En un comunicado firmado por la junta directiva, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) cuestionó el fallo, en primera instancia, de la Contraloría General de la República en el caso de Hidroituango, que responsabiliza del detrimento fiscal de 4,3 billones de pesos a 26 personas y empresas vinculadas al proyecto.
Según la SAI, son discutibles algunos de los fundamentos asumidos por la Contraloría para buena parte de su fallo, al asegurar que cambió criterios técnicos por los suyos propios: “Se desconoce la validez de los criterios técnicos de quienes tomaron las decisiones atinentes al proyecto para sustituirlos por los suyos, sin sólidos argumentos para así proceder”.
Y advierte la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos que “en este momento no es posible medir las consecuencias financieras del fallo, pero ellas pueden ser devastadoras”. Se refiere no solo a problemas financieros, también de infraestructura nacional: “Por la enorme magnitud e importancia del proyecto Hidroituango, la confirmación de un fallo como este se constituye en un precedente extremadamente preocupante que tendría el efecto de erosionar la confianza de los inversionistas en el sector de infraestructura, además de poner en riesgo el proyecto mismo”.
La SAI dice que no se puede “ignorar que, en la dinámica espontánea de la naturaleza ocurren eventos y respuestas a los mismos que no necesariamente obedecen a mala fe o culpa grave”, refiriéndose a la contingencia de 2018.
Finalmente, la SAI también hace alusión a la trayectoria y el buen nombre de los involucrados: “Empresas Públicas de Medellín, sus contratistas en el proyecto Hidroituango, y quienes, como miembros de junta directiva o funcionarios públicos, participaron en este proyecto hasta la fecha de ocurrencia del siniestro, han gozado de elevado prestigio ético y profesional a lo largo de muchos años”.
