Una sociedad minera del municipio de San Roque, conformada por mineros tradicionales que decidieron apostarle a la formalización, trabaja en el desarrollo de una planta de beneficio que permitirá extraer oro con tecnologías verdes y libres de mercurio.
Apoyada por investigadores de Instituto de Minerales de la Universidad Nacional en Medellín (Cimex), el proyecto busca fortalecer un esfuerzo colectivo de más de dos años, que ha involucrado a diversas entidades nacionales y departamentales en la lucha por legalizar la minería a pequeña escala.
Karen Ocampo Torres, magíster en Recursos Minerales y coordinadora técnica del proyecto por parte del Cimex, señala que para entender la importancia de este proyecto hay que remontarse a 2018, cuando un grupo de mineros tradicionales de San Roque decidió constituir una organización para iniciar su tránsito a la minería formal, bautizada Sociedad La María.
El nacimiento del proyecto
Dorian Stiven Sosa Rivera, representante legal de esa sociedad, explica que esa organización se creó el 30 de agosto de 2018, luego de que lograra cerrarse una negociación con el proyecto minero Gramalote, en donde los mineros tradicionales de San Roque prometieron legalizar su actividad y abandonar el uso del mercurio, a cambio de coexistir con esa empresa.
Vale recordar que el proyecto Gramalote es considerado como el desarrollo de minería de oro a cielo abierto más grande del país.
Conformado por las multinacionales AngloGold Ashanti, de Sudáfrica, y B2Gold Corporation, de Canadá, aquella mina proyecta extraer entre 5 y 7 millones de onzas de oro, con una inversión aproximada de $2,3 billones.
El lugar comprende un área de influencia que abarca 13 veredas y al menos 56.175 habitantes, de acuerdo con un estudio de impacto ambiental elaborado en 2015.
Tras varios años de exploración y trámites, el 25 de noviembre de 2015 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) emitió la resolución 1514, en la que otorgó al proyecto la licencia ambiental.
En el marco de esa autorización, uno de los compromisos que esa entidad delegó en el proyecto fue el de reubicar a los pobladores que habían quedado dentro del título.
En el caso de los mineros tradicionales, aquel requerimiento consistió en brindarles apoyo técnico para iniciar su tránsito hacia la formalización y para que adoptaran procesos extractivos amigables con el medio ambiente.
Sosa explica que, luego de que los mineros se constituyeran como una sociedad, en marzo de 2019, firmaron un subcontrato con el proyecto, acogiéndose a la Ley 1658 de 2013 o Ley del Mercurio.
La norma estipula que los mineros pequeños de un territorio pueden suscribir convenios por mínimo cuatro años prorrogables con el propietario de un título. “Gramalote nos ayudó con la licencia ambiental y nos entregó un área de aproximadamente 15,3 hectáreas, en donde hoy tenemos 17 unidades de pequeña minería”.
En un comienzo fueron 18 los mineros que le apostaron a ese esquema, hoy son 170.
Los retos de la transición
En el marco de ese convenio, la investigadora Karen Ocampo explica que Gramalote contrató a la Universidad Nacional en calidad de asesor técnico, para buscar que la Sociedad La María tuviera las mejores prácticas mineras posibles.
Minería subterránea, prácticas ambientales sostenibles, gestión administrativa y políticas de seguridad y salud en el trabajo fueron algunos de los temas en los que el Cimex apoyó a esa asociación de mineros, señala la académica.
Sosa Rivera advierte que para cumplir el compromiso de no utilizar mercurio, la fórmula de los mineros fue firmar con una empresa un contrato para beneficiar el material en una planta externa.
“Al río Nus se han dejado de verter al menos cuatro toneladas de mercurio desde que iniciamos el proceso de formalización”, dice Sosa.
Según explica el líder, aunque durante los últimos dos años aquel convenio les permitió cumplir con su compromiso ambiental, la construcción de una planta propia es crucial para hacer a la empresa más autónoma y mejorar sus márgenes de rentabilidad.
Aunque todavía no han sido aprobados los diseños finales, Ocampo precisa que durante su elaboración el equipo de investigadores estudió la composición del suelo en la zona, listó los componentes que deberán instalarse en el recinto y documentó las etapas por las que el material tendrá que pasar.
Para ilustrar el salto técnico que representará la planta, la investigadora explica que el proceso pasará de unos pocos pasos a una cadena más compleja.
Según detalla, mientras en la minería tradicional el beneficio (es decir, separar el oro del material que fue extraído) podría resumirse en tres grandes pasos (trituración, procesamiento con mercurio y lavado), en la planta deberán emprenderse labores más especializadas, tanto en la trituración como en el tratamiento químico y físico del material. “Son casi nueve pasos, más complejos y con más variables que controlar”, enumera la investigadora.
Así mismo, advierte que el nuevo procedimiento traerá consigo un cambio cultural, ya que por su complejidad técnica impedirá, por ejemplo, que cada minero procese su material por separado.
Ella aclara que los mineros se han adaptado a la nueva realidad y cambiaron su forma tradicional de trabajo.
Un precedente exitoso
Juan David Ramírez Soto, gerente de Sostenibilidad del proyecto Gramalote, plantea que la experiencia construida con la Sociedad La María es una muestra de que los proyectos de minería a pequeña escala pueden realizarse en armonía con el medio ambiente, la legalidad e impactar de forma positiva a la población que los circunda.
“Reconocemos la tradición minera del territorio y por eso creemos en la coexistencia entre la pequeña y la gran minería. Es posible hacer minería responsable, cumpliendo todos los estándares”, señala Ramírez.
Para que la construcción de la planta pueda iniciarse, la sociedad está a la espera de la aprobación de algunos permisos constructivos por parte del municipio de San Roque.
Aunque la idea era iniciar las obras desde 2020, el líder advierte que la pandemia alteró su cronograma y los obligó a postergar para este año el proyecto.
De acuerdo con sus cálculos, a mediados de este año estarían comenzando los trabajos de movimientos de tierra en el lugar donde funcionará la planta y durante los primeros meses de 2022 esta ya estaría en funcionamiento.
“Desde la creación de la sociedad hemos aportado $566 millones en regalías y $2.300 millones en IVA. Por eso decimos que hemos ayudado a hacer país”, concluye Sosa
17
unidades de pequeña minería hacen parte de la sociedad La María.
Escanee el código QR y reviva el foro del El Colombiano sobre minería, sostenibilidad y desarrollo territorial.
