Aduciendo “falta de diligencia en la ejecución e ingeniería del proyecto”, EPM anunció ayer que demandará a las firmas que participaron en el diseño, construcción, interventoría y aseguramiento de Hidroituango por los perjuicios ocasionados tras el colapso de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), hecho que marcó el comienzo de la actual contingencia en la obra (28/04/2018).
Según informó la empresa, tras revisar 1.230 registros documentales identificó que el consorcio diseñador (Generación Ituango, compuesto por Integral y Solingral S.A.), el consorcio constructor (CCCI, integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa-Ramón H) y el consorcio interventor (Ingetec-Sedic) conocieron durante el desarrollo constructivo del proyecto que había problemas para cumplir con la entrada en operación comercial de las unidades de generación.
Planteó el gerente de la empresa, Álvaro Guillermo Rendón, que las recomendaciones, decisiones y acciones que se tomaron trajeron consigo un riesgo, que a la postre, condujo al colapso de la GAD y a los posteriores riesgos ambientales, sociales y de la infraestructura siniestrada al interior de la caverna de la casa de máquinas.
Según un estudio contratado por EPM y realizado por la firma noruego chilena Skava Consulting (presentado el 02/03/2019), la erosión progresiva de roca en el piso del túnel de la GAD, zona que no fue tratada adecuadamente debido a una deficiencia en el diseño durante la etapa de asesoría, generó la obstrucción y posterior colapso del tercer túnel de desviación.
El valor inicial del proyecto era de $11,4 billones, sin embargo, este se disparó por los daños generados tras el desplome de la GAD. El pasado 28 de julio, la Junta Directiva de EPM aprobó la actualización del presupuesto del proyecto Ituango, con un incremento de 5,88% quedando en $16,2 billones, esto como parte del trámite de aprobación de vigencias futuras. Esto quiere decir que el costo adicional se sitúa ahora en $4,8 billones
Sin embargo, para EPM el detrimento sufrido en la obra está estimado en $9,9 billones, correspondientes al daño emergente (maquinaria, préstamos, intereses, atención a las 4.000 personas afectadas y pagos a la Comisión de Regulación de Energía) y al lucro cesante (venta de energía).
