La decisión se logró tras un fructífero diálogo con manifestantes y la instalación de una mesa de acuerdos.
Como resultado del diálogo entre las comunidades y EPM, con el acompañamiento del Ministerio de Minas y Energía –y de representantes de la administración municipal y de la Personería de Toledo como garantes del proceso– el grupo de manifestantes que bloqueaba las vías de acceso fluvial y terrestre de la Central Hidroeléctrica Ituango, levantó el bloqueo.
La noticia fue recibida con alborozo por la empresa de servicios públicos, toda vez que el bloqueo ponía en riesgo la operación de la Central y con esto, el suministro de energía eléctrica que en este duro momento que atraviesa el país en materia energética, representa el 6% de la demanda nacional.
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EPM y los manifestantes ratificaron su compromiso de avanzar en una mesa de diálogo conformada por representantes de las partes interesadas para escuchar las inquietudes de la comunidad, aclarar dudas y llegar a acuerdos en un plazo no superior a dos meses. La Empresa indicó que seguirá trabajando con el propósito de aportar al bienestar de las comunidades y contribuir a la seguridad energética del país.
Desde la tarde de este miércoles se registraban estos bloqueos por parte de integrantes de la comunidad de Toledo, impidiendo el ingreso a los trabajadores y de quienes transportan los suministros.
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“No deja de ser una situación compleja del proyecto y más allá de eso, en el manejo del vertedero y las zonas operativas que con una falta de asistencia puede generar dificultades”, explicó el gerente de EPM, John Maya Salazar.
Entre las principales afectaciones del proyecto se contaba que no podían entrar los trabajadores que están a cargo de las unidades 5 a 8, lo que podría generar retrasos, teniendo en cuenta que se tiene previsto ponerlas en funcionamiento en los próximos tres años.
De acuerdo con lo expresado por el gerente de EPM, el origen de la protesta tuvo que ver con varias peticiones relacionadas con el aprovechamiento del río Cauca y el embalse del proyecto por parte de estas poblaciones.
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“Ellos tienen un pliego de unas seis solicitudes que son: contrato de rescate de pesca con agropescadores, proyectos productivos, seguridad territorial y acceso al sitio de pesca, inclusión social en la contratación del proyecto, temas relacionados con la humedad relativa que afecta a los cultivos y conectividad en las vías”, explicó Maya Salazar.
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Además, en cuanto a la contratación, Maya afirmó que siempre se ha priorizado a las personas de las comunidades aledañas al proyecto, aunque reconoció que la planta ha disminuido notoriamente en los últimos cuatro años, pasando de 7.000 personas a tan solo 1.000, por lo que se revisará este punto, como parte de los acuerdos llegados que levantaron el bloqueo.
