La empresa involucrada en el descalabro del proyecto del Central Park no solo preocupa a la Gobernación de Antioquia que es la dueña de esta obra. Ahora que Ingecon entró en un proceso de reorganización bajo supervisión de la Superintendencia de Sociedades, también tiene en ascuas a varias decenas de empresas y cientos de personas a las que les debe altas sumas de dinero.
El jueves pasado, la Súper expidió la resolución en la cual aprueba el tránsito por ese camino consagrado en la Ley 1116 de 2006 y que implica tratar de llegar a un acuerdo con todos a quienes la compañía les adeuda una suma cercana a los 60.000 millones de pesos según documentos a los que accedió EL COLOMBIANO, con el objetivo de salvar la operación de esta compañía dedicada a la realización de obras civiles.
El 30 de junio del año pasado había sido citado un procedimiento similar pero abreviado, en el marco del decreto legislativo 560 que se expidió en el contexto de la emergencia económica por la pandemia del covid 19, y que les daba gabelas especiales a las empresas que manifestaran dificultades; sin embargo, el proceso se declaró fracasado en febrero pasado debido a que Ingeniería y Construcciones SAS (Ingecon) no pudo cumplir con compromisos de prestaciones sociales para sus trabajadores y pagos de retención en la fuente a la Dian.
A partir de ahí se vino una avalancha de presiones para el reconocimiento de las acreencias y se reactivaron las reclamaciones que habían quedado en stand by en varios juzgados. Como consecuencia se decretó el embargo de algunas cuentas bancarias de la empresa.
Ahora, si bien directivos de la empresa sostienen que han recibido la comprensión de la mayoría de los acreedores, varios de estos le expresaron a EL COLOMBIANO su zozobra e inquietudes frente a movimientos que les hacen pensar que Walter Zapata, el dueño de Ingecon, pudiera evadir la responsabilidad que le compete en la crisis.
Una suspicacia, según ellos, es que estaría soslayando el impedimento de contratar obras públicas, impuesto a partir de un proceso de incumplimiento, mediante la argucia de presentarse en cuerpo ajeno a los concursos públicos. Un vehículo sería la compañía Construviales de Colombia SAS, cuya cabeza es Andrés Zapata, el hermano menor de Walter Zapata, también ingeniero, que trabajó toda la vida con este en Ingecon. Dicha firma fue creada en 2020, cuando la crisis de Ingecon ya había estallado y haría parte de un consorcio que ejecuta obras en El Carmen de Atrato, un municipio chocoano que limita con Antioquia por el Suroeste.
Andrés Zapata también está detrás de un proyecto de glamping (lugar para acampar cinco estrellas) en el municipio de San Jerónimo (Occidente antioqueño), que se promociona entre personas de altos ingresos con un servicio premium que incluye el traslado en helicóptero directamente desde el aeropuerto Olaya Herrera, para evitar las incomodidades de un posible trancón, totalmente posible en un viaje por tierra.
Otro frente empresarial del hermano menor del dueño de Ingecon y que involucrados en el trámite de insolvencia actual ven con recelo porque, según dicen, podría convertirse en un mecanismo para trasladar los recursos en caso de que los embargos se hagan más fuertes y las reclamaciones crezcan, es su participación en el proyecto minero Sol del Este, también establecido en el Occidente —municipio de Sopetrán—.
Así mismo, EL COLOMBIANO halló en Estados Unidos una firma homónima de Ingecon conformada en octubre de 2021 y de propiedad de Walter Zapata, sin que haya sido reportada como parte de un posible grupo empresarial por el dueño de la empresa en Colombia.
Es importante recordar que a principios de abril de este año Ingecon y 16 funcionarios de la empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (Viva) así como de Indeportes Antioquia fueron involucrados en una investigación por el presunto detrimento patrimonial de 112.684 millones de pesos en el parque de deportes a Motor Central Park, ubicado en Bello, un complejo que se hizo a contra reloj en la parte final de la administración del gobernador Luis Pérez.
Los contratos que firmó para esa obra llevaron al mencionado contratista a aumentar su operación en 2019, pero también lo habría precipitado al abismo tan pronto la nueva administración del gobernador Aníbal Gaviria le bajó el ritmo a la ejecución debido a fuertes inquietudes que había sobre el manejo de los recursos y la pertinencia de algunos componentes del proyecto.
