Andrés el “Gury” Rodríguez lanzó su campaña para la alcaldía de Medellín el lunes pasado, es decir que entrará en la puja para reemplazar a Daniel Quintero, luego de que intentó revocarlo en un largo proceso.
Aunque la revocatoria no dio el resultado que esperaba, Rodríguez considera que los recorridos por los barrios le sirvieron para conocer las necesidades de la gente y para que la gente lo conociera. “Yo ya entendí que hay que participar en política y tener aspiración de poder para poder combatir a los bandidos que están gobernando”, dice Rodríguez.
La noticia de su nueva campaña no cayó del todo bien, incluso un sector antiquinterista dice estar viendo encarnados en “el Gury” parte de los “pecados” del alcalde Quintero, como el excesivo protagonismo y el uso de una narrativa en la que resalta su origen de barrio y ser hijo de madre soltera, emprendedor y perseguido por defender convicciones políticas.
En un texto que el mismo distribuyó habla sobre sus fracasos empresariales y las afugias económicas de la compañía que hoy tiene, que según él, se originaron o agravaron por la pandemia, por las protestas del 2019 y las amenazas de la llamada “primera línea” y por su dedicación a la cruzada contra Quintero.
“Existen personas que, aunque aparentemente están de este lado, se creen con el derecho moral de cuestionarnos, pero no tienen en cuenta que no han sacrificado ni la mitad de lo que nosotros hemos sacrificado”, escribió.
Las diferencias con Rodríguez han llegado a tal punto que han comenzado a aparecer documentos que ponen en entredicho su nombre desde mucho antes de que se iniciara la cruzada por la revocatoria e incluso desde antes de que Quintero llegara a la Alcaldía. Es el caso de una deuda por 285 millones —más intereses por mora— que Cesco SAS, la firma de maquinaria para minería y construcción de la que Rodríguez es representante legal, tiene con la Dian por impuestos de los años 2017, 2019 y 2020.
Estas deudas complicarían a Rodríguez porque, según explica un experto tributarista, la compañía actuó como retenedora de impuestos con sus clientes y se los debía traspasar automáticamente al Estado en el siguiente periodo, de manera que, si se llega a demostrar que no lo hizo, Rodríguez podría incurrir en “omisión del agente retenedor” u “omisión del agente recaudador”, delitos que tienen penas de entre 4 y 9 años de cárcel más una multa por el doble del monto adeudado.
El “Gury”, no obstante, aseguró que en este caso no hay ningún cobro coactivo ni proceso legal y que buscará sanear esta y otras deudas de la compañía en un proceso de sometimiento a ley de insolvencia que comenzará en próximos días.
La que sí está en cobro coactivo y ya desencadenó el embargo de un establecimiento de la firma de Rodríguez en el barrio Zúñiga de Envigado, es la acreencia por $226 millones por los pagos no efectuados del impuesto de industria y comercio al Municipio de Medellín.
“El año antepasado fui a hacer los primeros pagos y resulta que tenía que llevar el primer pago en efectivo, y dije ¿por qué?; tomé la decisión de dejar eso para que los abogados me recomienden qué hacer”, le explicó a EL COLOMBIANO.
En la exposición pública que aparece en Twitter y otros medios digitales, el “Gury” asegura además que Cesco tenía un contrato por $2.500 millones con los constructores del túnel del Toyo y se lo cancelaron en diciembre de 2020. Afirma que no hubo ninguna explicación pero que habría coincidido con su “brillante idea de revocar a Daniel Quintero”, teniendo en cuenta que la Alcaldía de Medellín es dueña del 40% del proyecto vial. Ya tenía —y tiene— una cartera millonaria por cobrar y con esta movida se habría precipitado una crisis aún latente.
El Rues (Registro Único empresarial y social) muestra que Rodríguez ha tenido por lo menos dos empresas más, la primera fue un restaurante —Comensal Ltda—, y otra de maquinarias y materiales de construcción llamada RBG Soluciones y Suministros. Ambas están en liquidación, de acuerdo con el registro de Confecámaras, y en las dos también el “Gury” aparece como representante legal suplente.
Rodríguez alega que la persecución en su contra se nota también en que le “aparecen multas de tránsito de la nada”. En el Simit, la plataforma pública en la que el Tránsito consigna las infracciones, al “Gury” le figuran 9 multas que no ha cancelado por más de 4 millones de pesos. Todas son del año pasado; 8 fueron porque su campero Audi no tenía revisión técnico mecánica y una, del 26 de junio de 2022, por “transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas”.
Rodríguez indicó que no cree que haya cometido las infracciones. Luego aceptó que se le olvidó tramitar la revisión técnico mecánica y añadió: “Sí me han mandado mensajes cada rato cobrándome, pero eso es lo de menos; se puede apelar o pagar”.
Para completar, compañeros suyos en la campaña de la revocatoria le reprochan haber usado la corporación que crearon para ese fin —Medellín Cuenta Conmigo— con el objetivo de promover su imagen personal y la aspiración que lanzó en público hace una semana. Aseguran que también ha usado las campañas sociales realizadas con recursos de la entidad, las bases de datos y las redes sociales institucionales. “Nos sentimos utilizados”, dijo la fuente.
Un buen ejemplo sería la entrega de regalos de Navidad en el barrio Buenos Aires programada por Medellín Cuenta Conmigo y compartida el 22 de diciembre en la cuenta de Facebook de la organización. Allí, el vicepresidente y posiblemente fórmula de Rodríguez al Concejo de Medellín, David Toledo, remata su alocución diciendo: “Señores, Medellín sí nos pertenece, y esta es la prueba de eso”. La expresión coincide con el emblema de la candidatura del “Gury”: Medellín SÍ nos pertenece”.
