El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, reveló en la noche de este miércoles que son 14 los menores de edad que habrían sido víctimas de posible abuso sexual en un hogar infantil en el barrio Santa Cruz, comuna 2, que está adscrito al programa Buen Comienzo, operado por la Alcaldía de Medellín.
De acuerdo con la entidad, los niños y niñas son valorados por el Centro Atención Integral Víctimas Violencia Sexual (CAIVAS), según la ruta de atención establecida para estos casos.
Liliana Pulido, directora (e) del ICBF, lamentó lo ocurrido con los menores y reiteró que la entidad adelantará “todas las acciones necesarias para que sus derechos sean restablecidos y reiteró que la violencia sexual es un delito inadmisible que vulnera todos los derechos de las víctimas”.
Y este jueves, el alcalde de Medelllín, Daniel Quintero, lamentó el hecho y aseveró que se tomaron medidas para que este tipo de violencias no vuelvan a repetirse en los centros de Buen Comienzo.
“Vamos a cerrar el puesto de Buen Comienzo en Santa Cruz mientras se cambian los operadores que allí están; además, se va a implementar un sistema de cámaras en todos los Buen Comienzo y vamos a seguir exigiendo lo máximo posible a los operadores”, dijo Quintero.
El mandatario añadió que las investigaciones fueron asumidas por la Fiscalía y que se tendrá la colaboración de entidades como el Hospital Infantil, “para actuar bajo toda la celeridad que sea posible para capturar a quienes han cometido este delito”.
Horas antes, la Alcaldía de Medellín había anunciado que denunció ante la Fiscalía esta semana –sin precisar la fecha exacta– el caso de dos menores de edad que habrían sido víctimas de abuso sexual mientras se encontraban en un hogar infantil que les ofrece servicios de asistencia en el barrio Santa Cruz y que hace parte de Buen Comienzo.
El caso ya está siendo penalmente investigado por la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía, que abocó conocimiento de los hechos a partir de dos denuncias elaboradas en el marco de la activación de las rutas de restablecimiento de derechos de los niños y niñas de la ciudad, que hacen parte, precisamente de la Alcaldía. Eso se traduce en que son instancias municipales las que interpusieron los recursos judiciales.
De acuerdo con información de la denuncia hecha pública por la Alcaldía, que no indica la fecha exacta de los hechos, los menores de edad habrían sido violentados por un hombre que se desempeñaba como auxiliar de nutrición y quien, además, es contratista de la entidad prestadora del servicio que opera en la sede de Santa Cruz.
Al conocer los hechos denunciados, agrega la administración municipal, un equipo psicosocial de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y de la entidad contratista, cuyo nombre no se ha dado a conocer, se desplazó al sector para escuchar a las familias y brindar acompañamiento psicológico.
Así mismo, la Alcaldía ordenó la activación del Código Fucsia y del protocolo “para la detección y atención de casos de presunta inobservancia, amenaza y vulneración de derechos de los niños y las niñas, establecido en las orientaciones técnicas para la operación de la modalidad entorno infantil ocho horas”.
Los menores de edad fueron remitidos para ser acompañados en el programa “Jugar para Sanar”, de la Fundación de Atención a la Niñez (FAN) y que trabaja de la mano con la Alcaldía, desde el cual se brinda atención especializada frente a este tipo de casos.
El presunto agresor se encuentra suspendido de todas las actividades que le permitan tener algún contacto con niños y niñas, mientras avanza la investigación por parte de las autoridades judiciales.
El centro infantil donde ocurrieron los hechos fue cerrado temporalmente, y los 72 niños y niñas que son atendidos allí tendrán acompañamiento en casa, según confirmó la propia Alcaldía.
La administración también informó que “adelanta las acciones jurídicas, administrativas y psicosociales para el restablecimiento de los derechos de los niños y el desarrollo del debido proceso”, a la vez que, indicó, rechaza cualquier forma de violencia y vulneración de los derechos de los niños y las niñas.
Por su parte, el director de Buen Comienzo, José Wilmar Sánchez, informó que se le pidió al operador del centro infantil que investigue si existieron fallas que habrían permitido el presunto abuso contra los dos menores de edad.
Fuentes judiciales también confirmaron que, tras la denuncia penal, ya se comenzaron las pesquisas necesarias para esclarecer lo sucedido. Y, hasta la publicación de esta nota, no se ha dado un pronunciamiento del operador a cargo del centro infantil.
Al respecto, las entidades defensoras de los niños también se han pronunciado. La Corporación de Amor al Niño Cariño y la IPS Creciendo con Cariño emitieron un comunicado dirigido al alcalde de Medellín y a la directora Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Delma Patricia Roldán Tirado, en el cual condenan los hechos ocurridos en el CDI Pequeños Exploradores y se muestran dispuestas a apoyar a las autoridades en este caso particular.
“Ofrecemos nuestra experiencia y el apoyo de nuestros profesionales especializados en el área social y de la salud con el fin de poder brindar aportes definitivos en estos casos. Si bien es preferible actuar desde la prevención para garantizar entornos protectores libres de violencia sexual, y no cuando haya hechos consumados como es la situación violenta contra niños y niñas que hoy repudiamos, consideramos que es el momento de actuar rápida y profesionalmente”, dicen las dos entidades.
Añaden que mientras esperan que las autoridades tomen las medidas cautelares necesarias contra los responsables, consideran que la prioridad del momento debe ser el acompañamiento a las víctimas, como “algo vital para garantizar la restitución de sus derechos y su sano desarrollo”, sostienen Juan Carlos Álvarez Vásquez, director ejecutivo de Cariño; y Leydy Catalina Vertel Betancur, gerente de la IPS Creciendo.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación constituyó agencia especial para hacer seguimiento al presunto caso.
Así mismo, el Órgano de Control constituyó una agencia especial para hacer seguimiento a través de los Procuradores Judiciales de familia de la ciudad de Medellín, que verificarán la intervención administrativa a que haya lugar, si ha existido una adecuada articulación estatal en los casos, con el fin de velar por el restablecimiento de derechos de los menores de edad afectados y de la correcta implementación de la ruta de atención.
La Procuraduría General también activará las funciones de intervención penal en los procesos que se sigan por estos actos delictivos que afectan a niños, niñas y adolescentes.
La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres y la Procuraduría 32 Judicial I de Familia de Medellín solicitaron a las autoridades locales y al ICBF adelantar las labores de verificación de derechos y la adopción de las medidas de restablecimiento de derechos a los infantes y sus familias como víctimas de estos graves hechos, y adicionalmente se revisarán las acciones adelantadas por la administración municipal de Medellin y el ICBF, al haber conocido la denuncia de niños y niñas presuntamente abusados sexualmente por el auxiliar de nutrición del citado Jardín.
