde el año 2018 el hospital San Sebastián de Urabá de Necoclí empezó a brindar atención en salud a los migrantes. Sin embargo, con lo que no contaban las directivas de la entidad es que los iban dejar endeudados.
Diariamente al servicio de urgencias del hospital ingresan entre 13 y 20 migrantes provenientes de diversos países con enfermedades graves, mujeres en estado de gestación y otras patologías que requieren atención inmediata.
Buena parte de estos migrantes se encuentran de manera irregular en el país y no tienen identificación, por lo que hacer el cobro a las entidades correspondientes se hace muy difícil. Lo paradójico es que desde el Gobierno Nacional piden que la atención sea inmediata para todo el que la requiera, pero no es inmediato el pago, lo que hace que la situación sea insostenible para cualquier institución.
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“Estamos alrededor de 2780 facturas y esas facturas nunca han sido canceladas por medio del Ministerio, por medio del Estado, a nosotros nos abandonaron y nos dejaron solos aquí atendiendo esa población con la mera platica que nos manda el Adres”, aseguró el gerente del hospital, Wilder Peñafiel Arias.
Además, está el agravante de que algunas ONG que apoyaban la atención básica en salud alrededor de la playa, cerraron sus puertas ante las medidas tomadas recientemente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La gerencia del hospital asegura haber realizado diferentes acciones jurídicas en contra de la alcaldía para poder recaudar el dinero, pero han sido insuficientes, pues la administración no cuenta con recursos para tal fin, y lo preocupante es que a diario las facturas siguen creciendo, así como la deuda.
Alcaldes de los municipios de Urabá han insistido al Gobierno Nacional durante cinco años en un documento Conpes, que defina la ruta de atención financiera para que los municipios atiendan a los migrantes, pero hasta el momento no han obtenido respuesta.
Lo más crítico es que esta situación no es nueva. Desde agosto del año pasado, ya desde el hospital habían prendido las alarmas pues en ese entonces la deuda ascendía a $1.181 millones.
