La presencia de bandas criminales provenientes del Valle de Aburrá, sumada al fortalecimiento de las estructuras que ya estaban radicadas allí estaría llevando al incremento de los delitos en el Oriente antioqueño, según denunciaron desde la Mesa de Derechos Humanos de la subregión. Más de 700 homicidios desde 2020 y un aumento del 328% en la desaparición forzada representan las situaciones más críticas.
“Estas violencias escalan debido a la importancia estratégica del Oriente antioqueño como corredor de movilidad para los actores armados hacia otras subregiones del departamento y hacia el resto del país. Además, la disputa territorial entre los diversos grupos ilegales por asumir el control en áreas urbanas y rurales tiende a incrementar los niveles de violencia”, señalaron en el informe de esta mesa.
Uno de los delitos que más precupa tiene que ver con los homicidios, ya que según las cifras de la Policía Antioquia, entre 2020 y 2023 se reportaron 737 casos en los 23 municipios que conforman esta subregión.
Rionegro, con 111 casos en estos cuatro años; Marinilla con 58 y La Ceja con 27, son considerados los que mayor afectación han experimentado por los asesinatos.
Simultáneamente a este problema, en la subregión, de acuerdo con el informe de esta mesa, la desaparición forzada se incrementó en un 328% en los últimos cuatro años.
Los municipios donde se registraron más desapariciones, según el informe, son Rionegro con el 44,1% del total de casos, Guarne con el 10,4%, Marinilla con el 9,5%, El Carmen de Viboral con el 7,6%, La Ceja con el 3,8%, El Peñol con el 3,3%, San Vicente con el 3,3% y San Carlos con el 2,8%.
En cuanto al desplazamiento forzado, en ese cuatrienio se registraron más de 1.500 casos, que se suman a los 354.525 que habían ocurrido en las últimas décadas.
La zona con mayor cantidad de episodios es Nariño con 183, seguido por San Francisco con 155. Argelia, con 136, Rionegro con 112 y Cocorná con 95 cierran el listado de los cinco primeros en cuanto al número de casos.
Entérese: Disputa de bandas de Bello por controlar el Oriente antioqueño disparó las cifras de homicidios
Las comunidades tampoco se libran del fenómeno de la extorsión, ya que en los últimos cuatro años se registraron en total 532 denuncias en los 23 municipios, lo que equivale a 132 casos por año.
“Lo preocupante en el tema del extorsión es que es un delito que viene en incremento desde hace 3 años y a las autoridades subregionales y departamentales parece no importarles. La mayoría de las veces se conforman con decir que es extorsión carcelaria y que aprovechan la información pública de la Cámara de Comercio, como si eso le quitara lo delictivo, resolviera la preocupación de las comunidades”, señalaron voceros de Derechos Humanos.
Los hurtos no se quedan atrás. Ante el crecimiento poblacional y urbanístico en algunos municipios, también se han incrementado estos casos y entre 2020 y 2023 se denunciaron 14.923 hurtos de todo tipo, entre dinero, celulares, vehículos y otros objetos.
Los responsables
De acuerdo con la mesa de Derechos Humanos y algunos expertos en el conflicto armado, estas situaciones se vienen presentado por el fortalecimiento de estructuras locales, en conjunto con la llegada de otras desde el Valle de Aburrá.
Según la Mesa de DD.HH., en esta subregión están los Pachelly, el Clan del Golfo y el Clan Isaza, pero a estos se les puede sumar El Mesa y Los Chatas, quienes han ingresado paulatinamente a estos territorios llevando a enfrentamientos con organizaciones locales como Los Alto y Los Pamplona, solo por hablar de las que afectan en Oriente cercano.
Le puede interesar: Ante racha de homicidios, en Marinilla pusieron toque de queda y restricción de parrillero
De las agrupaciones provenientes del Valle de Aburrá, El Mesa está en La Unión, San Francisco, El Retiro, San Luis y El Carmen de Viboral. Los Chatas están en El Retiro y La Ceja, mientras que Pachelly tiene influencia criminal en La Ceja, El Peñol y Guarne.
Finalmente, desde Itagüí llegó a Argelia, Sonsón y Nariño la banda de La Unión, en una alianza con el grupo Los Gavilanes y abarcando el accionar del cada vez más debilitado Clan Oriente.
Medidas contra el delito
Yesid Zapata, defensor de Derechos Humanos de Antioquia, señaló que esta situación se presenta en medio de una negación por parte de las autoridades y que es requerida una pronta intervención para que este accionar criminal no siga afectando la tranquilidad de sus residentes.
“Hay una negación de la institucionalidad que impide que se atienda con total diligencia esta situación. Y lo otro, bajo lo cual se ha expresado la Mesa de Derechos Humanos, es la solicitud inmediata a las autoridades competentes para que sea declarado el Oriente de Antioquia en una zona de crisis humanitaria, previniendo que se presenten hechos lamentables en este presente cercano”, indicó Zapata.
Desde la Gobernación de Antioquia se vienen tomando medidas después del consejo de seguridad que se hizo en San Rafael en febrero. Allí se anunció que en la subregión se hará un fortalecimiento de la Fuerza Pública con más presencia de Policía y Ejército.
La acción más reciente es la entrega del cerramiento del Batallón Energético y Vial en San Carlos, el pasado jueves, en el que se habilitaron 2.552 metros lineales para contar con presencia militarizada en la localidad, favoreciendo también a El Peñol, Guatapé, San Rafael, Alejandría, Granada y Concepción.
“En esta zona vivimos innumerables hechos victimizantes y estamos trabajando para que no se repitan. Hoy vemos acciones que se asemejan a una época de dolor que no estamos dispuestos a que ocurran de nuevo”, concluyó el alcalde de San Carlos, Santiago Daza Espinosa.