Ingecon saltó de nuevo a la palestra pública en febrero de este año, tras las revelaciones de Las2Orillas, con relación al pago de casi 1.000 millones de pesos a Moncada Holdings (una firma con capital de Emiratos Árabes), a la par que, según el portal noticioso, les debía plata a sus trabajadores, que tendrían que ser la prioridad. Otro filón de cuestionamientos del medio de comunicación se centró en que la cabeza de Moncada Holdings para 2019, era Carlos Mario Gallego, un gran amigo y aliado político del exgobernador Luis Pérez, que dicho sea de paso, en ese mismo año fungía como gobernador de Antioquia y, como tal, habría sido clave para que los contratos con Ingecon se firmaran en tiempo récord, una razón por la cual han circulado además versiones que siembran inquietud acerca de si los adelantos que recibió esa firma habrían sido para preservar la inversión de su allegado Gallego o de que Gallego hubiera tenido un papel más activo en el proceso de adjudicación de los contratos del parque de deportes a motor.
Moncada Holdings y Gallego son reconocidos igualmente por haber tramitado la donación de ventiladores mecánicos de Emiratos Árabes para paliar las necesidades que el país tenía de estos aparatos con ocasión de la pandemia y Pérez se dio ‘champú’ al entregarlos a los beneficiarios en 2020.
Zapata habló con este diario, aunque no admitió fotos (tampoco figuran imágenes de él o de su hermano en redes). Fue enfático en que no recibió ningún favor de la administración de Pérez. “Yo le voy a decir cuál es la relación mía con Luis Pérez. Tengo una denuncia en la Fiscalía, dizque por contrato sin lleno de requisitos legales, instaurada en su administración, por un contrato que hice con el doctor Sergio Fajardo. Todavía estoy peleando eso. Imagínese qué relación tendremos”. Igualmente negó que le hubieran dado adelantos por fuera de lo acostumbrado.
Seis meses claves
Teniendo en cuenta que la reorganización se admitió el 2 de junio, a partir de esa fecha corren diez días para actualizar la información financiera de Ingecon que actualmente registra la situación solo hasta febrero o marzo de este año. Posteriormente, son dos meses para atender reclamaciones de los acreedores y conciliar saldos de acreencias; desde ahí, la firma cuenta con 4 meses para presentar un plan de pago.
‘Vamos a cumplir’
El apoderado de Ingecon en ese proceso adelantó que este plan de pagos va a ser muy similar al que presentaron en 2021 bajo la misma norma 560 que les permitió rebajar hasta en un 80% su deuda con la Dian, y que fue aprobado por los acreedores en ese momento.
Fue vehemente en que la empresa es viable porque sus activos superan los pasivos ($66.930 millones contra $59.517 millones) y en que la intención de sus directivos es cumplir con las obligaciones que tiene.
“Si no quisiera cumplir no se metía con un proceso de insolvencia, sino que se tiraría de una vez a un proceso de liquidación” dijo el abogado.
A la vez, Walter Zapata explicó que la Ingecon de EE. UU. solo figura en papeles y no es una treta para sacar activos. Añadió que no tiene que ver en el resto de compañías mencionadas, aunque en ellas figura su hermano Andrés, con el cual, según él, la relación quedó resquebrajada cuando decidió irse de Ingecon en el momento más crítico, en octubre del año pasado.
Aceptó por otro lado que su familia —a través de la firma 3PHD SAS— está asociada actualmente con Moncada Holdings en Sol del Este, pero apuntó que Ingecon no tiene participación en ese proyecto, no obstante que su gerente sí le ha brindado asesoría.
“Ahora, con la situación de Ingecon, se ha pensado en explorar una línea de negocios de este campo minero”, dijo el abogado de la empresa.
Finalmente, la abogada que representa a Ingecon en los litigios contractuales aseguró que en este momento no pesa contra la empresa ninguna sanción que le impida firmar nuevos contratos y por lo tanto tampoco necesitaría de maniobras para contratar con entidades estatales, como temen algunos afectados por la insolvencia. Esto debido a que sobre la sanción que le impuso la Gobernación por el presunto incumplimiento en la vía Puente Iglesias - Támesis se interpuso un recurso legal y existe una legislación de este año según la cual deja en espera la medida hasta que un juez tome una decisión de fondo.
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