El Golfo de Urabá está nuevamente al borde de una crisis migratoria. En una historia que viene repitiéndose durante los últimos cinco años, los municipios de Turbo, Necoclí y Acandí tienen otra vez sus alarmas encendidas ante el riesgo de un nuevo represamiento de personas, luego de que el gobierno panameño encabezado por José Raúl Mulino iniciara la construcción de un cerco en la selva del Darién y prometiera aplicar una política migratoria de mano dura.
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Al rápido despliegue de alambres de púas y concertinas ocurrido durante los primeros días de julio, se sumó esta semana la decisión del país vecino de cerrar al menos cinco pasos fronterizos y extremar los patrullajes marítimos, según advirtió el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego.
“La instrucción establece la retención y entrega a las autoridades policiales o migratorias de Colombia de cualquier persona que viaje en bote con migrantes irregulares y trate de ingresar a las áreas jurisdiccionales de Panamá”, informó ese ente en un comunicado.
Esta nueva presión, que desde el lado colombiano es vista como un caldo de cultivo para que regrese el caos, renació la inconformidad entre varios líderes y habitantes de esa zona fronteriza que vienen pidiendo desde hace 2019 más presencia de las autoridades y la implementación de una política pública para amparar a los migrantes.
Tan solo en materia de salud pública, la Defensoría del Pueblo advirtió por ejemplo que en los municipios antioqueños y chocoanos más cercanos a la frontera podrían dispararse las cifras de enfermedades como la sífilis congénita, chikunguña, dengue, entre muchas otras.
“El área de influencia de la subregión Urabá-Darién presentaría un posible aumento en la tasa de contagio de sífilis congénita, con un 5.7%; de chikunguña y dengue, 5.2%, y de leptospirosis, 4.7%, por cada 1.000 habitantes”, calculó el ente.
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Este repunte, añadió la Defensoría, golpearía especialmente a los municipios antioqueños, cuya infraestructura hospitalaria desde ya se proyecta insuficiente.
Tan solo en el caso de Turbo, la institución proyectó que se necesitarían 461 camas instaladas (cuando solo tiene 100), Apartadó 451 (cuando lo tiene 291) y Carepa 179 (cuando solo tiene 56).
En medio de este panorama, líderes como Emigdio Pertuz Buendía, integrante del consejo comunitario Cocomanorte, recuerdan que desde hace cinco años por la zona han desfilado funcionarios de todos los niveles e instituciones prometiendo redoblar la presencia oficial para no desamparar a los migrantes, pero todo se ha quedado en palabras vacías.
“Desde 2019, cuando nos visitó el canciller Carlos Holmes Trujillo, hemos planteado que hay que construir un documento Conpes, una política pública para la migración transcontinental, en la que se resuelvan temas de seguridad, salud, energía, ambientales, de niñez y de dignidad para el migrante. Todo eso hay que tratarlo de manera responsable, eso no es colocar una malla ahí y mandar a la guardia para que atropelle a la gente”, dijo Pertuz, planteando que el principal riesgo que reviste la mano de hierro prometida por Panamá es que se desencadenen choques entre los migrantes y la guardia de ese país.
Si bien desde entes como la Alcaldía de Necoclí advierten que en terreno todavía no se reportan migrantes represados esta semana, la amenaza de que se repitan las crisis humanitarias del pasado ya tiene consternados a las autoridades y los habitantes.
Un problema que regresa
Aunque por muchos años el paso de migrantes en la frontera entre Colombia y Panamá se han vuelto parte del paisaje diario, desde 2019 la situación comenzó a volverse especialmente crítica cuando ocurrieron varias tragedias que pusieron el tema sobre la mesa.
Uno de los casos más recordados fue el naufragio de una embarcación en las aguas del golfo de Urabá el 28 de enero de 2019, en el que perdieron la vida 24 personas y que luego detonó en un paro de transportadores y protestas en el municipio de Acandí.
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La razón del descontento radicó en una serie de operativos emprendidos por la Fuerza Pública en la que fueron capturados decenas de personas bajo el delito de tráfico de migrantes.
