Un nuevo paso en el proceso judicial que se adelanta entre el exgerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se lleva a cabo este miércoles en la Fiscalía, donde está programada una nueva audiencia de conciliación.
El caso tiene que ver con las denuncias por calumnia e injuria que el exgerente interpuso ante la Fiscalía contra el mandatario Quintero por las declaraciones de este cuando afirmó que Rendón puso en riesgo una demanda contra los contratistas de Hidroituango.
Una audiencia similar debió realizarse el pasado 29 de septiembre, pero la misma no se llevó a cabo por inasistencia a la misma del Alcalde, quien se encontraba fuera de la ciudad.
Pero la no comparecencia del acusado no significó el fin del proceso sino que este continuó al programarse esta nueva cita. Caracol Radio reveló que Julián Quintana, abogado de Álvaro Guillermo Rendón, asegura que al expediente se anexaron otras pruebas para demostrar la falsedad de las afirmaciones de Quintero sobre su defendido.
“Hicimos una ampliación de denuncia donde aportamos varios audios, donde se acreditan las mentiras, conversaciones con el alcalde, conversaciones con María Camila Villamizar, con miembros de la junta con el antiguo asesor jurídico, y todos coinciden que Álvaro no tiene nada qué ver”, afirmó Quintana a dicho medio informativo.
Adicional a este proceso en la Fiscalía, en el Tribunal Administrativo de Antioquia Rendón busca que se declare nulo el decreto de insubsistencia cuando fue separado del cargo por el mandatario medellinense.
En declaraciones a EL COLOMBIANO, el apoderado Quintana había explicado que luego de la salida de su cliente de EPM se trazaron dos estrategias jurídicas: una en la jurisdicción contencioso administrativa y otra de carácter penal.
En el proceso penal se busca probar que el Alcalde habría mentido al decir que Rendón era un mal funcionario, que durante su gestión hubo un tráfico de influencias al interior de la compañía y que tenía intereses oscuros en el proyecto de Hidroituango, pretendiendo favorecer a uno de sus contratistas.
Mientras por un lado se demandó el decreto que lo declaró insubsistente, por otro se interpuso una denuncia por los delitos de injuria y calumnia. Esta última, asignada a la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
