La Policía Nacional desmanteló tres frentes de minería ilegal en los municipios de Nariño, Sonsón y San Carlos, Antioquia. Estos operativos, bajo la dirección de la Operación Sostenida Agamenón, buscan acabar con la extracción ilícita de oro y frenar el daño ambiental en zonas protegidas.
En esta operación participaron unidades especializadas de la Policía Nacional, como Carabineros, la DICAR, la Seccional de Investigación Criminal, UNIMIL y Comandos Jungla, quienes trabajaron en conjunto para proteger los ecosistemas y debilitar las finanzas del Clan del Golfo.
En esta intervención se logró mitigar la contaminación causada por vertimientos de sustancias tóxicas como cianuro y mercurio, que ponían en peligro las fuentes hídricas como el río Samaná y la reserva natural Las Camelias en San Carlos.
Los tres frentes mineros desmantelados producían aproximadamente 3.000 gramos de oro mensuales, equivalentes a cerca de $1.065 millones.
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Los equipos destruidos durante la operación, que incluyen retroexcavadoras, clasificadoras de minerales y motobombas. El avalúo de esta maquinaria alcanza los $1.339 millones que fueron destruidos.
Y aunque estas cifras en el Oriente antioqueño parezcan representativas ante el daño ambiental que puede llegar a producir la minería ilegal, hay otras zonas de Antioquia que presentan un mayor acabose de la naturaleza a causa de la minería ilegal.
Se calcula que en el Bajo Cauca y el Nordeste se concentra el 91% de la producción de minerales metálicos en Antioquia, convirtiendo esta zona en un epicentro de los principales conflictos de Colombia. Allí convergen problemas históricos como la desigual distribución de la tierra y el despojo a campesinos, el enfrentamiento armado, y una devastación ambiental que ya ha destruido 60.000 hectáreas, dejando ríos y humedales secos.