Pese a que en la zona es bien sabido que estructuras como el Clan del Golfo ejercen un estricto control territorial, al ser esta un corredor estratégico para el envío de cargamentos de droga, los habitantes locales también rechazaron la mano dura de las autoridades colombianas, argumentando que en las redadas estaban cayendo personas que tenían en el transporte y la guía de los migrantes su único sustento.
La situación llegó a tal punto de tensión que la Cancillería tuvo que instalar unas mesas de trabajo en la que se evidenció el abandono de la región en temas de salud, servicios públicos, seguridad y acompañamiento a los migrantes, que a su vez también están amparados por la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, en la que la migración es considerada un derecho fundamental.
Para resarcir esas falencias, desde la Cancillería se anunció un plan de choque, que con el paso de los meses fue cayendo en el olvido y quedó todavía más relegado cuando por cuenta de la pandemia el flujo migratorio se desplomó y muchos proyectos quedaron en suspenso ante la urgencia de contener el virus.
Luego, tras el cambio de gobierno, líderes como Pertuz apuntan que la situación siguió quedándose relegada en un segundo plano hasta llegar nuevamente a las puertas de una crisis humanitaria, en la que a la falta de medidas contundentes de las autoridades colombianas se sumó la llegada de un gobierno radical en el vecino país que promete perseguir a los migrantes, devolverlos a territorio colombiano o deportarlos a sus países de origen sin vacilaciones.
Pese a ser cauto a la hora de ser interrogado por responsabilidades institucionales, aduciendo que ese no es el papel de la entidad, Robinson de Jesús Chaverra Triptón, vicedefensor del Pueblo, asegura que en medio del monitoreo que ese órgano del Ministerio Público hace al fenómeno hay una alta preocupación por el riesgo de una nueva crisis.
“Nosotros siempre hemos sido respetuosos de las relaciones internacionales, que por Constitución corresponden al presidente de la República y la Cancillería. Pero como organismos de Derechos Humanos desde 2020 hemos insistido que la migración debe tratarse en clave de sol, es decir: segura, ordenada y legal”, dice el funcionario, apuntando que esas políticas también deben estar con una financiación robusta y acompañadas permanentemente por el Estado.
A su juicio, la ausencia principalmente de esa financiación y acompañamiento, en un problema que ocurre en todos los países que hacen parte de la ruta migratoria y que también involucra a los entes territoriales, es lo que ha generado que las promesas se hayan quedado en papel durante los últimos cinco o seis años.
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Según recuerda Chaverra, dentro de las cifras que maneja la Defensoría, esa falta de efectividad en las medidas contrasta con un incremento sostenido en el número de migrantes, que han tenido estos balances anuales: 109.293 en 2019, 6.465 en 2020, 133.726 en 2021, 248.284 en 2022, 520.085 en 2023 y los 170.014 que se han contabilizado con corte a junio de este año.
Además, alerta el servidor público, al menos el 22% de los migrantes fueron menores de edad en 2023, un dato que da cuenta de la vulnerabilidad de quienes están traspasando la frontera.
Con base en este panorama, en una lectura en la que coinciden otros funcionarios y habitantes del Golfo de Urabá, el levantamiento de los alambrados en la selva y el giro en la política migratoria panameña es vista como un riesgo inminente para los migrantes, que no solo pueden ver afectada su integridad al intentar sortear esos alambrados, sino quedar atrapados en choques con las autoridades y los grupos armados que hacen presencia en la zona.
Buscando que allí se redoble la presencia de los organismos multilaterales, líderes como Pertuz señalaron que están formulando acciones para que se protejan los derechos de los migrantes.
“Estamos terminando una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitando que se estudie de fondo la situación de este presidente y que además se ordenen unas medidas cautelares para quitar esa malla inmediatamente de allí. Colombia y Panamá no tienen porqué estar divididos por unas mallas de alambre de una persona, que no tiene el más mínimo sentimiento, ni siquiera como cristiano”, aseguró.
