Todo un sinsentido jurídico. Así se podría describir este caso en el que los dueños de un predio en uno de los sectores más cotizados del oriente antioqueño no pueden ni construir, ni prácticamente negociar con su pedazo de tierra por cuenta de una figura jurídica que ya caducó y que no se tumba por un vacío legal.
Esa es la situación que viven cientos de familias de las veredas Chachafruto, Abreito, El Carmín y Abreo, del municipio de Rionegro, las cuales justamente tienen sus predios en el polígono de tierra donde a futuro se ubicaría la segunda pista del aeropuerto José María Córdova JMC.
Según le comentaron algunos voceros de las familias a EL COLOMBIANO, el 30 de abril de 2015 la Unidad Especial de la Aeronáutica Civil expidió una resolución mediante la cual declaraba de utilidad pública e interés social el polígono al costado occidental del JMC, para construir allí a futuro la segunda pista.
“Al principio se había determinado que el polígono era de 784 hectáreas, pero tras el estudio, que contó con nuestra intervención, se rebajó el área a 406 hectáreas. El 4 de julio de 2017, desde la Aerocivil, se emitió el oficio 3001.422 en el cual se le pidió a la Oficina de Registros Públicos de Rionegro expedir en los certificados de libertad de los 361 predios requeridos en una nota de afectación de utilidad pública por interés social, lo que nosotros le decimos la declaratoria”, explicó Héctor Gil Guarín, presidente de la veeduría VIDA-JMC.
Según Gil, aparte de que la declaratoria no permitía realizar construcciones de ningún tipo en los predios afectados, estancaba el precio comercial de los terrenos en el avalúo que la Aerocivil consideró. Para el presidente, la congelación del precio tiene como fin que futuros compradores desestimen invertir en la zona afectada, lo que hace que los predios pierdan valor.
“Es un desestímulo para evitar la compra y la sobrepoblación en la zona y así no toque indemnizar a más personas y alargar más el proceso. Pero en ese proceso, mejor dicho, no se puede hacer nada dentro de nuestras tierras”, añadió.
Para la Veeduría, el precio congelado es muy inferior a lo que esperaban, pues los cálculos resultaron variables en contra de los propietarios. “Mientras en El Carmín el promedio del metro cuadrado calculado por la Aerocivil era de $19.000, en la Zona Franca quedó en $850.000. Pero igual ese valor es con base en avalúos viejos. Porque, por ejemplo, en El Carmín en 2017 el metro cuadrado realmente valía hasta $80.000”, comentó la abogada María Orrego Velásquez.
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Pese a todas estas situaciones, la declaratoria sobre los terrenos tenía una vigencia de tres años prorrogables automáticamente por otros tres años. Es decir que dicha afectación debería extenderse a más tardar julio de 2023. Hasta esa fecha, la Aerocivil tenía plazo para comprar los predios y comenzar la construcción de la segunda pista, cosa que no pasó.
A raíz de esto, los habitantes del polígono solicitaron entonces que se levantara la medida que los tenía afectados. En julio de 2023 se hizo la primera solicitud de levantamiento de la declaratoria ante la Aerocivil, según recordó Gil.
Para el 7 de ese mismo mes, la Aerocivil emitió un concepto jurídico en el que, según el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, le correspondía al registrador de Instrumentos Públicos de Rionegro verificar si trascurrido el tiempo se adquirió el bien o no y en consecuencia cancelar la afectación.
“Se concluye, por lo tanto, que la decisión de la cancelación del registro de tal medida en el folio de matrícula está en cabeza del registrador”, se lee en la respuesta.
Sin embargo, tamaña fue la sorpresa de los residentes al ver que esto no pasaba y cuando le pidieron a la registradora de Rionegro que desafectara sus predios, esta les contestara que sin oficio, resolución o acto administrativo emitido desde la Aerocivil, ella no podía hacerlo, pues su obligación legal es solo dar publicidad a los actos sujetos a registro.
“Ella dijo que consultó con el superintendente nacional y él mismo le dijo que solo con el papel de la Aerocivil se podía proceder, porque la única forma de que se levante automáticamente la medida es cuando la afectación ajuste 10 años, es decir, en 2027 ¿Por qué tenemos que padecer la afectación si legalmente ya no existe?”, añadió Camilo Zuluaga, otro habitante de la zona.
Para el 13 de julio, el presidente Gil volvió a mandar otro derecho de petición, pidiéndole a la Aerocivil que emitiera un oficio dándole fin a la resolución y así pudiera proceder la registradora, pero esta entidad siguió “ranchada” indicando que solo ella tenía esa facultad.
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El asunto terminó en una tutela interpuesta en octubre de 2023 en un juzgado de Rionegro para que la Aerocivil emitiera el documento que pudiera tumbar la medida. En el proceso legal, la Aerocivil añadió que los polígonos sometidos a la declaratoria “en ningún momento han sido objeto de gravámenes o medidas cautelares, pues las resoluciones de declaratoria de utilidad pública e interés social tienen efectos meramente publicitarios”.
“Al día de hoy no existe afectación a utilidad pública que recaiga sobre los bienes inmuebles”, añadió la entidad, ignorando que en los registros de los predios aún hoy aparece la declaratoria, lo que desestima a cualquier interesado en comprarlos.
De otro lado, la Aerocivil se sostuvo en que debe cancelarse la medida por parte del registrador, hecho que, según la entidad, cualquier interesado puede gestionar en la notaría. Por su parte, la Oficina de Registros públicos se mantuvo en que sin un oficio de la Aerocivil, “ni pío”.
Al final, el juez le dio la razón a la comunidad y ordenó a la Aerocivil emitir el oficio, pero esta entidad apeló ante El Tribunal Superior de Antioquia, donde logró su objetivo por un tecnicismo. Según este juzgado, la veeduría debió presentar una acción de cumplimiento y no una tutela. En síntesis, las cosas volvieron al punto inicial.
Es más, hasta esta semana en los predios del polígono todavía aparece la anotación de que los cobija la medida interpuesta por la Aerocivil.
No obstante, esto no ha hecho que altos funcionarios se refieran al levantamiento de la medida como algo que ya pasó. Por ejemplo, según la veeduría, La Cámara de Comercio de Rionegro y el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, han dado por sentada la desafectación.
EL COLOMBIANO contactó desde el pasado viernes a la Aerocivil para conocer su postura sobre el tema. Por ello, a la entidad se le envió un cuestionario. Desde esta indicaron que lo contestarían “en los términos de ley”.
De momento, la comunidad afectada, que es mayoritariamente campesina, se mantiene en su solicitud de que se cancelen las afectaciones en sus predios, y que el desarrollo del proyecto se haga teniendo en cuenta las peticiones y necesidades de la comunidad.
“Que quede claro: no nos oponemos al proyecto. Pero sí pedimos que haya una concertación que involucre la comunidad. La Aerocivil tiene un año para hacer el Plan Maestro que definirá la segunda pista y por acá poco se ven. No queremos que ese documento se haga dejándonos por fuera, o con datos viejos, o hechos desde un dron. Este es un proyecto que va a beneficiar a todo el mundo, pero no debe hacerse a costa de esta comunidad. No queremos terminar desplazados como les pasó a muchos con la primera pista en 1975”, añadió Zuluaga.
